Por: María Alejandra Tejedor Cáceres

Estudiante de tercer semestre de Derecho, Universidad del Norte

Gabriela Pinillos, experta  colombiana en migración y residente en México desde hace varios años, presentó al ICCAL-Lab y a estudiantes de la maestría en derecho su ponencia “Paradojas de la documentación: lecciones de la migración EEUU-mexicana para el proceso de regularización de migrantes venezolanos en Colombia”, el pasado 27 de febrero. Su charla se enfocó ante todo en comprender la estructura de la migración y sus impactos sobre la vida de las personas, porque a fin de cuentas son vidas que se yuxtaponen sobre la base de sistemas migratorios. Durante su investigación doctoral, Pinillos quería comprender por qué en Tijuana, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, se hallaban aglomeradas tantas personas en situación de calle, viviendo incluso dentro de alcantarillas. Al continuar su labor investigativa se encontró con el hecho de que muchos de estos individuos habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos y habían sido deportados.

Estados unidos es un país receptor de migrantes que buscan nuevas oportunidades y mejores opciones para optimizar su calidad de vida, atravesando las fronteras no siempre bajo condiciones de legalidad, lo que ocasiona que de acuerdo a la coyuntura política que atraviese el país se determine directamente la vida de dichas poblaciones. En tiempos restrictivos, pueden ser sometidos a procesos de deportación bajo la noción de removals (personas que lograron establecerse en Estados Unidos pero fueron detenidas y deportadas),  o deportable/returned (aquellos que no logran pasar la frontera y se les devuelve en el acto).

Ante la situación de retorno, los nacionales mexicanos se ven no solo ante la necesidad de asimilar la expulsión de un territorio con el impacto económico, social y psicológico que ello significa, sino también a la frustración de probar su propia identidad: “volver a ser mexicanos”, puesto que durante la estancia en el extranjero no siempre se conservó la documentación que asegurase su nacionalidad mexicana, ni México como Estado conserva en su totalidad dicho registro nacional, dado que no se han completado las reformas tecnológicas que buscan agrupar la información en bases de datos. Parte de la documentación –registros civiles y documentos de identidad mexicanos- reposan en registradurías - o el ente que haga sus veces-  en pueblos de las periferias del país donde no se conservan copias. De hecho, otra problemática en probar la ciudadanía de estos nacionales es el no conocimiento de su lugar de nacimiento, así que se hace imposible recuperar la identidad en una significativa cantidad de casos. Esto no solo transgrede su capacidad de ser reconocidos como nacionales por el Estado, sino que  también reduce la posibilidad de encontrar un trabajo que permita su sustento.

En este orden de ideas, la deportación se configura como una forma de desplazamiento forzado que define quién está incluido y a quién se excluye. En Estados Unidos, la legislación migratoria tuvo efectos retroactivos y permitió imponer, desde la legitimidad que otorgan las leyes, la construcción del imaginario de la migración como asociada al auge de criminalidad, habilitando de este modo la expulsión de personas desde el interior del Estado, en nombre de una migración legal, regulada y segura.

Se destaca que todas las migraciones son distintas, en diferentes contextos y en diferentes motivaciones donde no solo se vincula la soberanía de un país sino el destino de personas, seres humanos que ven la migración como la mejor opción de derribar las barreras de estancamiento social y aseguren la posibilidad de un mejor futuro. De aquí que bajo el proceso de deportación, más que una mera actuación administrativa, se repercute directamente sobre los derechos humanos de los afectados, quienes en algunos casos terminan en condiciones de necesidad, insalubridad y  relativa ausencia de protección estatal. Aunque existan organizaciones de apoyo, no son suficientes para las necesidades a las que se enfrentan.

Finalmente, la deportación de migrantes mexicanos establecidos en Tijuana supone una cadena de eventos traumáticos por los que tiene que pasar el migrante deportado y que se ve involucrado en condiciones deplorables a su regreso. En México, no existe una política clara encargada de reintegrar a la sociedad civil a dichas personas. Si bien se mantienen en albergues, estas medidas no hacen eco en la solución de raíz para mejorar su situación. Por ello, se hace notoria la importancia de introducir en la agenda nacional mexicana la recuperación de la ciudadanía efectiva de los retornados. Lo anterior nos ofrece luces para analizar la realidad colombiana con la situación de retorno de nacionales que fueron residentes en el vecino país, Venezuela, durante un amplio lapso de tiempo, entendiendo desde el Derecho las vías legales que pueden activarse y las obligaciones del Estado frente a sus nacionales. En últimas, todo esto ilustra en qué medida los recursos jurídicos afectan los destinos de las personas.

Sin más que agregar, se agradece muchísimo a Gabriela Pinillos por compartir su visión con nosotros.