Libertades y democracia, con una visión más real desde el aula

En el marco de la conmemoración de sus 40 años, el Departamento de Derecho organizó el conversatorio ‘Libertades, democracia y derecho penal desde la justicia transicional, la policía y la inteligencia artificial’ en el Auditorio Marvel Moreno.

El evento contó con figuras internacionales, tales como la profesora Yanilda González del Harvard Kennedy School, con la ponencia ‘¿Qué tipo de policía requiere una sociedad democrática?’; Alexandra Huneeus, de la Universidad de Wisconsin, con su conferencia ´Justicia transicional/JEP, y finalmente, el profesor Fernando Molina de la Universidad Autónoma de Madrid, con el tema ‘Desafíos constitucionales y penales del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA)’.

Por parte de Uninorte, participaron los docentes e investigadores del Departamento de Derecho: Jaime Sandoval Fernández, con su ponencia ‘Derecho a la protesta, derecho penal e intervención policial, los límites desde la democracia’ y Ceneida López, a cargo de la conferencia ‘Justicia y Paz: Dos palabras, dos procesos’.

El decano de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Alberto Madero Rincón, opinó que “el foro nos permitió discutir una variedad de temas que impactan la vida de todos los colombianos, y que la actual polarización electoral no ha permitido que sean abordados con la rigurosidad que demanda su importancia”.

Los panelistas discutieron sobre el rol de la policía en nuestra sociedad, el alcance y limitaciones al derecho a la protesta, la contribución de Colombia al desarrollo de la justicia transicional a nivel mundial, y la regulación del uso de las nuevas tecnologías en el derecho penal. “Estoy convencido que este espacio le permitió a los asistentes formarse una opinión informada sobre estos asuntos, de la mano de nuestros docentes y expertos internacionales”, señaló el decano Madero.

La profesora Yanilda González, en representación de Harvard Kennedy School, abrió el evento con la ponencia ‘¿Qué tipo de policía requiere una sociedad democrática?’. Durante su intervención, González manifestó que la pregunta que otorga el nombre de su ponencia no ha sido el centro de las discusiones académicas, en general, sino que proviene más del sentir de colectivos, activistas y demás actores ciudadanos, en diversos países, “que han interpelado al Estado y a las instituciones, ante la incompatibilidad de la acción policial con los principios de la democracia”.

González argumentó que, en cuanto a la reforma a la Policía Nacional, debe ser un ejercicio que contenga los esfuerzos, tanto de las autoridades civiles como de la ciudadanía, y no únicamente de la institución policial misma, con el fin de garantizar la pluralidad y el equilibrio en lo que proceda a regular la reforma. “No dudo que de este proceso puedan salir medidas importantes, que incluso puedan aportar a la democratización de la Policía, pero lo que nos ha enseñado la historia es que cuando se preserva la autonomía policial de manera absoluta se hace difícil prevenir hechos de violencia de Estado”, concluyó.

Por su parte, Alexandra Huneeus, de la Universidad de Wisconsin, quien desarrolló su ponencia denominada ‘Justicia transicional/JEP’, se refirió a un término clave: el territorio como víctima. La docente expresó que “en derecho muchas veces pensamos que solo los individuos, las personas naturales, tienen derechos, pero también los tienen los grupos, las comunidades, así como los territorios son sujetos de derechos, ante la JEP, en Colombia”.

La docente, quien se ha especializado en Derechos Humanos en Latinoamérica, añadió que “Dentro de los siete casos de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que es una de aquellas en las que más se habla y que elige los casos más grandes y emblemáticos del conflicto, tres de ellos son basados en territorios, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió en una zona geográfica“, comentó.

Fernando Molina, docente de la Universidad Autónoma de Madrid, intervino con el tema ‘Desafíos constitucionales y penales del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA)’, y manifestó 6 desafíos de la inteligencia artificial en el escenario jurídico.

El primero es el Político-Criminal, que abre posibilidades a la comisión masiva de algunos delitos que afecten los derechos fundamentales; el segundo es el de la Imputación, que -tal como lo señalaba el docente- diluye el vínculo que permite la imputación del programador humano. El tercero es el de la Traducción, que obliga, precisamente, a traducir el lenguaje a código de máquina.

El cuarto corresponde al Problema de Justificación, pues obliga a resolver dilemas éticos que tradicionalmente se han mantenido en la definición. El quinto problema se enfoca en la atribución de personalidad jurídica, puesto que podría generar nuevos sujetos susceptibles de derechos, y el sexto problema trae a colación la hipótesis más extrema: el exterminio humano.

Voces uninorteñas.  

Jaime Sandoval, docente e investigador del Departamento de Derecho, presentó su ponencia titulada ‘Derecho a la protesta, derecho penal e intervención policial, los límites desde la democracia'. En ella, Sandoval Fernández indicó que “tenemos que creer que el derecho a la protesta es, efectivamente, un derecho y no podemos ponerlo por sospecha que lo sea, pero en nuestras sociedades restrictivas solemos tener complejo de culpa y nos hacen sentir que es algo que está mal hecho, cuando es exactamente al revés”.

El doctor y magíster en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona manifestó, además, que “se dice que es el derecho de los derechos porque permite el ejercicio de reclamar los demás derechos”. Añadió que “lo que no se puede permitir es que, apenas se anuncia una manifestación, empiece a moverse todo un aparato represivo, cuando justamente la fuerza pública debe acompañar a la gente”.

El docente, adicionalmente, argumentó que “un estado y un gobierno -que están para proteger los derechos de la gente- tiene órganos que agreden los derechos, y la trascendencia de esto está en que si se agrede el sistema jurídico y los derechos son puestos en riesgo se puede invocar el estado de necesidad”. Finalmente, la docente

Zeneida López, quien es especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, argumentó durante su ponencia que “lo que se hizo fue un análisis comparativo entre el proceso de Justicia y Paz, con la Ley 975 de 2005, y lo que representa la Jurisdicción Especial para la Paz como producto de los Acuerdos de Paz”, añadió que “en cierta forma, el primer proceso de justicia transicional en Colombia (Ley 975) lo que hizo fue un escenario de preparación para lo que hay en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Agregó que “la conclusión central es que, como sociedad, como Estado, tenemos que rodear más el sistema de justicia, y más el de justicia transicional, porque está esa desconfianza, digamos que se ha transmitido a la sociedad y no ayuda a que consolide sus fines y sea un punto de apoyo para la paz como debe ser”.

Por: Lucía Avendaño Gelves.