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Centralización político-económica y Fragilidad territorial

 

Si la administración Santos no se espabila, va a perder la reelección en razón de los movimientos sociales en los territorios, demostrando la impotencia de un gobierno bogotanizado, el cual balbucea ante las demandas populares. 

Ello pasa por que no se le ha quebrado el espinazo a la centralización política creciente del país después del fracaso de la nueva LOOT —a pesar de todas las advertencias—, y la mermelada de las regalías que no se reparte y ejecuta como se debiera. Ver a un grupo de ministros y viceministros venir con las manos vacías del Catatumbo, frente a problemas de vieja data sin resolverse, sólo indica la incapacidad del estado nación de solventar las problemáticas de los territorios. 

La institución del centralismo (forma de pensar, leyes y normas) no es operativa para resolver estos temas. Ayer fue el Cauca, después las zonas cafeteras, hoy el Catatumbo, y en los meses venideros, sería una movilización del sector rural ante los impactos de los  TLC firmados a diestra y siniestra sin mucho cuidado.

Ello es una lástima, pues el gobierno ha adelantado tareas progresistas como la ley de víctimas, la restitución de tierras y las conversaciones de paz. Pero su naturaleza ecléctica lo está llevando a callejones sin salida.

En los territorios, la debilidad institucional es más patética. La fragilidad aumenta en todas partes, la extorsión campea en ellos, y con especial fuerza en la Región Caribe. Nadie puede entender cómo la extorsión se dirige desde las cárceles a través de celulares. Uno se pregunta qué hace el Inpec.

Contrabando, drogas y extorsión son los negocios más rentables. Los gobernantes llaman al gobierno nacional que los rescate, pero todo indica que no será fácil. Hay limitaciones de recursos, dirigentes y lo que es más palpable, de diseños institucionales.

En el Atlántico, ello se refleja en el deterioro creciente de la seguridad en los municipios, ante gobiernos locales muy débiles, con poca fuerza pública y nula inteligencia. ¿Qué hace la secretaría del Interior ante esta situación tan dramática?

En lo nacional, la concentración económica va en  aumento. A partir de la transnacionalización de la economía ya quedan pocos conglomerados económicos en el país, no pasando de cuatro o cinco, cuando  hace más de dos décadas se contabilizaban casi diez grupos, según los estudios de Silva Colmenares.

Recientemente, la Contralora Sandra Morelli denunció que 60 contratistas ejecutan el 42% del presupuesto. Ya se supo de las tramoyas jurídicas para capturar tierras de unidades agrícolas familiares, deslindando la ética de la práctica del derecho.

En el ámbito local, la historia se repite, pues también la contratación de las obras de valorización ya empieza a caer en manos de los mismos contratistas de siempre, conectados simbióticamente a ciertos sectores políticos tradicionales de la ciudad. En el fondo, como Lampedusa, todo cambia para que nada cambie. En síntesis, más concentración del poder político y económico y mayor fragilidad territorial.

Por Jairo Parada.
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