Definitivamente nuestra ciudad es un verdadero caso de contradicciones que se reflejan en la realidad diaria, sobre las cuales no hay fáciles explicaciones. Mientras los barranquilleros se alistan, como siempre, a disfrutar sus Carnavales, dichas condiciones subyacen en forma dolorosa debajo de la alegría de las fiestas. 

Los ciudadanos nos sorprendemos con las masacres que ocurren en nuestros barrios, debido a múltiples factores relacionados con la criminalidad local, frente a una Policía que no da abasto y un sistema judicial desbordado por lo hechos, como lo ha señalado el análisis de ProTransparencia.

Por otro lado, no se entiende el manejo de prioridades en el gasto que hace una administración que afirma estar boyante de recursos, pero que en el 2016-2017 gastó $68.000 millones en publicidad, según análisis de 42 contratos que hizo la Flip, casi todos adjudicados en forma directa a agencias o intermediarios, que no revelan sus verdaderos dueños. Dado que nuestro alcalde es el más popular de Colombia, como lo señalan las encuestas que mensualmente se repiten, nadie entiende para qué necesita tanta publicidad, ante lo maravilloso de sus obras. Esa cifra se calcula, es 22 veces más que la Gobernación del Atlántico y casi alcanza a los gastos de Peñaloza en Bogotá, con el triple de habitantes.

A uno le preocupa que se gaste tanto en publicidad, mientras EL HERALDO nos informa (Feb. 4/19) que de 200 sedes escolares aún falta intervenir 80, todas en barrios muy populares de la ciudad. En Barranquilla se hacen muchas cosas necesarias, a toda marcha, pero parece que falta un sentido de prioridad y eficiencia. No todo puede ser obras para impresionar a los visitantes. 

En relación con la situación financiera del Distrito, algunos han lanzado la tesis de que las vigencias futuras no son problema, pues en el 2007 ya alcanzaban 3,26 billones. En realidad no parece ser cierta esa cifra, pues las únicas vigencias futuras aprobadas por el Concejo por Acuerdo 019/99 alcanzaron solo $11.885 millones para el régimen subsidiado, las cuales vencieron en el 2002, y las aprobadas por Acuerdo 006/2005 por $267.241 millones con destino al Transmetro, las cuales vencieron en el 2018. Hoy se estima, dado que no hay un dato oficial de la Secretaría de Hacienda, a pesar de que algunos concejales lo han solicitado, que dichas vigencias futuras se implementaron desde el 2008, desbordándose desde el 2016 hasta el 2034, las cuales ya van por la suma de $3,5 billones, deuda adicional que se debe computar en las cuentas a futuro de la misma deuda pública. En Barranquilla se ejecutan muchos proyectos, pero no hay veeduría ciudadana sobre el valor de dichos contratos. En otras palabras, no hemos podido saber el margen de ganancias de dichas obras tan pródigas. Tampoco tenemos rendición de cuentas de las sociedades de economía mixta, que manejan recursos públicos, como es el caso del Alumbrado Público y la Salud Distrital. También EH nos reseñaba la dura situación de muchos ciudadanos que todos los días deben caminar desde la Cra. 46 hasta la 38 por falta de transporte público. En otras palabras, nuestro débil Transmetro no es una solución a los ciudadanos. Hay dudas de cómo se va a integrar el transporte privado al transporte masivo, tan pobre, que tiene la ciudad. Diacronías locales, sin duda.