Desde el consenso de Washington a inicio de los 90, los economistas neoliberales se han propuesto siempre la disminución del tamaño del Estado con el argumento que ello favorece el crecimiento económico y el desarrollo. Lo más curioso es que todo lo sucedido en la segunda mitad de la década de los 90 y los acontecimientos de la pasada década indicaron todo lo contrario: es necesario tener un Estado fuerte con capacidad reguladora y con peso efectivo en la producción de bienes y servicios estratégicos. Así lo ha entendido Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, México, China, India, etc. No basta tener una burocracia fuerte, técnica e ilustrada con capacidad de recaudar impuestos y hacer gasto social a favor de los pobres, sino que es necesario reservar para el estado áreas estratégicas en la esfera de los combustibles y la energía eléctrica por ejemplo. Las “alturas dominantes” de la economía según un pensador ruso. Un estado que se queda sin activos, debilita su capacidad reguladora y queda atrapado entre los intereses pecuniarios de los inversionistas extranjeros y los grupos económicos locales. Como bien lo dice Stiglitz, las corporaciones se dedican a buscar beneficios y no son hermanas de la caridad.

En Colombia la agenda de privatizaciones se aceleró desde el presidente Gaviria y siguió rauda en las dos décadas siguientes. Hidroeléctricas, térmicas, control de autopistas y aeropuertos, puertos, servicios públicos,  áreas de la salud y la educación, bancos, recaudos fiscales, mallas viales, recaudos de tránsito, etc., fueron cayendo en manos privadas, muchas veces compradas con la cédula de los nuevos inversionistas. Nadie ha hecho un balance de cómo se enriquecieron tan pocos a costa de muchos. En la experiencia mundial, la enseñanza de los que fueron los países socialistas, indicó que las privatizaciones pueden ser muy peligrosas y terminan concentrando más la riqueza. La verdad es que hay que privatizar con cuidado, sólo en aquellas áreas en donde no hay más alternativa, donde hay seguridad que la iniciativa privada lo hace mejor, y en donde ya agotamos las fórmulas de lo público. No puede haber posiciones de principio contra las privatizaciones, pero en áreas claves de la economía hay que tener cuidado.

Por ello preocupa la venta de Isagen, revelando la bipolaridad social-neoliberal de Santos. Nadie entiende que cuando el Ministro de Hacienda, saca pecho por los logros obtenidos en materia de finanzas públicas en la reciente rendición de cuentas del gabinete, tenga que salir diciendo que se debe vender Isagen para conseguir los recursos para las vías. Es como vender la vaca lechera para comprar cercas y mejorar la casa, pero, y ¿después? Distinguidos miembros de la Junta directiva de Isagen han dicho que no se justifica la venta de una entidad que le proporciona $300.000 millones por año a sus accionistas (80 % son del Estado).

En otras palabras, en quince años, se recogerían los 4,5 billones que el gobierno busca con esta venta para terminar las vías.

Muy fácilmente, con las divisas que tiene el país y los excedentes fiscales que el Ministro alega tener (dizque un excedente de $2 billones en el 2012), se podrían buscar recursos de deuda externa o interna para financiar las obras de infraestructura.

Al final, nos quedaríamos con ambas cosas. A la nación ya le queda apenas ISA, Isagen y Ecopetrol,  así sea parcialmente, y unas que otras hidroeléctricas.  Los paisas ni por ahí piensan privatizar sus EPM, modelo de empresa moderna.  Esto pasa por tener equipos económicos neoliberales. Solo cumplen la agenda en la cual creen. No ven más allá de su ideología.