Por Jairo Parada
Cuando los colombianos apenas estamos asimilando con escepticismo y esperanza las conversaciones de paz en La Habana, además del terremoto bursátil de InterBolsa, generado por una débil regulación y el afán de lucro especulativo de los dueños de esta firma, ahora hemos quedado sacudidos con el fallo de la Corte Internacional de La Haya con respecto a la delimitación de las áreas marinas en San Andrés y Providencia. Rápidamente el fallo ha sido aprovechado por todas las fuerzas políticas buscando explotar electoralmente el chovinismo en las próximas jornadas electorales. El fallo puso entre las cuerdas al gobierno de Santos, pues cualquier posición blandengue frente a este fallo, sería aprovechado con creces por fuerzas opositoras a la re-elección de Santos.

Lo que sorprende del fallo, el cual según muchos expertos en el área se veía venir, es que cogió de sorpresa al Gobierno. Era un escenario que no podían imaginar, teniendo en cuenta los fallos previos de la Corte. Pero el Derecho es dinámico, y mas el internacional, por lo cual las posiciones de las Cortes varían en el tiempo, a luz de la evolución de las circunstancias y las exigencias de la praxis. John R. Commons, ese gran institucionalista norteamericano, señalaba que las cortes la mayoría de las veces definen la estructura de valores de una sociedad. En este caso, se trata de una definición de carácter internacional.

La teoría de las Relaciones Internacionales, un campo de estudio de la Ciencia Política, desde hace décadas ha definido dos enfoques básicos en este terreno: 1) El enfoque “realista” basado en la fuerza y capacidad de cada estado-nación de definir sus intereses y fronteras; 2) El enfoque “liberal-institucionalista” el cual considera que dichas relaciones se basan en un entramado complejo de organizaciones e instituciones internacionales, cuya resultante es compleja y no sólo basada en la fuerza.

Ante los llamados a abandonar el Pacto de Bogotá y la Corte Internacional de la Haya, rechazando el fallo, nos toca reflexionar cual camino estamos tomando en materia de relaciones internacionales. Sin duda, Nicaragua emprenderá pronto acciones navales de provocación para hacer cumplir el fallo, dada su tradición, bajo Ortega, de desafiar a todos sus vecinos, apoyado en su alianza con Venezuela. Lo irónico es que este apego a la juridicidad internacional de Nicaragua provenga de un régimen que atropelló su propia constitución para reelegir a Ortega.

Colombia no ha tenido una verdadera política de fronteras, y todos sabemos que embajadas y consulados son refugios del clientelismo politiquero, sin carrera diplomática. En las negociaciones no hubo siquiera un delegado de San Andrés, y ahora de sorpresa, la élite andina descubre que San Andrés está atrasada, como lo están todas las periferias, incluida la Caribe, algo que ya sabíamos por todos los estudios que se han hecho sobre la isla. Sólo que en Bogotá, como siempre nadie escuchaba. El PIB de San Andrés es apenas el 0.1% del PIB del país. La pesca en San Andrés es el 1% del PIB de San Andrés. Se estima en 700 las familias afectadas por el fallo. A Colombia le tocará patalear jurídicamente por el fallo hasta donde pueda. Pero le tocará sin duda, empezar a elevar su gasto militar en el área naval, pues los retos vendrán sin duda.

Por Jairo Parada
Cuando los colombianos apenas estamos asimilando con escepticismo y esperanza las conversaciones de paz en La Habana, además del terremoto bursátil de InterBolsa, generado por una débil regulación y el afán de lucro especulativo de los dueños de esta firma, ahora hemos quedado sacudidos con el fallo de la Corte Internacional de La Haya con respecto a la delimitación de las áreas marinas en San Andrés y Providencia. Rápidamente el fallo ha sido aprovechado por todas las fuerzas políticas buscando explotar electoralmente el chovinismo en las próximas jornadas electorales. El fallo puso entre las cuerdas al gobierno de Santos, pues cualquier posición blandengue frente a este fallo, sería aprovechado con creces por fuerzas opositoras a la re-elección de Santos.

Lo que sorprende del fallo, el cual según muchos expertos en el área se veía venir, es que cogió de sorpresa al Gobierno. Era un escenario que no podían imaginar, teniendo en cuenta los fallos previos de la Corte. Pero el Derecho es dinámico, y mas el internacional, por lo cual las posiciones de las Cortes varían en el tiempo, a luz de la evolución de las circunstancias y las exigencias de la praxis. John R. Commons, ese gran institucionalista norteamericano, señalaba que las cortes la mayoría de las veces definen la estructura de valores de una sociedad. En este caso, se trata de una definición de carácter internacional.

La teoría de las Relaciones Internacionales, un campo de estudio de la Ciencia Política, desde hace décadas ha definido dos enfoques básicos en este terreno: 1) El enfoque “realista” basado en la fuerza y capacidad de cada estado-nación de definir sus intereses y fronteras; 2) El enfoque “liberal-institucionalista” el cual considera que dichas relaciones se basan en un entramado complejo de organizaciones e instituciones internacionales, cuya resultante es compleja y no sólo basada en la fuerza.

Ante los llamados a abandonar el Pacto de Bogotá y la Corte Internacional de la Haya, rechazando el fallo, nos toca reflexionar cual camino estamos tomando en materia de relaciones internacionales. Sin duda, Nicaragua emprenderá pronto acciones navales de provocación para hacer cumplir el fallo, dada su tradición, bajo Ortega, de desafiar a todos sus vecinos, apoyado en su alianza con Venezuela. Lo irónico es que este apego a la juridicidad internacional de Nicaragua provenga de un régimen que atropelló su propia constitución para reelegir a Ortega.

Colombia no ha tenido una verdadera política de fronteras, y todos sabemos que embajadas y consulados son refugios del clientelismo politiquero, sin carrera diplomática. En las negociaciones no hubo siquiera un delegado de San Andrés, y ahora de sorpresa, la élite andina descubre que San Andrés está atrasada, como lo están todas las periferias, incluida la Caribe, algo que ya sabíamos por todos los estudios que se han hecho sobre la isla. Sólo que en Bogotá, como siempre nadie escuchaba. El PIB de San Andrés es apenas el 0.1% del PIB del país. La pesca en San Andrés es el 1% del PIB de San Andrés. Se estima en 700 las familias afectadas por el fallo. A Colombia le tocará patalear jurídicamente por el fallo hasta donde pueda. Pero le tocará sin duda, empezar a elevar su gasto militar en el área naval, pues los retos vendrán sin duda.