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La nueva Ley de Tierras

 

Por Jairo Parada Corrales

Junto a la Ley de Víctimas, el proyecto de Ley que el presidente Santos ha presentado al Congreso orientado a la restitución de las tierras, constituyen dos propuestas que merecen el apoyo de todos los ciudadanos progresistas de este país, los cuales sin duda han constituido sorpresas para un Gobierno que se presumía continuista con respecto al anterior.

En Colombia todavía subsiste lo que se conoce entre los expertos como “el problema agrario”. Este problema consiste en aquella situación según la cual el sector agropecuario de un país no es capaz de suministrar en forma eficiente el volumen de alimentos y materias primas para su desarrollo industrial y urbano, dentro de una visión de desarrollo sostenible y sustentable. Implica que dicho sector debe generar ingresos y calidad de vida a quienes se dedican a esta actividad. Supone cierta capacidad de generar seguridad alimentaria aunque no implica autoabastecerse en todos los rubros, pues el sector debe ser competitivo frente al mundo.

El problema agrario nos lleva al tema del uso adecuado y óptimo de la tierra dentro de criterios de eficiencia instrumental, equidad e inclusión. Según Alejandro Reyes, “Colombia no necesita expandir más la frontera agropecuaria, sino usar mejor las tierras incorporadas. Hay 21,5 millones de hectáreas aptas para agricultura y sólo usa 4,4 millones; tiene sólo 14,2 millones de hectáreas aptas para ganadería y ocupa en ella 41,2 millones, y los restantes 65,4 millones están en bosques”. Además del uso irracional del suelo, la concentración de la propiedad de la tierra es aberrante.

Se calcula que 47.000 propietarios con fincas de más de 200 hectáreas, controlan más de 51 millones de hectáreas, mientras que 3,100,000 familias campesinas, poseen sólo 7 millones de hectáreas de la superficie del país. En Colombia la distribución de la tierra es peor que la del ingreso, y es base del conflicto armado que hoy vivimos.

El Gobierno colombiano, a través de la historia, ha fracasado en sus intentos de hacer una reforma agraria exitosa. La tesis que dicha reforma no es necesaria, favorita de los economistas neoliberales, niega la experiencia de Japón, Taiwán, China, Corea del Sur por ejemplo, que hace más de medio siglo resolvieron este asunto. El proyecto de ley del gobierno apenas trata de restituirles dos millones de hectáreas a los propietarios que fueron despojados de sus tierras por los grupos violentos. En los últimos 8 años, sólo se devolvieron 60,000 hectáreas. Algunos estudiosos estiman que el despojo fue mayor y el desplazamiento ha alcanzado a 3 o 4 millones de colombianos.

En Colombia, el sector agropecuario es el 11% del PIB, más que la minería (7%). Amerita la atención cuidadosa de los analistas y obliga a los programas de Economía en las universidades a re-establecer la cátedra de Economía Agraria o seminarios sobre estos problemas.

Obliga a estudiar cuidadosamente la evolución de nuestra ganadería, sector clave en el Caribe colombiano, donde no sólo hay ganadería extensiva sino empresarios pequeños y medianos que luchan hoy en medio de la revaluación del peso y el cierre del mercado venezolano. Investigadores como Omar Castillo con su libro “Mercados y precios del ganado en el noroccidente del Caribe Colombiano” es un ejemplo de dedicación a este campo. El país necesita sin duda esta nueva Ley.

 

 

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