El año que se nos va ha sido testigo de la dinámica que diversos estamentos de la sociedad civil, los gobiernos territoriales y los gremios han puesto en promover el desarrollo de nuestra atrasada Región Caribe. Ello se ha manifestado en tres propósitos concretos que debemos seguir impulsando en los años venideros, por que nunca nos cansaremos de ello, desde el I Foro del Caribe Colombiano a comienzos de los 80. 

En primer lugar, en el pasado octubre se concretó la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, después de hacer su trámite por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Este ente, de naturaleza pública, con personería jurídica y patrimonio propio, debe concretarse ya, sin esperar la necesaria reforma de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Puede empezarse con recursos de los departamentos de Atlántico y Bolívar por lo menos, mediante un convenio, que permita dotarlo de un equipo mínimo que impulse las tareas de la integración Caribe. Es errada la idea que he escuchado que hay que dejar la RAP inane, para que la Región como entidad territorial surja. Por lo contrario, hay que demostrar que es posible empezar las tareas por encima de la desazón que produce la corrupción en la Región.

En segundo lugar, a mediados de noviembre se creó la Academia de Estudios del Caribe, impulsada por la Universidad Simón Bolívar, apoyada por una pléyade de intelectuales costeños, la cual –sin lugar a dudas– generará análisis y propuestas no solo sobre el Caribe colombiano, sino que se proyectará hacia el Gran Caribe. La Universidad Simón Bolívar promueve la creación de un Doctorado en Sociedad y Cultura Caribe, el cual ya está en trámite de su registro calificado. Sin duda, una visión integrada, social, económica y cultural de nuestra Región será esencial para entender nuestros profundos lazos con el Gran Caribe. 

En tercer lugar, el pasado 30 de noviembre, en un escenario sin invitados VIP ni sillas especiales, nos agrupamos cientos de académicos, estudiantes, sociedad civil y algunos gobernantes, para escuchar propuestas para cerrar la brecha de nuestro desarrollo social en un plazo de 12 años, hasta el 2030. Se ha hecho una propuesta económica para financiarla con regalías, presupuesto nacional y esfuerzo fiscal propio, con una detallada agenda de programas concretos en educación, salud, nutrición y acueductos y alcantarillado. La agenda es posible, pero debe complementarse con una reforma al Sistema General de participación (SGP), para que su énfasis se desplace más hacia la población por atender, y no tanto por la población atendida, como bien los demostró en forma sencilla el excontralor Antonio Hernández. Es una reforma urgente que se debe acometer, una vez que el sabotaje al proceso de paz se supere.

No debemos pensar que la agenda está terminada. No basta hacer inversiones en capital humano si no le apuntamos a la transformación productiva de la Región, mediante una agricultura fuerte, una ganadería eficiente y no extensiva, una agroindustria vigorosa y una recuperación y expansión de nuestra industria regional. Por ultimo, urge la transformación política pero esta depende de nosotros, sabiendo votar y no eligiendo a los corruptos de siempre, no importa de que se disfracen.