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El costo de la desconfianza

Creo que es válido reconocer que en Colombia es muy difícil hacer cualquier cosa. En la mayoría de las ocasiones los obstáculos no surgen por la falta de recursos, que también sucede, sino por lo enredado que resultan los trámites, especialmente en lo que concierne con las actuaciones públicas. Se nos va la vida en verificaciones y firmas, en sellos y vistos buenos que al final no parecen ser efectivos para nada, únicamente para entorpecer y dilatar. Siempre pensamos que todo hay que blindarlo (detestable expresión), para que nada raro ocurra, para que todo sea protegido, cuando lo que cierto es que nada está a salvo de la rapiña y la trampa. Desconfiando de todos y de todo cuanto es posible, terminamos duplicando esfuerzos y perdiendo oportunidades.

Los ejemplos se revelan a diario. Leí hace poco que el secretario de movilidad de Bogotá fue destituido de su cargo por irregularidades en un proceso de contratación para los semáforos de la capital. Al indagar sobre el tema, se descubre que hace varios años las administraciones de esa ciudad están intentando modernizar ese sistema, ya atrasado y obsoleto, algo a todas luces necesario. Sin embargo, líos de forma han mandado al traste con todas las iniciativas mientras el problema de movilidad capitalino sigue creciendo, ocupando a la Procuraduría y demás “ías”, siempre tan diligentes para ciertas cosas, en buscar trabas para impedir que el asunto avance. Es un caso muy parecido al que vivimos con las condiciones del canal de acceso a nuestros puertos, problema que sin éxito estamos intentando solucionar hace años, atrapados por procedimientos incomprensibles. Por tanto controlar, todo lo impedimos.

Pagamos un alto costo por la desconfianza, desde lo público, como lo he señalado, hasta en los intercambios cotidianos entre las personas. No es infundada la prevención, desde luego mucha maldad hemos visto desplegarse en la historia de este país; lo angustioso es que no parece que estuviésemos en una ruta que nos lleve a creer un poco más en nuestros semejantes. Siempre se señalan motivos ulteriores, intenciones perversas, manejos turbios, opacidades. Si en el sector público un funcionario decide contratar con alguien, ha de ser siempre porque está buscando un beneficio particular, no existe la buena intención.

Salir de ese círculo vicioso es tan necesario como complejo. Sería bueno que por una vez, o por un periodo de tiempo, o en algunas entidades, se soltasen un poco las riendas y se permitiera más libertad. Que no todas las decisiones fuesen respaldadas por miles de folios justificándolas, que se entendiera que algunas veces se pierde. Podríamos no revisar tanto el proceso y más bien evaluar los resultados, porque lo cierto es que a este paso, nadie en Colombia va a querer ser funcionario público, o solo querrá serlo quién pretenda, ahí sí, buscar beneficio propio a cualquier costo.

Fotografía tomada de https://www.unsplash.com

Publicado en El Heraldo el jueves 26 de julio de 2019

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