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Desde hace siete años un grupo de vecinos del barrio Villa Country está enfrascado en una disputa con el Country Club. La causa del desacuerdo es una nueva entrada vehicular que el club pretende habilitar sobre la calle 77, lo que permitiría que los socios pudiesen ingresar y salir de sus instalaciones directamente desde la carrera 57. Luego de varios años de inactividad, hace unas semanas se iniciaron los movimientos preliminares del proyecto, motivando protestas inmediatas por parte de algunos miembros de la comunidad cercana, que llegaron incluso a radicar una acción de tutela que logró parar momentáneamente los trabajos. Aunque no es un asunto especialmente sensible para la mayoría de los barranquilleros, dado que sólo concierne a un reducido número de personas, en su resolución se pueden sentar precedentes que podrían generar confusión e inseguridad legal para cualquier otra obra que se quiera acometer en la ciudad.

Es conveniente mencionar que en mi opinión el proyecto no debería generar tanto alboroto. De acuerdo con el club, se dispondrá de un espacio para acomodar una cola de ingreso de hasta 17 carros dentro de sus terrenos, y si además se considera que el Country es un club social con acceso limitado, no deberían esperarse mayores incrementos en el tráfico. Complementando esto, el proyecto también entregará mejoras en los jardines públicos cercanos, lo que incluye reponer los 9 árboles que es necesario talar en una proporción de 5 a 1. Sin embargo, como en todo, las voces discordantes deben ser escuchadas con atención y respeto, de tal manera que se puedan comprender todas las posturas involucradas.

Lo que resulta más inquietante de todo esto no es tanto la polémica que ha generado, sino que haya sido posible detener una obra que cuenta con todos los permisos que son requeridos para su implementación. Aunque la acción de tutela interpuesta fue finalmente declarada como improcedente y las actividades se pudieron reanudar, al parecer todavía quedan resquicios de ley que permitirían suspenderla nuevamente. Vale la pena entonces preguntarse para qué sirven los permisos que se exigen, si al final podrían llegar a ser revocados por diferentes acciones legales.

Hay que entender la gravedad de este tipo de casos. Si un inversionista o un promotor cumple con todos los requisitos que le imponen las normas y obtiene los permisos que expiden las autoridades competentes para ejecutar un proyecto, no deberían albergarse dudas sobre su viabilidad y conveniencia. Se supone que esas autoridades deben revisar toda la documentación requerida con altísimo rigor, de tal forma que cuando se otorga un visto bueno no lleguen a presentarse obstáculos a continuación. Es muy dañino que en Colombia sea tan frágil la certeza legal, la incertidumbre siempre alejará la inversión y el progreso. No juguemos con la gallina de los huevos de oro.

Fotografía tomada de https://www.pexels.com

Publicado en El Heraldo el jueves 19 de septiembre de 2019