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Dos noticias recientes, relacionadas con la posible prohibición del uso del asbesto en nuestro país, merecen nuestra atención. El pasado 21 de mayo, la Comisión Séptima aprobó en tercer debate la denominada ley Ana Cecilia Niño, llamada así en homenaje a una de las víctimas más notorias de esa peligrosa sustancia y cuyo objeto es impedir la producción, comercialización y distribución del asbesto a nivel nacional. Con esta aprobación el proyecto queda a la espera de un cuarto y último debate, que deberá darse antes del 20 de junio, fecha del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso. Por otra parte, el Concejo de Bogotá está también muy cerca de aprobar un proyecto de acuerdo que pretende declarar a la ciudad como libre de asbesto. Si la iniciativa tiene éxito, en los pliegos de contratación de las entidades públicas del Distrito se indicará de manera explícita la prohibición de utilizar cualquier elemento que contenga ese material, con una intención muy similar a la de un decreto que ya expidió la Gobernación de Boyacá a finales de mayo.

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS–, todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano. La exposición al asbesto es causa de cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como de mesotelioma (un cáncer del revestimiento de las cavidades pleural y peritoneal). También puede causar otras enfermedades, como la asbestosis (una forma de fibrosis pulmonar), además de placas, engrosamientos y derrames pleurales. Varios países del mundo, entre ellos Alemania, Argentina, Chile, los Países Bajos y Suiza, han acatado las recomendaciones de la OMS y han prohibido el uso del asbesto en sus territorios, además de contar con estrictos protocolos para su eliminación. Actualmente, en Colombia el uso del asbesto no está restringido por la ley.

Desde luego, al adoptar una prohibición de este tipo se afectarán un número importante de empresas y personas vinculadas a la producción y comercialización del asbesto. Se tendrán que poner en práctica algunas disposiciones que permitan mitigar los efectos de la nueva regulación, todo dentro de un periodo transicional que la propuesta de ley está estimando en cinco años. No faltarán las quejas y los alegatos, habrá que comprender que no es fácil encontrarse con este súbito cambio de reglas, pero por muy traumático que nos parezca, esta medida debe apoyarse sin restricciones.

Además de las bienvenidas iniciativas regionales en Boyacá y Bogotá, y deseando que eventualmente Barranquilla se sume, es necesario reclamar que el Congreso haga por fin su trabajo (este proyecto de ley increíblemente se ha archivado en siete ocasiones), y nos brinde la posibilidad de contar con una normativa específica para el asbesto. Sería imperdonable que el proyecto se hundiese por octava vez, aunque ya sabemos que Colombia es tierra fértil, muy fértil, para lo inverosímil.

Fotografía tomada de https://www.unsplash.com

Publicado en El Heraldo el jueves 06 de junio de 2019