La decisión que puso fin al régimen tarifario especial de energía en la Costa Caribe, celebrada como un triunfo social y económico para más de 2,7 millones de usuarios, tiene también una dimensión académica y jurídica desde Uninorte. A la par de la acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, el Consultorio Jurídico de la universidad interpuso en 2023 una acción legal propia, que fue posteriormente acumulada al proceso principal y que aportó argumentos clave para alcanzar este histórico fallo.

Juan Barrero Berardinelli, director del Consultorio Jurídico, explicaba en su momento que diariamente recibían a usuarios en sus instalaciones que se veían afectados por las elevadas tarifas del servicio público. Estos usuarios, en su mayoría pertenecientes a estratos bajos, "manifiestan que mes a mes se ven en la difícil situación de tener que decidir entre pagar el recibo de la luz o proporcionar alimentación y educación a sus hijos, así como solventar las demás necesidades básicas".

Ese contacto directo con la ciudadanía, sumado al mandato de la Ley 2113 de 2021 —que exige a los consultorios jurídicos promover acciones de interés público—, motivó la presentación de la demanda contra las resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021 de la CREG, las cuales sustentaban los cobros excesivos.

De esta manera, el equipo del Consultorio formuló medidas provisionales, como la suspensión de cortes de energía a usuarios de estratos bajos por falta de pago, e integró evidencia técnica robusta. Estudios de Fundesarrollo y Frontier Economics demostraron que el régimen tarifario profundizaba la pobreza multidimensional en la región, una línea argumentativa que fortaleció el caso desde una mirada estructural.

Finalmente, la acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha fue fallada a su favor por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En cumplimiento del fallo, la CREG aprobó en su sesión del 30 de mayo una reformulación definitiva del componente de comercialización de energía, lo que reducirá, según estimaciones oficiales, en $54 por kilovatio hora el costo de la factura mensual que pagan 2,7 millones de usuarios de Air-e en la región.

Los personeros agradecieron el respaldo de entidades como la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte. Este reconocimiento da cuenta de la corresponsabilidad que asumió la institución. El caso se convierte en ejemplo de cómo las universidades pueden y deben involucrarse activamente en la defensa de los derechos colectivos, y confirma que el derecho cuando se articula con la evidencia y el compromiso social puede convertirse en una herramienta poderosa de justicia.