Alex Alarcón Hein, experto en Salud Pública, habló el 23 de mayo en el salón 11G2 sobre los marcos de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio en América Latina. El docente e investigador de la Escuela de Salud Pública de Chile fue uno de los responsables de diseñar la política sanitaria de su país en 2014 desde una perspectiva de derechos humanos, en la que prima el acceso para todos.

“Es bastante contradictorio decir que estamos construyendo ciudadanos globales del mundo, las universidades hablan de la globalización, los estados hablan de tratados de libre comercio, pero cuando hablamos del dinamismo de la migración y el flujo migratorio, los países empiezan a hablar de restricciones”, manifestó Alarcón durante la charla. Para el conferencista, uno de los problemas que existe al hablar de migración es que se piensan desde un hipotético impacto negativo: un grupo vulnerable que trae consigo alza del crimen y desempleo, lo que ha generado rechazo por parte de las poblaciones receptoras.

No obstante, en la práctica, según comentó Alarcón, se ha demostrado que solo el 1% de los migrantes se encuentran encarcelados y, además, en estas poblaciones existen las más altas tasas de empleo: alrededor del 90% tienen trabajo, ya sea formal o informal. El conferencista argumentó que la regulación de la población migrante es positiva, no solo para el migrante que puede acceder a los servicios públicos, sino también para el gobierno y la recaudación de impuestos.

Además citó un estudio de la OCDE de 2018, que se hizo en 10 países, en el que se concluye que los migrantes no afectan el mercado laboral de los países sino que contribuyen, en promedio, alrededor del 7% del PIB. Y aun cuando esta evidencia existe, los migrantes se siguen encontrando con barreras de acceso; una de las más peligrosas, a la salud.

”Nos encontramos con sistemas de salud restrictivos, que imponen barreras y que en muchos países se preocupan mucho más de quien va a pagar la factura a final de mes que el acceso igualitario que pueda haber”, señaló el experto sobre la falta de enfoque en los derechos humanos.

Para Alarcón es esencial el diseño de políticas públicas de carácter regional, en lugar de lo que ocurre actualmente, que son gobiernos que responden a coyunturas. En ese sentido, se debe pensar no sólo en cómo financiar, sino, con los derechos humanos como eje rector, cómo garantizar el derecho de cualquier persona de irse de su país y llegar a otro.

El caso colombiano

Alarcón, quien estará dictando clases en el doctorado en Salud Pública de Uninorte, analizó el caso Colombia - Venezuela, y la respuesta del Estado ante el fenómeno migratorio. “En términos de política pública, el país debe transitar a una formación y al diseño de una política que sea inclusiva y que tienda al enfoque de derechos humanos y que, como dice los organismos internacionales, sea una migración ordenada, regulada y segura”, comentó.

Para el diseño de esta política pública, que actualmente no existe en Colombia, Alarcón hizo una recomendación: “nunca se debe anteponer el financiamiento de la prestación de salud ante un derecho humano como es migrar”. Agregó que es clave escuchar “lo que están haciendo los departamentos en condición límite con otros países de la región, no solo Venezuela, sino también Ecuador, Panamá”, en lugar de crearla desde el Ministerio, en el centro del país.

El caso colombiano, analizó, tiene un corte más humanitario, ya que se ve mucha población vulnerable como migrante, no obstante, rechazó la noción de que solo se piense desde esta perspectiva a la población migrantes. Teniendo esto en cuenta, afirmó que una de las herramientas para entender mejor la situación es recoger la mayor cantidad de datos posibles.

“Es recomendable que el Ministerio de Salud y el Gobierno tengan una política inclusiva que sea el paragua de recepción de población migrante y que el plan de acción que hoy en día tiene se inserte en una política mucho más amplia de cobertura nacional para todos los migrantes en este país”, concluyó.

Por Leonardo Carvajalino