Carlos Javier Velásquez Muñoz

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El pasado 9 de junio, el Congreso de la República aprobó la Ley 1753, a través de la cual se expidió el nuevo Plan Nacional de Desarrollo: “Todos por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación”. Así las cosas, el país cuenta ya con su carta de navegación para los próximos cuatro años, hasta la finalización del período del segundo gobierno Santos, ya que otra Ley, la criticada y altamente comentada, sobre el Equilibrio de Poderes, prohibió la reelección presidencial.

El Plan tiene muchas cosas para analizar, pero al rompe, llama la atención la tendencia a complejizar, cada vez más, estos instrumentos de planificación, remitiendo a extensos documentos de soporte, fuera del articulado. La Constitución y la Ley son claras: un Plan Nacional de Desarrollo tiene dos partes, una general y un plan de inversiones, y, ambos, deben estar detallados en el cuerpo de la Ley; pare de contar.

Si bien lo anterior resulta interesante para ser profundizado, no es el asunto a tratar en estas líneas. Lo que llama la atención es lo que dice el documento de soporte, al que remite el artículo 2° del Plan:

Artículo 2. Parte integral de esta ley. El documento denominado "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país", elaborado por el Gobierno Nacional con Ia participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo y se incorpora a la presente ley como un anexo.

Cuando se revisan las 825 páginas del extenso documento de soporte: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, se hallan casi 100 alusiones a datos, parámetros, índices, líneas base, etc., establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); nada más para comenzar, en la misma introducción del documento, se señala lo siguiente:  

En su implementación, (la del Plan) junto con los mecanismos convencionales de gestión y asignación de recursos, el Plan involucrará una serie de instrumentos novedosos armonizados con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015, que articula las dimensiones económica, social y ambiental para lograr un desarrollo sostenible (Las subrayas son nuestras).

De inmediato surgen las preguntas: ¿qué significa esto?,¿condiciona la decisión del gobierno frente a nuestros retos en materia de desarrollo?, ¿qué modelo de desarrollo configura esta consagración?, ¿un para Estado?, ¿el poder detrás del poder?. No es secreto que Santos lleva un tiempo coqueteándole a la OCDE y, el resultado, se ve reflejado en este tipo de decisiones.

Lo cierto es que las consecuencias no se han hecho esperar y, en tiempo record, las medidas de la OCDE, han empezado a ser aplicadas a raja tabla. En días pasados, constatamos la decisión del Gobierno de compilar y expedir decretos únicos en cada uno de los sectores de la vida nacional, con la intención de “garantizar la seguridad jurídica para los ciudadanos e inversionistas extranjeros”.

De esa forma, hasta ahora se han expedido 21 decretos únicos en los que se compilan otros 10 mil en los asuntos de 15 Ministerios y una veintena de Departamentos Administrativos. Por ejemplo, un decreto de 633 páginas contiene 150 decretos en el sector de Minas y Energía y, otro, de 783 páginas, compila casi 200 en el sector del medio ambiente.

El gobierno ha señalado y reiterado que su intención es la de simplificar y unificar normas y que, los colombianos, puedan saber qué rige en cada sector con solo consultar una norma.

Por mi parte, leí el decreto único en el sector del medio ambiente y es funesto: denso, complejo y lleno de vacíos y contradicciones. He empezado esta semana por el relacionado con la función pública, ya veremos qué me depara el ejercicio.

Todo lo anterior me parece, sin duda, un despropósito, tanto en el fondo, como en la forma y, no me queda la menor duda que la única motivación que guía esta decisión, es cumplir las exigencias de la OCDE, quien ve con buenos ojos, ese tipo de medidas de control a la regulación.