Carlos Javier Velásquez Muñoz

Mucho se ha comentado en los últimos días sobre la suerte que podría correr la autoridad ambiental de Barranquilla.

Mientras la ciudad solo cuenta con 0.89 metros cuadrados de zonas verdes; no hay estaciones ni equipos para monitorear la calidad del aire; las aguas servidas siguen siendo vertidas sin tratamiento al pobre y contaminado Río Magdalena; nada se hace frente a la mitigación y adaptación al cambio climático; la gestión de los residuos peligrosos es aún dudosa; la autoridad, nuestra autoridad ambiental, se debate entre la vida y la muerte, simple y llanamente, por problemas presupuestales, burocráticos y politiqueros. Es que desde hace tiempo, la entidad fue apresada por la corrupción.

No es posible decirlo más claro: el DAMAB es la vergüenza de la gestión ambiental del país; en caso de ser liquidada, su sucesora sería la cuarta autoridad en 21 años; caso sin antecedente en el país.

Con ese triste panorama, la pregunta es: ¿qué hacer?, ¿qué se debe decidir?

La Alcaldesa ha señalado la posibilidad de convertir el DAMAB, el cual es un Establecimiento Público, en una Secretaría. Jurídicamente sería viable, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley Marco Ambiental (Ley 99 de 1993), sin embargo, no parece ser la mejor alternativa, pues, con ello, se le restaría autonomía y, sobre todo, capacidad de financiación. Las secretarias hacen parte del sector central de la Administración Territorial, mientras que los Establecimientos Públicos del descentralizado.

La segunda opción es modificar el que existe hoy por otro de la misma naturaleza. Fíjense el absurdo, aunque el DAMAB tiene nombre de Departamento Administrativo (de Medio Ambiente), es, en realidad, un Establecimiento Público; difícil de entender, pero es así. Esta segunda opción sería más de lo mismo con diferente nombre. No nos han dicho en qué cambiaría.

Hay una tercera e interesante alternativa que se ha barajado desde hace algunos años, y es que sea el Área Metropolitana quien asuma, tal como acurre para Medellín con el Valle de Aburrá, las competencias de autoridad ambiental. La posibilidad se contempla en el ya citado artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y, en torno a ésta, se tendrían las siguientes consideraciones:

a.       Se acabaría la aplicación de límites político-administrativos a la gestión ambiental urbana. En el caso de Barranquilla, el territorio de la ciudad se encuentra dividido para efectos del ejercicio de las competencias ambientales en dos: en el suelo urbano ejerce competencias el DAMAB y, en el rural, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA. Límites territoriales que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente, sino que obedecen a otros raciocinios.

b.       En términos económicos y de financiación, terminaría el inveterado conflicto por el recaudo de las tasas, multas y otras fuentes de financiación que hoy existe entre autoridades.

c.       Se podría llevar a cabo una verdadera gestión ambiental urbana. Hoy, es imposible pensar en términos ambientales a la ciudad, en tanto sistema abierto, sin la relación con su hinterland. Los impactos ambientales no se acaban en el término municipal, van y vienen, viajan y no conocen de fronteras.

d.       A pesar de que el artículo 1 de la Ley Marco Ambiental señala que, un principio de la política ambiental colombiana es el manejo integral del medio ambiente, lo cual lleva a la colaboración armónica entre las autoridades ambientales, su trabajo ha sido siempre de choques y disputas. Teniendo un territorio amplio, constituido por las ciudades de la escala metropolitana, es posible abarcar mucho más en términos ambientales.

Ahora bien: ¿está el Área Metropolitana preparada para asumir las competencias de autoridad ambiental metropolitana?.  Si bien cuenta con una Subdirección de Recursos Naturales, ésta posee un perfil más planificador que ejecutor y, para el caso, lo que se necesita es mucha ejecución; recuperar el control y la prevención del deterioro ambiental, que cada vez es mayor.

Anticipo que de darse la posibilidad, el traspaso de los asuntos por parte de las dos autoridades ambientales que tenemos en Barranquilla, no sería para nada pacífico. A pesar de lo anterior, bien vale apoyarla.

Quienes todavía creen que el DAMAB no es trampolín de la politiquería cabe informarles que, mientras la Administración decide su futuro, su Directora, Jacqueline Reina, renunció para postular su nombre a la Alcaldía de Soledad; el que quiera más, que le piquen caña.

Por el bien de la ciudad y de todos los barranquilleros, es necesario hacer adelantar una cruzada para salvar nuestra autoridad ambiental, es una obligación de esta generación para mejorar la calidad ambiental de la ciudad, pero, sobre todo, es una obligación con las próximas generaciones.