Carlos Javier Velásquez Muñoz

Ya sé que ahora saldrán los “dogmáticos” a decir hay que “confiar en la justicia”, que existe la presunción de inocencia, que cómo es posible que un académico prejuzgue de esa manera, que cómo me atrevo a opinar sin conocer el acervo probatorio de un proceso que, con seguridad, es voluminoso y complejo.

Puede que tengan algo de razón, pero la mía es que este es mi blog, y en mi blog tengo derecho a expresar libremente mi opinión, para eso se creó.

En efecto, no me he leído el voluminoso expediente, pero sí he realizado un seguimiento pormenorizado de lo que aparece en la prensa y, lo que se observa, son cosas pavorosas.

A Colmenares lo mataron, no me cabe la menor dura. Y lo anterior se deduce de los testimonios de quienes hicieron la inspección en el sitio y de los testigos (aunque hayan intentado enredar el asunto comprando unos falsos positivos), de las pruebas forenses que han mostrado y de las actitudes y testimonios de los implicados.

Pero, si lo anterior es así, ¿por qué está tan enredado el asunto?.  Creo que por varios motivos:

1.    Una justicia que cojea, tarda y no es confiable. Por cuántos funcionarios judiciales ha pasado el asunto?, cuántos de los que estaban ya no están?, cuántos han sido amenazados? y, en manos de quién vino a parar el expediente?, la Fiscal Martha Zamora, la que lleva más de 20 años dando tumbos en cuanto cargo público existe: de la Procuraduría a la Fiscalía, la Corte Constitucional, Corte Suprema, va y viene, sale y entra.

2.    La falta de Ética y la manera casi ilícita de ejercer la profesión por parte de algunos abogados. El Abogado de los imputados esgrime a diario pruebas impertinentes, dilata el proceso, presenta argumentos fuera de lugar y/o traídos de los cabellos, solo con la intención de desviar la atención o, quizás, aburrir a todos hasta ganar por sustracción de materia o, como se diría en los deportes, ganar por forfait.

3.    La influencia, el temor y el dinero: se ha sabido de los intentos por comprar más testigos o su silencio, de seguimientos e interceptaciones a los familiares del muchacho Colmenares, incluso amenazas telefónicas o irrupciones en el domicilio familiar para intentar sustraer pruebas o información. Su padre ha salido a decir en varias ocasiones que no se detendrá y que seguirá hasta las últimas consecuencias.

Pero el temor también se ha ejercido sobre la Justicia, pues tantos movimientos, cambios y remociones, solo pueden provenir del manejo de hilos y tentáculos de gente con algún tipo de poder, la pregunta es cuál. Se dice que el padre de la chica Quintero es un contratista de importantes empresas petroleras. Lo anterior quiere decir que si es capaz de infundir temor por la relación que tiene con este sector, mal estamos en Colombia si ese es el modus operandi de quienes se dedican a las actividades de explotación de recursos naturales (las minas no realizan un uso sostenible de dichos recursos), pues bastante tenemos ya con el pasivo ambiental que están originando, sin asumir, amparados por el Gobierno, algúna de responsabilidad por ello.

Los colombianos, con o sin morbo, estamos esperando que el asunto termine pronto y que la decisión sea tomada, pues se está transmitiendo un muy mal mensaje al país y también el exterior. Si los colombianos desconfían en gran medida de su justicia, casos como estos no hacen más que apuntalar una mayor desconfianza y promover la justicia de calle o justicia por mano propia.

Me pregunto: si este caso, con todo lo mediático que ha sido, se maneja de esta manera, ¿qué se puede esperar para los millones de colombianos que acuden a diario a los juzgados buscando satisfacer sus pretensiones, ver amparados sus derechos o reclamando justicia por diversas causas?.

No sé si de todo esto pueda salir algún aprendizaje, ojalá así sea, lo que si tengo claro, es que este son el tipo de casos y cosas que hacen que el Derecho, a veces, espante.