Carlos Javier Velásquez Muñoz

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística de España-INE incluyó por vez primera en su estadística oficial la medición del impacto económico de varias actividades al margen de la Ley, y el resultado del ejercicio arrojó un incremento de casi un 1% del PIB, unos 26.000 millones de euros.

Los asuntos ilegales incluidos fueron la prostitución, el tráfico de drogas y el juego en sitios no autorizados.

La información de la entidad estatal da cuenta de que el valor adicional que generaron la prostitución y el tráfico de drogas para 2010, año de referencia de la medición, equivale al 0,85% del PIB (unos 9.200 millones de euros) y que si se agregan el juego ilegal y el contrabando, el incremento llega hasta un 0,9%.

¡Escandaloso y asombroso!

Para muchos estas mediciones in extremis, ordenadas a través de un Reglamento de la Unión Europea, vienen promovidas por la necesidad de mostrar resultados en el frente económico, meses después de estar sumida en una dura crisis económica.

Sin embargo, las nuevas reglas estadísticas que la Comisión Europea obliga a utilizar a partir de este mes han arrojado un comportamiento similar en otros países de Europa: así por ejemplo el PIB italiano aumenta un 1%, el del Reino Unido un 0,7%,  Portugal 0,4% y Alemania 0,2%.

Pero, ¿cómo se mide esto?

Las autoridades europeas han advertido que las estimaciones son difíciles de alcanzar y que deben apelar a todo tipo de fuentes, no obstante, el argumento para hacerlo es que todas estas actividades generan flujos de dinero que circulan en la economía y por tanto, existe la obligación de incorporarlas, estén donde estén.

Personal de la autoridad española de estadística aseguró haber consultado 500 fuentes distintas para contrastar sus hipótesis, así por ejemplo, en relación con la medición de la prostitución la información más certera provino de la oferta (datos policiales y de Sanidad sobre cuántas personas ejercen la prostitución, y encuestas a asociaciones relacionadas con estos colectivos sobre precios y servicios).

Algunas de las preguntas realizadas en las encuestas, por ejemplo a la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (prostíbulos) ANELE, fueron como estas:

•  ¿Cuánto cobraba una prostituta por servicio medio en 2002/2007/2012?

• ¿Cuál es número medio de servicios por prostituta al día en 2002/2007/2012?

• ¿Cuál la facturación media en 2012 de un club normal/pequeño (menos de 50 prostitutas) por alquilar habitaciones?

El INE español revisó además los datos del Plan del Gobierno contra la explotación sexual para delimitar qué prostitución puede ser contabilizada, un asunto tremendamente controvertido, pues en teoría, solo se incorpora al PIB la prostitución cuando es consentida por ambas partes.

Por su parte, y en relación con el tráfico de drogas, el INE le da valor tanto a las encuestas sobre el uso de drogas, como a las requisas y decomisos de las autoridades policiales.

De todo lo anterior nos surgen varias reflexiones:

La primera: ¿es deber de los Estados incluir este tipo de actividades en los datos económicos de los países? Con seguridad los más pragmáticos responderán afirmativamente usando el argumento de la Unión Europea: allí está la plata, esas actividades realmente existen.

La segunda: increíble el volumen de dinero que mueve la economía ilegal. Independientemente de donde se dé, la ilegalidad acompaña la vida cotidiana de las sociedades en general.

La tercera y más importante: ¿qué tal incluir estos datos para la medición de la economía colombiana? ¿Qué incidencia tendría en el PIB del país?.

Sería interesante responder a estas preguntas, se aclararían muchas de nuestras dudas.