Carlos Javier Velásquez Muñoz

A pesar de que nuestra Constitución Política señala que el modelo de desarrollo para el país es el sostenible, lo que vivimos día a día, con total y contundente claridad, es un crecimiento económico rampante, sin consideración a otros factores.

Por mucho que se empecinen en mostrar resultados en lo social, la desigualdad en el país sigue siendo escandalosa y la inclusión, sobre todo en las ciudades, también. Nos están vendiendo la idea de una considerable reducción de la pobreza, pero es necesario no solo revisar los datos, sino también los sistemas utilizados para su medición; hay bastante eufemismo en lo mostrado.

Pero si en el componente social estamos rezagados, el ambiental es lastimero.

Es posible escribirlo en mayúscula, pero no con más claridad: este país crece (económicamente) desconsiderando su patrimonio natural; y crecer económicamente, no es desarrollo.

Los medios de comunicación hacen eco de múltiples noticias presentadas por el gobierno de turno (aunque esto viene de antes) sobre la mejora de la economía, alardeamos de cuan sanos y fuertes estamos en el panorama económico mundial, pero una simple pregunta basta para echar por la borda la algarabía dirigida: ¿internalizamos los costos ambientales? La respuesta es obvia.

En 2009 la Universidad Nacional de Colombia realizó un cálculo del pasivo ambiental del país señalando que nos tocará invertir cerca del 4% del PIB nacional sostenido a 10 años. A lo anterior debemos hoy, comenzar a considerar el valor de la recuperación ambiental, social y física que sufriremos como consecuencia de la adaptación al cambio climático. Los científicos del Panel Intergubernamental para la lucha contra el Cambio Climático han alertado ya que Colombia, será uno de los países más afectados con dicho fenómeno.

Frente a este difícil panorama, ¿cuál es la respuesta del gobierno?, nada más y nada menos que darle una nueva vuelta a la tuerca al único instrumento de control preventivo de degradación ambiental con el que contamos: la licencia ambiental.

Nuestra licencia ambiental no solo es un mal, muy mal instrumento de control preventivo, si se le compara con lo alcanzado a nivel mundial, sino que además, los gobiernos han promovido múltiples reformas para quitarle fuerza y permitir el descontrol.

La licencia existe desde el Código de los Recursos Naturales de 1974 (arts. 27 a 29) pero nunca fue reglamentada; treinta años sin control preventivo, a pesar de su inclusión en la norma. Nos tocó esperar hasta la Ley 99 de 1993, Ley Marco Ambiental (arts. 49-62), para que pudiera darse la reglamentación.

El primer Decreto sobre licencias ambientales fue el 1753 de 1994, el que ha sido considerado como la más completa reglamentación sobre la materia, el último, el 2820 de 2010, en el cual se aprecia ya una clara involución.

Entre el primer decreto del 94 y el último de 2010, se han dado al menos 8 modificaciones, no para afirmar su control preventivo, sino para sustraer del control  a algunas actividades.

A pesar de lo anterior, el Gobierno actual nos despierta con una nueva propuesta de modificación en la que proponen reducir hasta en cinco meses el trámite de licencia, para lo cual buscan implementar dos cosas: oralidad en el trámite y recorte en los tiempos de solicitud y respuesta.

Que por favor nos diga el Presidente Santos, ¿cómo piensa hacer eso?

La licencia ambiental es lo que se denomina en derecho un acto administrativo complejo, porque además de ser una autorización definitiva, involucra actividades técnicas y de planificación, pero sobre todo, incorpora todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad, los cuales pueden ser otorgados por diferentes autoridades, dependiendo quien o quienes deban intervenir.

¿Oralidad en la licencia?.

La respuesta del Gobierno ante las críticas por la propuesta ha sido la de una supuesta necesidad de agilizar los trámites, pues hay varios proyectos de envergadura en el país frenados por la falta de claridad en el trámite.

Y la respuesta del Ministro, que sabe de ambiente, lo que yo sé de cibernética, ha sido aún más desconcertante: “Estamos agilizando estos procesos con criterios gerenciales”.

Señor Ministro, la única gerencia posible y deseable en lo ambiental de su parte, es una garantía efectiva de no degradación y, por supuesto, de mejora de la calidad del medio ambiente.

Este es el país que tenemos y los líderes que lo gobiernan. El mundo no está advirtiendo sobre los riesgos de no actuar ya, con fortaleza y contundencia, por mejorar las condiciones de nuestro entorno, y la respuesta es: “queremos seguir creciendo y para ello, necesitamos quitar de en medio los “obstáculos”, como el ambiental.

Esto está estudiado y requeté estudiado, solo esperamos que alguien, alguna vez aprenda la lección y la aplique a la vida real.