Carlos Javier Velásquez Muñoz

Y rápido, no da espera. Claro, rápido no quiere decir mal; en este país hacemos muchas cosas rápido y mal.

Los congresistas electos han señalado que apenas inicie la legislatura, después del 20 de julio, éste será uno de los temas más importantes en la aún desconocida agenda política.

En mi caso he retomado el tema que venía cavilando días atrás, motivado por los comentarios que me realizó una egresada de nuestro Programa de Derecho, quien inició su judicatura recientemente. Su decepción es mayúscula, siente que se atiende mal, que la gente que trabaja en el sitio no está preparada para decidir el derecho de los ciudadanos, que no hay condiciones físicas y materiales necesarias y, lo que más la decepciona, le toca escuchar a diario (me dice que no lo ha distinguido), las sindicaciones de los usuarios del sistema sobre el comportamiento ilegal e ilícito de los empleados; “esa es la triste realidad”, le contesto, animándola a seguir.

Es muy duro para un profesor de Derecho enseñar a los estudiantes el deber ser, la ética en el ejercicio de la profesión, a obrar correctamente, a prepararse de manera continua e ininterrumpida, para que en cuestión de una semana los pongan a tambalear sobre sus convicciones, motivaciones y proyecto de vida.

Y cada vez que me encuentro con un estudiante dubitativo busco los buenos ejemplos para darle un poco de ánimo y no los encuentro: ¿quién los coloca?

Reviso y me topo con: Caso Petro, Colmenares, el carrusel de nombramientos y cooptación en los puestos en las Altas Cortes, el ejercicio del derecho por parte de los abogados “top”, choques de trenes, facultades de derecho de garaje, la justicia politizada y la política metida en la justicia, en fin.  

La pregunta entonces es: ¿qué hacer? Siempre he pensado que en Colombia nuestras instituciones no maduran, en cuestión de años las cambiamos por otras y así frecuentemente. Quisiera que nuestras normas se mantuvieran sin tantos sobresaltos, circunloquios y recovecos, pero no es así, lo que tenemos tiene muchos errores.

Visto lo anterior, no queda más que reformar, pero, ¿qué debe contener la anhelada reforma que debe venir?

Por supuesto que no hay fórmula mágica para mejorar, pero hay algunas cosas se pueden ir promoviendo:

1. Acabar con la injerencia de la política en el nombramiento de jueces y magistrados.

2. Implementar concursos públicos de méritos para el ingreso a la judicatura. Revisar los encargos, provisionales y proveerlos con personal de carrera.

3. Inspeccionar una a una las facultades de derecho del país y verificar los requisitos de calidad para su operación

4. Fortalecer el Estatuto del Abogado para que se pueda poner en cintura a quienes ejercen de manera fraudulenta la profesión

5. Promover y fortalecer los mecanismos alternos de solución de conflictos. Normalmente se señala que hay muchos abogados en el país, en mi opinión faltan muchos, pero buenos. El buen abogado debe ser aquel que quiera resolver adecuadamente las diferencias mediante acuerdos de gana-gana para las partes en Litis. El abogado contencioso y pendenciero, que ve el juicio como una batalla y al abogado de la contraparte como su enemigo, está mandado a recoger.

6. Mejorar la técnica legislativa; muchos abogados creen que entre más entresijos y desaguisados tenga una norma mejor, “si no, no cobramos”, qué error. La Ley debe ser fácilmente entendible por el lego.

Nuestra Constitución Política fue bien intencionada, es lo que Karl Lowenstein en su clasificación ontológica llamó una Constitución nominal, es decir, aquella cuyo texto, por falta de condiciones adecuadas o de preparación del cuerpo social, no se aplica verdaderamente. Lo bueno de este tipo de Constituciones es que trazan un derrotero para ir haciendo camino al andar.

Pero las Constituciones no surten efecto solas, requieren de seres humanos que las entiendan y apliquen y, a día de hoy, la buena intención plasmada en sus postulados axiológico-normativos, han sido desnaturalizada.

Sin duda, necesitamos una reforma a la justicia.