Carlos Javier Velásquez Muñoz

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TITULO Profesor e Investigador Asociado de Tiempo Completo en la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

ACERCA DE MÍ Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca (España), Magister en Derecho Ambiental, Universidad del País Vasco (España), Especialista y Postgraduado en Derecho Ambiental y Administrativo. Con cursos de Postgrado en Derecho Urbano y Comunitario Europeo. Investigador en Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Derecho Urbano-Territorial, Planificación para el Desarrollo Urbano y Análisis Institucional. Así mismo, tengo a mi cargo en calidad de Director Académico del Doctorado en Derecho, la Maestría en Derecho Ambiental y Urbano-Territorial, así como la Especialización en estas mismas materias. 

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QUEMAS, PUERTOS Y MEDIO AMBIENTE

En los últimos días el Ministro del Medio Ambiente ha venido a aceptar, al menos preliminarmente, la tesis sostenida desde hace por lo menos 6 meses por varios académicos de la Universidad del Norte, en el sentido de que la quemas en la Vía Parque Isla de Salamanca eran provocadas y no propiamente por la necesidad de los agricultores o la pobreza de los vecinos aledaños a la zona, sino por grandes intereses con afán de lucro y poca o mejor, nula, responsabilidad social y ambiental.

Nuestras varias visitas al sitio nos dieron evidencia de la decisión de algunos colonos de la zona de trabajar la tierra pero al tiempo, su creciente conciencia de hacerlo sin provocar impactos de consideración al entorno y, por supuesto, a ellos mismos y sus familias.

Hoy confirmamos de boca del Ministro que la intención de ubicar puertos en la margen derecha del río están detrás de esto, como estuvieron en su momento cuando se llevó a cabo la realinderación de una parte del Parque para permitir la construcción de los puertos ubicados en la zona hoy día. No está de más recordar que para la época, año 2004, se supo que el montaje de dichos puertos se hizo sin tramitar licencia y despojando a personas de la zona.

Esta es una nueva evidencia del modelo de crecimiento económico que se ha impuesto de manera clara y contundente en el país, sin consideración a los costos sociales y ambientales. Si hiciéramos una internalización de éstos (el pasivo ambiental se ha situado en torno al 4% del PIB sostenido por 10 años), lo que el Estado recibe por impuestos y autorizaciones por estas actividades no llega a cubrir absolutamente nada.

Ojalá el Ministro investigue y se mantenga firme para hacer cumplir la Ley y hacer actuar con responsabilidad a quienes intentan irrespetarla para su beneficio propio.