Carlos Javier Velásquez Muñoz

Recientemente, la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico presentó un informe sobre la calidad del aire en Barranquilla. Dicho informe vino a decir lo que ya todos sabíamos: respiramos un aire de muy mala calidad. Seguimos pensando en Barranquilla como un paraíso para vivir por su ambiente y su seguridad. En la actualidad, ni lo uno ni lo otro.

Según el informe, el aire está altamente contaminado, hasta en un 140 por ciento por encima de la norma, en algunos sectores de la ciudad. Así por ejemplo, en relación con el material particulado (PM10) la norma señala que el límite permisible es de 60 microgramos por metro cúbico, pero el promedio encontrado fue de 140 por metro cúbico.

En nuestra opinión, la calidad del aire es aún peor de lo que la Sociedad de Ingenieros señaló. Quizás con un poco más de tiempo, dinero, manejos muestrales más amplios, y sobre todo, sin que sea la autoridad ambiental quien contrate el estudio, los resultados se habrían acercado al estado real de la calidad de nuestro aire. Pero bueno, preferiblemente esto a no contar con ninguna información.

Sea el momento para reclamar de la administración distrital los dineros para actualizar, reparar, mejorar, la Red de monitoreo de calidad del aire de la ciudad, la cual se pudre desde hace 5 años por pura y física desidia.

Ahora bien, independientemente de estos alarmantes datos, parece que a la ciudadanía poco le importan. Quien puede negar que una mala calidad del ambiente, en este caso de nuestro aire, repercute indefectiblemente la calidad de vida personal, familiar y social de los individuos que habitan la ciudad. Lo peor es que quienes están llamados a dar ejemplo no lo hacen, por el contrario generan dinámicas de irrespeto y descontrol.

Me refiero a nuestros urbanizadores y constructores, públicos y privados, quienes para llevar a cabo su actividad utilizan malas prácticas que desmejoran la calidad del ambiente.

En la actualidad hay una expansión urbana considerable de la ciudad hacia el corredor institucional, se proyectan nuevos colegios y Universidades, urbanizaciones, complejos médicos y ampliación de vías principales para facilitar el traslado hacia dichas zonas. Lo anterior nos parece un avance significativo, pues se genera trabajo y se proyecta la ciudad como enclave estratégico de negocios, incluso con perfil internacional. No obstante, lo que se le pide a estas personas es que al adelantar dichas obras,  se lleven a cabo con criterios de sostenibilidad, los cuales en la actualidad, nadie puede obviar.

En relación con la calidad del aire, hay que denunciar tres aspectos que atentan contra las normas de protección ambiental: por un lado, el desmonte del bosque seco tropical que había en la zona de expansión urbana, el cual se ha dado a partir de la quema masiva, lo que origina olores ofensivos, humo y material particulado (cenizas). Los dueños de los proyectos no han querido pagar maquinaria o trabajadores que desmonten estas zonas con otras técnicas que no atenten contra la calidad del aire.

Un segundo aspecto que llama la atención, es la cantidad de arena que estos proyectos han levantado al aire sin que se observen medidas que mitiguen los impactos que dicho material genera en el aire. No se ven mallas protectoras, ni carrotanques mojando el terreno para evitar que ésta se levante.

Como verificación empírica de lo anterior hemos preguntado en el consultorio médico de la Universidad del Norte, si se han incrementado el número de consultas por afecciones a los ojos o personas con síntomas de gripa. Nos han comentado que en efecto se han incrementado, sobre todo las de ojos, en unas 20 a 30 consultas más del promedio normal, el cual llegaba a sólo 10 consultas mensuales.

Al respecto cabe recordar que el Código de los recursos naturales (Decreto-Ley 2811/74), señala en su Artículo 76 que existen efectos nocivos provenientes de las quemas para desmonte o limpieza de terrenos, y se proponer que las autoridades ambientales presten asistencia técnica para su preparación por otros medios. En los lugares en donde se preste la asistencia, se sancionará a quienes continúen con dicha práctica a pesar de haber sido requeridos.

Como consecuencia de todo esto, también hemos descubierto que los colegios de la zona amontonan su basura en un rincón y la queman, desconociendo normas que establecen prohibiciones en este sentido desde hace más de 30 años. El Código Sanitario (Ley 9 de 1979) señala en su artículo34, que está prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de eliminación de basuras, sin previa autorización. Cabría preguntar si estos colegios cuentan con la preceptiva autorización, que en todo caso, resulta ser excepcional. Las columnas de humo y el olor pueden percibirse desde la carrera 53 cuando se transita por ella en dirección norte.

Por su parte el Decreto que regula el Código de los recursos naturales, el Código Sanitario y la Ley Marco ambiental (Ley 99/93) en relación con la contaminación atmosférica, el 948 de 1995, señala que las quemas abiertas en suelo rural y de expansión urbana están expresamente prohibidas. Y que en cualquier caso, tratándose de quemas en cualquiera de sus formas, se entiende que constituyen actividades sometidas de forma especial al control de la autoridad ambiental competente.

De forma concreta, los artículos 28 y 29 de este Decreto señalan: Art.28 Quema de Bosque y Vegetación Protectora: Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional. Art. 29º.- Quemas Abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas...

Ahora bien, cabe preguntarse si nuestras autoridades ambientales realizan bien su trabajo de controlar este tipo de emisiones. Para ello, nos dimos a la tarea de poner en conocimiento de la autoridad ambiental regional, la CRA, los hechos aquí reseñados. Los comentamos ante la CRA, por considerar que los predios están ubicados en su jurisdicción, teniendo en cuenta además, que las licencias de urbanización y construcción fueron otorgadas por la Secretaría de Planeación del Municipio de Puerto Colombia.

Inicialmente nos respondieron que no eran competentes, ya que nos encontrábamos en jurisdicción del DAMAB, y luego de explicarle que las licencias habían sido otorgadas por el Municipio de Puerto Colombia nos comentaron que no disponían del personal suficiente para realizar el operativo de verificación. Nos pidieron dirigirnos con un miembro de la policía nacional, tomar fotos y levantar un acta, llevarla a la CRA para que pudieran iniciar una actuación administrativa.

Que panorama más lamentable, que horror. Queda en evidencia la capacidad de reacción de nuestra autoridad ambiental regional, mientras en su interior se ferian puestos y contratos, se roban el dinero y se matan unos a otros.

Así como vamos, las cosas seguirán siempre igual. El aire cada vez peor, sumando cemento y carbón. Las autoridades ambientales incompetentes, o por lo menos, así se catalogan ellas mismas para adelantar sus labores.

Lo anterior pone al descubierto otro aspecto de suma importancia para la ciudad y su proyección: la necesidad de definir de una vez y para siempre la cuestión de los límites con los municipios circunvecinos, aunque vaya paradoja, constituyan un Área Metropolitana para la buena marcha de los asuntos comunes.

Se requiere mayor actuación de la autoridad competente, y mayor conciencia y responsabilidad ciudadana de quienes adelantan este tipo de proyectos. Si quieren el bien, hagan el máximo bien a la ciudad, y no el bien particular sin reportar o respetar los intereses de todos.

Con todas estas cosas, no es de extrañar que el reporte de la Sociedad de Ingenieros químicos del Atlántico se haya quedado corto.