Carlos Javier Velásquez Muñoz

Para nadie es secreto la crisis por la que atraviesa nuestra justicia, todos los días nos levantamos con una noticia en la prensa, radio o televisión que da cuenta de las injusticias, arbitrariedades, actos de corrupción, excesos, exabruptos, dilaciones injustificadas de nuestro sistema judicial; así como las trifulcas, mala praxis, faltas a la ética, shows mediáticos, de un grueso grupo de profesionales del Derecho.

Cualquiera pensaría que ello es creación de un conjunto de medios de comunicación amarillistas a los que solo le interesa recrear lo malo para posicionar noticias y vender, sin embargo, la cierto es que la realidad es aún peor de lo que alcanzan a transmitir los medios de comunicación.

Para los profesores universitarios enseñar, en medio de los mensajes negativos a los que se ven sometidos de manera constante nuestros estudiantes, se ha convertido en un asunto cada vez más complicado y, en algunos casos, desalentador. Día a día nos preguntamos: ¿qué está pasando?, ¿a qué se debe este panorama y ésta dinámica tan dañina?, ¿qué hacer?.

Respuesta o fórmula mágica para un asunto tan complejo no hay; precisamente, para un problema complejo, se requieren respuestas que entiendan y respondan a la complejidad.

Una de las causas que podemos establecer se encuentra en el producto. Los abogados, cualquiera sea el rol profesional que desempeñen, trabajamos con un producto defectuoso, lo que sale del recinto en el que se crean las leyes en vez de solucionar problemas, los agravan; situación aún más delicada en la medida en un país legalista como el nuestro, gran parte de la sociedad cree que los problemas se resuelven expidiendo leyes. Por eso tenemos inflación legislativa.

Sin duda tenemos un mal producto, pero, ¿qué más podemos esperar?, ¿qué puede salir de un Congreso como el que tenemos?. Ahora bien, nosotros mismos los elegimos y allí comienza el círculo vicioso. Ese es el sistema que tenemos, y cambiarlo, es una ardua tarea que requiere otro tipo de esfuerzos y estrategias; en el entretanto, hay cosas que se pueden ir haciendo.

Desde nuestra modesta opinión, al Derecho del país le falta mayor influencia científica, lo anterior quiere decir, que la adopción de decisiones legislativas estén soportadas en datos veraces, válidos y confiables resultado de procesos rigurosos de indagación sobre la realidad que se estudia y decide encauzar.

Como consecuencia de lo anterior, si el congresista no es apto o competente para hacerlo, debería estar rodeado de personas con la capacidad para hacerlo.

Sin embargo, al revisar los datos sobre los investigadores en Derecho del país, el rezago es notable, siendo la realidad de la Región Caribe en extremo preocupante:

En la Región Caribe hay 22 Universidades que ofertan la carrera de Derecho.

En esas 22 Universidades hay 28 Grupos de Investigación en Derecho. Lo anterior quiere decir que la Región Caribe aporta solo el 12.5% de los Grupos de Investigación en Derecho del país (sobre un total de 208 reconocidos por Colciencias).

Ahora bien, si la situación es ya preocupante en relación con la cantidad de Grupos de Investigación, lo es aún más con el número de investigadores formados al nivel necesario para robustecer una investigación pertinente.

En total hacen parte de los 28 Grupos de Investigación de la Región Caribe 435 investigadores, de acuerdo con la información reportada en el Sistema de Información GrupLac de Colciencias. De esos 435 investigadores, solo 22 tienen formación doctoral, es decir un 4%. Solo una Universidad de la Región reúne el 72,2% de los doctores (16), lo que quiere decir que el resto de las 21 Universidades se reparten el 27% de los doctores restantes.

Por último, si miramos los doctorados en Derecho en el país, tenemos que existen 11 doctorados, 8 de los cuales están en la ciudad de Bogotá y dos en una universidad en Medellín. Una reciente y muy positiva noticia es que el Gobierno Nacional aprobó el registro calificado para que la Universidad del Norte pueda ofertar el primer Doctorado en Derecho de la Región Caribe; sin duda será una enorme oportunidad y responsabilidad.

Para aportar ciencia al Derecho se requiere de profesionales con las competencias necesarias para conocer e intervenir la realidad de manera metódica y rigurosa. El camino en este ámbito del conocimiento apenas despega.

La noticia del Doctorado en Derecho de la Universidad del Norte es una nueva evidencia de nuestro serio y sincero interés por continuar la decidida apuesta y contribución al avance de la Ciencia Jurídica del país y al desarrollo del recurso humano de la Región, aumentando los niveles de investigación pertinentes y de alto impacto generado por profesionales independientes y académicos que laboran en las Instituciones de Educación Superior.