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Carlos Javier Velásquez Muñoz

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TITULO Profesor e Investigador Asociado de Tiempo Completo en la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

ACERCA DE MÍ Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca (España), Magister en Derecho Ambiental, Universidad del País Vasco (España), Especialista y Postgraduado en Derecho Ambiental y Administrativo. Con cursos de Postgrado en Derecho Urbano y Comunitario Europeo. Investigador en Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Derecho Urbano-Territorial, Planificación para el Desarrollo Urbano y Análisis Institucional. Así mismo, tengo a mi cargo en calidad de Director Académico del Doctorado en Derecho, la Maestría en Derecho Ambiental y Urbano-Territorial, así como la Especialización en estas mismas materias.

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Vaya paradoja: justo cuando contamos con Ministro de ambiente barranquillero y Contralor delegado en lo ambiental barranquillero, el Departamento del Atlántico y su capital, se han convertido en la deshonra de la gestión ambiental en Colombia.

Sin apelativos, de forma categórica, no puede haber una correcta gestión ambiental, allí donde hay autoridades ambientales corruptas e inoperantes.

Nadie puede negar que las autoridades ambientales del Atlántico se encuentran sumidas en una lamentable situación. La autoridad ambiental regional, la CRA, es epicentro de corrupción, en donde se roba, y además matan por disputarse lo robado, e inepta, por carecer de personas idóneas para desempeñar su labor. Aclaramos, y nos consta, que hay gente capaz, pero que han mantenido al margen para que no torpedee el carrusel de millones dilapidados al interior de la entidad.

Razón tenía Manuel Rodríguez Becerra, primer Ministro de ambiente, cuando en su libro sobre la gestión ambiental en Colombia, señaló que durante el proceso de expedición de la Ley marco ambiental, la creación de las Corporaciones Autónomas Regionales fue un proceso del más puro pillaje burocrático. Congresistas con afán de mantener clientelas y fortalecer su poder político, pedían para su “región” no una, ni dos, sino hasta tres autoridades ambientales.

Años después hemos verificado, por lo menos para el caso del Departamento del Atlántico, que lo que en principio se entendió como un espacio de representatividad y concertación política en lo ambiental, ha quedado convertido en un escenario desde el cual se negocian contratos, votaciones, puestos, se reparten y ferian dineros públicos, y se fortalecen grupos y grupúsculos que incursionan en el escenario político.

Ya va siendo hora de una reforma a la Ley 99, para que a los Concejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales lleguen personas idóneas, con suficiente conocimiento en gestión ambiental, con sensibilidad por estos asuntos, que quiera trabajar por el interés colectivo, que piense con criterios de equidad intergeneracional, que entienda la importancia global y estratégica del tema. Menos Alcaldes de poca monta, ONG de papel, representantes de gremios que se representan a sí mismos o a sus intereses de grupo, o minorías étnicas divididas y/o que no reconocen la jerarquía de sus autoridades.

Por su parte, la dirección de la entidad es clave. Es necesario blindar los procesos de selección del Director. Hay que lograr que éste sea transparente, que sólo lleguen los más capacitados, con suficientes conocimientos de la realidad ambiental y social del Departamento, del país, del mundo. Gente sin afán de lucro, que no piense en llenarse los bolsillos a costa del erario público.

Pero si por los lados de la CRA llueve, por la autoridad ambiental urbana no escampa. El DAMAB es otra entidad deslucida, y lo peor es que lleva arrastrando ese lastre desde hace tiempo.

Barranquilla es la única ciudad, de las 6 que de acuerdo con la Ley pueden tener autoridad ambiental urbana, que ha tenido a día de hoy 3 autoridades ambientales diferentes, con la posibilidad de liquidar la actual para crear una cuarta.

¿Qué gestión puede haber en una entidad que ni siquiera ha logrado recuperar el sistema de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad?. ¿Qué metas puede proponer en este sentido, qué planes puede ejecutar a futuro?.

12.000 millones de déficit, 9 meses sin pagarle a sus empleados. ¿Será que estamos destinados a que la gestión ambiental de Barranquilla sea colocarle nombres a los árboles de la ciudad o arreglar los parques?.

No tenemos ni idea de la calidad del agua que bebemos, del aire que respiramos, no le interesa a la autoridad ambiental defender la integridad ambiental del espacio físico-geográfico de la ciudad, de lo contrario nuestro Plan de Ordenamiento Territorial tendría una intervención mucho más decidida de cara la protección ambiental en el planeamiento, crecimiento y la ocupación del suelo.

¿Qué proceso pedagógico sostenido ha emprendido nuestra autoridad ambiental urbana para enseñar, concientizar e instruir a nuestra sociedad sobre la conservación y cuidado de nuestro medio ambiente?. ¿Qué hace la autoridad ambiental por los ecosistemas estratégicos de la ciudad?, ¿qué hace para mitigar o corregir los impactos de las actividades de mayor entidad perjudicial para la calidad de nuestro ambiente, como son el cargue y descargue de hidrocarburos en nuestros puertos fluviales?.

¿Qué hace para controlar las emisiones relacionadas con la quema de plomo, para evitar la incorrecta e ilegal gestión de los residuos, en particular de los residuos hospitalarios?.

En fin, ¿qué pasa con nuestra autoridad ambiental?.

Como ya hemos sostenido en otro escrito, no cabe duda que las funciones de autoridad ambiental urbana deben pasar a manos del Área Metropolitana, para que también pueda controlar los impactos provenientes del Hinterland de la ciudad, con competencia, capacidad y presupuesto para actuar de forma cómoda

La Ley lo permite, sólo falta la voluntad política para asignar las funciones, pero además verificar que se asuman y cumplan con la mayor transparencia e idoneidad.

Apelamos a nuestras máximas autoridades ambientales, vecinos de nuestra ciudad, a que volteen su mirada a la realidad ambiental del Departamento, y a que desplieguen toda su competencia y capacidad para ayudar a aclarar el intrincado panorama actual, y a proponer soluciones que blinden el escenario futuro para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

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