La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el plazo de 10 meses para el pago de condenas por prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social Integral, luego de estudiar una demanda de inconstitucionalidad presentada por el bufete de abogados Rafael Rodríguez y Asociados, cuyo socio director es docente de la Especialización en Seguridad Social de Uninorte.

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