“Para el comercio internacional estamos viviendo un periodo de guerra”

Comercio internacional y migraciones son dos puntos neurálgicos en la crisis generada por la COVID-19. Las medidas a nivel mundial de cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas han traído consigo un sinnúmero de temáticas a discutir; algunas de ellas se tocaron en la Jornada de Derecho del 19 de mayo.

En un conversatorio, que se transmitió por el canal de YouTube Uninorte Académico, tuvo como panelistas a Silvana Insignares Cera, coordinadora académica de la maestría en Derecho del Comercio de Uninorte; David Marín Cortés, director ejecutivo de la Secretaría para la aplicación de legislación ambiental bajo el acuerdo TLC de Colombia y Estados Unidos; Álvaro Botero, abogado de la Universidad del Norte y coordinador de la Unidad sobre Refugiados y Desplazamiento Forzado de la OEA; y María Teresa Palacios, directora del grupo de investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Y contó con la moderación de la docente del departamento de Derecho, Shirley Llain. 

Insignares, doctora de la Universidad de Sevilla, contextualizó que antes de la pandemia el comercio internacional ya venía decreciendo a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que inició desde mediados de 2018. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio disminuirá entre 13 y 20 % en el 2020. 

La docente señaló que las diferentes restricciones en las importaciones y exportaciones que han tomado los países están en una balanza entre solventar la emergencia versus seguir los parámetros de obligaciones internacionales y el compromiso de evitar discriminación contra cualquier producto o inversión extranjera. “Es una coyuntura compleja donde muchos estados han optado por el proteccionismo de sus fronteras y mercados y adicionalmente están tratando de fortalecer la regionalización”, detalló. 

La OCDE ha manifestado que se requiere un nuevo plan Marshall, haciendo referencia a la estrategia posterior a la Segunda Guerra Mundial que nació de la necesidad de restablecer la unión económica, política y social de los estados europeos tras la devastación. “Para el comercio internacional estamos viviendo un periodo de guerra y se deben tomar unas medidas generalizadas. Protección de sectores sensibles, fortalecer los procesos de integración regional, seguridad jurídica del estado para evitar riesgos, facilitar el comercio regional y extraregional, diversificación de exportaciones, controlar el proteccionismo, solidaridad, cooperación y esfuerzos conjuntos”, añadió.  

Cortés advirtió que en esta coyuntura hay que estar alertas, pues el sector ambiental es muy susceptible a ajustes de presupuestos y en la medida que haya recortes y ajustes, las autoridades ambientales y los gobiernos dejan de conseguir los recursos para operar y, en particular, para adelantar el control ambiental. Al mismo tiempo, le preocupa que varios gobiernos han propuesto flexibilizar estándares ambientales y suspender términos de obligaciones como medida para recuperarse de la crisis en lugar de aprovechar este espacio para replantearse formas más sostenibles de operar. 

Botero estuvo de acuerdo con la aseveración del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando afirmó que la COVID-19 es el mayor desafío que la humanidad ha enfrentado en su conjunto desde la creación de las Naciones Unidas y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, celebró los cortos tiempos de respuesta y el aporte oportuno que han hecho los diferentes órganos internacionales. Al mismo tiempo advirtió que esto ha generado una fragmentación en términos de respuesta. 

Esto ha afectado especialmente a poblaciones vulnerables, como lo son los migrantes. Palacios se centró en el caso colombiano y lo que han vivido los migrantes venezolanos: por más de que se les quiera garantizar el acceso a la salud, en un sistema desbordado por la oferta, la realidad es otra. “Tenemos deficiencias estructurales muy grandes en materia de atención, pues las medidas que ha tomado el Estado han sido de coyuntura y de respuesta inmediatista a la ola migratoria”, dijo.  

La docente e investigadora de la Universidad del Rosario manifestó que una de las problemáticas que se han agudizado con las medidas de cierre de fronteras son las redes de trata de personas que no utilizan los pasos oficiales para la entrada y salida de personas. Botero complementó que, debido al confinamiento, la capacidad de monitoreo ha disminuido no solo por las autoridades sino también por organizaciones de derechos humanos, instituciones públicas, y academia.  

Por Leonardo Carvajalino