“Acceso a educación y apoyo a comunidades étnicas son prioridad en crisis migratoria“: Acnur

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), más de un millón de inmigrantes de Venezuela han cruzado la frontera hacia Colombia, y cerca de 660 mil se han quedado en nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida. Para Nicolás Rodríguez Serna, oficial asistente de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, seccional Colombia, este hecho histórico implica una adaptación de las instituciones y de la cultura a la nueva realidad social.

El funcionario participó este 10 de mayo en un coloquio organizado por la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en el marco de la Semana de Derecho, que generó un espacio de reflexión y análisis sobre los flujos migratorios provenientes de Venezuela.

“Los derechos en Colombia dependen mucho de la documentación. Si hablamos de necesidades básicas, todo lo que tiene que ver con niñez es prioritario para nosotros y para el Gobierno. El acceso a la educación al igual que las necesidades de las comunidades étnicas son prioridad”, afirmó Rodríguez Serna.

Acnur tiene un marco de trabajo amplio y articulado. Trabaja con las autoridades del Gobierno en el registro de venezolanos, liderado por la Presidencia, para entender a la población afectada y su potencial, y alimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas sobre sus derechos.

“El Gobierno ha creado esta primicia especial de permanencia, que tiene más de 180 mil beneficiarios y los ha ayudado a regularizarse en Colombia y tener acceso a salud, trabajo y educación. Queda un porcentaje de personas que no tienen un estatus y la prioridad es a través del registro y otros ejercicios poder identificar las necesidades de esta población y explorar alternativas”, explicó el oficial.

Asistencia en Atlántico

Laura Vanessa Cera Rodríguez, coordinadora local del programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional en el Consultorio Jurídico de Uninorte, habló durante el coloquio sobre el trabajo que viene realizando la dependencia en el Atlántico con los migrantes.

Desde septiembre de 2017 hasta la fecha, alrededor de 251 personas, entre migrantes venezolanos y colombianos retornados, han sido atendidas en cuatro brigadas desarrolladas por el programa en Sabanalarga, Puerto Colombia, el barrio Las Flores y Pinar del Río. El propósito es asesorarlos en diferentes trámites jurídicos que desconocen, principalmente para obtener el registro nacional.

“Entre los obstáculos que más se nos ha presentado está el tema de las registradurías, las cuales, independientemente de que existen circulares gubernamentales en las que se establecen los requisitos para acceder a los trámites, muchas veces crean requerimientos nuevos que no están dentro de la legislación, como por ejemplo exigirles citas para hacer el trámite cuando realmente no es así, o decir que los testigos deben ser familiares cuando dentro de la circular no dice nada de eso”, argumentó.

Durante la jornada también participaron Shirley Llain, docente investigadora en el área de Derecho Internacional y directora de la Clínica de Inmigrantes, Refugiados y trata de personas de Uninorte; Laura Rodríguez, coordinadora nacional del Programa de Asistencia Legal a personas con necesidades de protección internacional de la Corporación Opción Legal; Laura Pedraza, Coordinadora local del Programa de Asistencia Legal a Población con necesidad internacional del departamento de Arauca.

Por José Luis Rodríguez R.