Acciones e incertidumbres que genera la implementación del acuerdo de paz

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Gala Rocabert, del Centro de Estudios del Caribe, durante el conversatorio.

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08 nov 2017

El día que se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional (24 de noviembre de 2016) Adriana Arias afirmó sentir un sosiego que jamás pensó concebir: dar fin al conflicto armado que durante 53 años marcó su vida era como volver a nacer. Durante 25 años hizo parte de la guerrilla, fue enfermera y vivió de frente el derramamiento de sangre entre colombianos.

“Ingresé a las filas a los 15 años, siendo estudiante, en Valledupar. Tenía dificultades económicas, pero más que eso entré por las consecuencias que sufrieron las luchas estudiantiles en esa década de los 90, nos llevó a más de uno a tomar esa decisión”, argumentó el pasado 2 de noviembre en las afueras del salón 31K, minutos después de participar del conversatorio Voces de mujeres: las nuevas apuestas en el proceso de construcción de paz del programa de investigación, acción y pedagogía para la generación de paz de la Universidad del Norte, UNCaribe.

El evento, realizado como el cierre de sus actividades este año, brindó un espacio de diálogo entre cuatro mujeres que actualmente son actoras en la construcción de paz en Colombia. Estas fueron Gala Rocabert, del Centro de Estudios del Caribe (Cescaribe); Lorena Morales, integrante del Colectivo Mujeres al Derecho; Paola García, profesora del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Uninorte y Adriana Arias, integrante ahora del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. El panel fue moderado por Mónica Vásquez, docente del departamento de Derecho.

“A casi un año de la firma del acuerdo se puede decir que el tema de la implementación está muy atrasado. No quiere decir un fracaso, pero sí que enfrenta muchas dificultades. Desde Cescaribe se sacó un informe en octubre de cómo iban los acuerdos y se indicó que había un cumplimiento del 12 %, muy poco”, manifestó Rocabert al público.

Para las panelistas unos de los mejores aspectos del acuerdo ha sido el reencuentro de las familias y el que se hayan “callado” los fúsiles, pues “solo el que ha vivido la guerra sabe lo duro que es”, sin embargo coincidieron en percibir hoy una demora en la implementación.

“Me gustaría dejar por sentado que para las organizaciones también hace parte de la construcción de paz todas las acciones que, desde la sociedad civil, se vienen realizando en el territorio desde hace mucho tiempo. La paz también pasa por la justicia social, la justicia económica y de género”, advirtió Morales.

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) se definió en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC para construir la política pública de reincorporación, establecer las actividades, hacer evaluación al cumplimiento de las mismas y viabilizar los proyectos productivos.

El Consejo Noruego para los Refugiados y la Fundación Fucepaz, conformada por indultados de las FARC, adelantaron un censo sobre los aspectos educativos de la población que se reincorporará. Hoy se realiza una fase de alfabetización e implementación de modelos educativos flexibles para la nivelación de primaria y secundaria en las 26 zonas veredales, la cual inició el 8 de agosto.

Arias, como constructora hoy de paz entre los municipios de La Paz y Manaure, en el departamento de Cesar, manifestó que el principal reto que tiene la sociedad es “la apropiación que debe de haber desde los distintos sectores sobre el acuerdo de paz. Que se entienda que el acuerdo no es solo para las FARC, sino para todo el pueblo colombiano”.

Para García actualmente en la implementación del punto 1, que es el de la reforma rural integral, el Gobierno está llevando a cabo dos acciones significativas: una es la construcción del catastro alternativo y otra tiene que ver con la construcción de los planes de desarrollo territorial, ambas son acciones que están en la fase de diseño, pero preocupa desde las comunidades que “estas no están siendo llamadas al diseño de los instrumentos”.

De igual forma normas como las zonas de desarrollo de interés económico -consideraron las panelistas- plantean “una visión regresiva frente a las obligaciones del Estado en la garantía de los derechos de la comunidad rural”.

“Ahora podemos estar más tranquilos, dormir sin persecuciones y dedicarnos al estudio, pero también notamos cierto abandono o falta de interés en el acompañamiento, y nos llena de incertidumbre”, afirmó Arias.

Por José Luis Rodríguez R.

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