¿Cómo impacta la crisis de COVID-19 en la migración venezolana?

En Colombia el primer caso de COVID-19 fue confirmado el 6 de marzo de 2020. Para contener y mitigar la pandemia, el Gobierno cerró el 14 de marzo la frontera con Venezuela, como una acción sanitaria necesaria para disminuir las aglomeraciones humanas en los pasos terrestres binacionales que podrían generar la propagación del virus, principalmente a través de Villa del Rosario (Norte de Santander) y Maicao (La Guajira).

De acuerdo con el "Informe situacional: migrantes venezolanos en Colombia y la pandemia COVID-19", elaborado, con corte del 16 de mayo, por Lancet Migration —una colaboración global entre la revista médica The Lancet e investigadores en el campo de la migración y la salud—, debido a las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, y dada la emergencia sanitaria y social coyuntural, “es urgente que el Gobierno Nacional profundice y continúe la inclusión de los migrantes en las estrategias de intervención”.

El documento fue elaborado por Andrés Cubillos, profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana; Ietza Bojorquez-Chapela, investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de La Frontera Norte, y Julián Fernández, docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte y coordinador de la Red de Migración y Salud.

Aunque se espera que los migrantes venezolanos constituyan una parte importante de los casos de la enfermedad en el país, al representar entre el 3 al 4% de la población (contando solo aquellos con intención de permanencia), la información pública que se tiene actualmente sobre la incidencia de COVID-19 en ellos es muy limitada.

“La importancia de este informe es que llegue a tomadores de decisiones, influenciadores, agentes internacionales, investigadores y al propio gobierno nacional y local, para poder tomar mejores decisiones e incluir a los migrantes en la respuesta como COVID-19 y protegerlos”, puntualizó el profesor Fernández.

El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela implicó el aumento de la probabilidad de uso de pasos informales y la clausura del área de servicios humanitarios en uno de los pasos fronterizos en Cúcuta que atendía diariamente las necesidades de cientos de personas venezolanas, lo que sumado a la indicación del Gobierno colombiano de disminuir los contactos entre personas, mediante la disminución de actividades de las organizaciones de la sociedad civil, significó para muchos migrantes la pérdida de su principal fuente de atención en salud.

Las medidas de distanciamiento social también han impactado las fuentes de ingreso de las personas migrantes de origen venezolano, que en su mayoría subsisten con empleo informal. Al perder estas opciones de trabajo, dada su bajo ingreso y pocas redes de apoyo, los venezolanos se encuentran en peores condiciones de vulnerabilidad que la población colombiana.

Los expertos señalan que el Gobierno colombiano ha implementado estrategias para mitigar esta situación, pero ayudas como el “ingreso solidario” han sido asignados principalmente con base en el SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiarios), al que solo pueden acceder los migrantes regulares. La situación de estas personas en Colombia se ha vuelto más difícil, con consecuencias graves sobre la salud y el bienestar. Como resultado, algunos migrantes han tomado la decisión de volver a Venezuela, pese a no tener la certidumbre de que en ese país encontrarán mejores condiciones de vida.

Recomendaciones

Los académicos establecen tres recomendaciones al Gobierno Nacional, departamental, local, las agencias de cooperación internacional y autoridades sanitarias para la inclusión de los migrantes en las estrategias de respuesta contra la COVID-19 en Colombia. Estas son: el acceso urgente a la atención médica para todos los migrantes y refugiados a lo largo de la respuesta, garantizando el acceso a servicios de salud para el aislamiento y atención de casos de COVID-19 en municipios de frontera y municipios de llegada de migrantes al interior del país.

También la inclusión de todas las poblaciones de migrantes y refugiados en la prevención, preparación y respuesta de las desigualdades estructurales y vulnerabilidad económica frente a la enfermedad. Es decir, incorporar a la vigilancia epidemiológica las variables de etnia, país de origen y estatus migratorio que permitan evaluar desigualdades y la magnitud del impacto de la pandemia.

Además, ampliar la distribución de ayudas humanitarias, alimentos y kits de aseo para llegar a aquellas personas no registradas en las bases de datos de migrantes a nivel nacional; garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico para los migrantes más vulnerables, y desarrollar estrategias para mitigar las violencias basadas en género, relacionadas con el confinamiento.

Por último, diseñar estrategias de información pública inclusivas para los migrantes de adherencia a medidas de protección personal y para la prevención de la xenofobia y comportamientos hostiles contra los mirantes, especialmente aquellos asociados erradamente a identificarlos como propagadores de COVID-19. 

Por José Luis Rodríguez R.