Conversatorio sobre desaparición forzada puso en diálogo a víctimas con las instituciones

Representantes de instituciones públicas y víctimas de desaparición forzada se reunieron el 5 de septiembre en el auditorio para hablar sobre esta temática, durante el “Conversatorio regional justicia para la paz de Colombia 2020”. Varios afiches fueron pegados en las paredes del recinto, con los nombres y caras de aquellos seres queridos que un día se fueron para no regresar. Se estima que desde 1950 hasta hoy hay alrededor de 83.000 casos de desaparición forzada en torno al conflicto en Colombia, 15.300 de ellos en la Costa Caribe.

“Cualquier proceso de paz es mejor que la guerra y las atrocidades que en esta ocurren”, afirmó el rector Adolfo Meisel, quien habló en su discurso de cómo el conflicto interno parece acabarse y para luego surgir un nuevo grupo insurgente. “Lastimosamente, la desigualdad, corrupción e ineficiencia, que son el problema del país que no permite el desarrollo, deberían ser la prioridad y no el conflicto, que no nos dejó nada positivo”, reflexionó el rector.

Posteriormente, Peter Ptassek,embajador de Alemania, también se dirigió a los asistentes para brindar un mensaje de apoyo. El representante de una de las naciones más comprometidas con el acuerdo de paz y la ayuda humanitaria para víctimas de desaparición, afirmó que “el esclarecimiento, por más doloroso que sea, es necesario para que la sociedad crezca junta”.

El primer panel de la mañana estuvo compuesto por María Paulina Riveros, vicefiscal de la Nación; Carlos Valdés, director nacional de Medicina Legal; Christoph Harnitz, jefe de la delegación del CICR en el país; Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y Rosario Arroyo, líder del movimiento Víctimas de Crímenes contra el Estado y madre de un joven que desapareció hace 25 años cuando prestaba el servicio militar. Las intervenciones fueron moderadas por Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia 2020, quienes organizaron el evento en conjunto con Uninorte y el diario El Espectador.

En este espacio, en el que los panelistas respondieron a inquietudes del público, la vicefiscal Riveros reveló que se encuentran en proceso de entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz los archivos relacionados con desapariciones forzadas. No obstante, aclaró que mientras la JEP se mantiene en esta etapa inicial —en la que está seleccionando qué es o no relevante al proceso de paz— los casos continúan siendo investigados por la Fiscalía.

El director de Medicina Legal contó que la institución se encuentra en un proceso de cambio en el trato con las familias de los desaparecidos. “Pido perdón porque sé que la institución los ha maltratado, no daba información alegando que había reserva en el caso y alejamos a las familias”, dijo Valdés al público que aplaudió el gesto.

Harnitz, quien está a cargo de la fundación que ayuda a familiares a buscar a sus desaparecidos, afirmó que es tiempo de comenzar a entregar resultados o respuestas a los familiares. Monzón en su intervención respondió a esta inquietud que presentó el alemán, que ya existe financiación por parte del Ministerio de Hacienda para que comiencen las labores de la Unidad de desaparecidos.

Posteriormente, se realizó un segundo panel con Diana Arango, de Équitas; Olga Esperanza Rojas, esposa de un coronel del Ejército desaparecido; Zeneida López Cuadrado, docente de Uninorte; Rafael Aponte, fiscal de la JEP, y Ana Cristina Navarro, directora de Pedagogía de la Comisión para la Verdad. En este se trataron las lecciones que se han aprendido en Colombia con el fin de otros conflictos, como Justicia y Paz, y cómo se aplicarán a futuro en este nuevo reto que es la JEP.

Arango, representante de la firma que apoya a familias de víctimas de desaparición forzada, hizo eco de los sentimientos expresados por los asistentes: una de las problemáticas más recurrentes a la que se enfrentan los denunciantes es la “lenta respuesta institucional”. El fiscal Aponte comentó que de la Ley de Justicia y Paz aprendieron que “la única forma de ser efectivos es el agrupamiento de casos de manera contextual” puesto que de investigarse uno por uno sería mucho mayor el esfuerzo que tomaría.

La profesora López contó que en los 13 años que lleva Justicia y Paz ha hallado alrededor de 7.000 cadáveres de víctimas de desaparición forzada y que esta experiencia servirá para la información que los desmovilizados de las Farc brinden. “El hilo que nos debe conducir a todos es la memoria, se debe involucrar familias y personas que conozcan el territorio”, anotó. Por último, Navarro, representante de la Comisión para la Verdad, hizo referencia a la importancia de la memoria en el proceso de crear una nueva patria. “Querernos recoger para crear un gran relato de lo que pasó en el conflicto armado como país. Es una verdad que nos ayuda para aliviar el dolor y pasar la página”, puntualizó.

Por Leonardo Carvajalino