El acceso a la información en el escenario del posconflicto

La Declaración Universal de los Derechos Humanos describe en su artículo 19 la obligación que tienen los estados de garantizar el derecho de sus ciudadanos a investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas por cualquier medio. La libertad de expresión es, pues, un bien prioritario en la sociedad.

Con el objetivo de convertir la libertad de expresión en un asunto ciudadano, un tema de conversación pública y una táctica para profundizar la democracia, se llevó a cabo en la Universidad del Norte, el pasado 5 de abril, la segunda edición de la Cátedra de Libertad de Expresión, una iniciativa del Proyecto Antonio Nariño (PAN).

Este proyecto surgió hace más de 15 años como una alianza de organizaciones que promueven la libertad de expresión y el acceso a la información pública, como la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia - FESCOL, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano - FNPI, y la Asociación Colombiana de Editores de Diarios- Andiarios. La Cátedra se realizó gracias al trabajo de una red de universidades conformada por Uninorte, la Universidad de los Andes, la Universidad Eafit de Medellín, la Universidad Icesi de Cali, donde se llevó a cabo la primera edición.

El acceso a la información y la transparencia de la misma fueron algunos de los temas centrales de los cuatro paneles que conformaron la Cátedra, teniendo en cuenta el reto que el periodismo hoy enfrenta al cubrir la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, así como la entrada en vigencia de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para periodistas como Sebastián Salamanca, coordinador del PAN, es inevitable no remontarse a 2005, cuando Colombia empezó a travesar el proceso de Justicia y Paz, una época que Salamanca definió como “uno de los mayores fracasos del periodismo en las últimas décadas".

“7531 personas fueron a confesar sus delitos, pero no se permitió en gran medida la presencia de un periodista que informara lo que estaba pasando. Los archivos de videos de las audiencias son considerados información reservada y la mejor chance para conseguirlas es a través de filtraciones. Mucha información que nos permitiría conocer las causas y el curso del conflicto se están pudriendo en los archivos fiscales”, comentó Salamanca.

Teniendo en cuenta estas enormes dificultades, Salamanca hizo un llamado en nombre del Proyecto Antonio Nariño, a la necesidad de presionar para garantizar en el cubrimiento al proceso de la JEP. “El acceso a la información pública son los ladrillos con los que se construirán esas historias”, dijo.

En 2016, el PAN realizó la IV Encuesta Nacional a Periodistas sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, cuyos resultados fueron presentados por Salamanca durante el evento. En este sondeo se halló como dato relevante que de los 800 periodistas colombianos encuestados en todas las regiones del país, el 60% no conocen la recientemente promulgada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y entre aquellos que la conocen, la mayoría consideran que no contribuye a su ejercicio como periodista.

También se encontró que solo alrededor del 20% de los periodistas presentaron solicitudes de información o accedieron archivos públicos para sus piezas. Se halló también que el 47% de los periodistas que solicitan información pública les fue exigido revelar el propósito de su solicitud, un hecho que según Salamanca viola los estándares interamericanos de acceso a la información pública, y el 44% recibió información condicionada sin fuente. En otros casos la información fue entregada dependiendo del medio donde laboraba el reportero, o se le negó la información argumentado reserva, incluso en casos donde esta no aplica.

Esta encuesta alimentó sendos índices de libertad de expresión y de acceso a información pública, en los que el Atlántico se situó como 24 y 31 respectivamente entre los 32 departamentos del país. Bolívar, Magdalena y Córdoba obtuvieron similares calificaciones bajas.

En este contexto, Juan Diego Restrepo, editor de Verdad Abierta, sostiene que un periodista investigativo debe tener paciencia y “una protección mental para absorber lo que viene en términos de frustración”. En temas de conflicto y derechos humanos, de acuerdo con Restrepo, todo transcurre en un escenario de poder. “El que tiene la información tiene el poder, sea una secretaria o un ministro”, dijo y añadió que “presentar un derecho de petición para obtener una información se hace ver como si fuera fácil, pero puede socavar la imagen de uno y cerrarle puertas. Por ser crítico no lo declaran a uno como inteligente sino como indeseado”.

“Esto nos termina haciendo unos ‘intrusos’, unas personas hostiles que mostramos lo que se quiere ocultar”, expresó a su vez Tadeo Martínez, corresponsal de la revista Semana en el Caribe colombiano. “Los funcionarios públicos siempre van a ponernos dificultades mientras nos encontremos en su sistema de clientelas y corrupción, donde todo funciona por medio del intercambio de favores”.

De acuerdo con Vivian Newman, subdirectora Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – De Justicia, la mencionada Ley de Transparencia, se convierte en una herramienta valiosa, pues sigue el principio de máxima divulgación, donde la información es la regla y el secreto la excepción. “Los funcionaros públicos creen que la información que tienen les pertenece a ellos y la protegen porque creen que va a ser usada en su contra. En realidad, esa información se paga con nuestros impuestos, y todo lo que esté en posesión de una entidad pública, o de una entidad privada que utilice fondos públicos, es información pública”, explicó

Por su parte, Ana Paulina Sabbagh, funcionaria de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, considera la democracia implica la necesidad de darle al pueblo el poder, que a este se le pueda rendir cuentas y se le garanticen sus derechos, algo que solo se puede lograr en un marco de información y transparencia. “La información es un derecho fundamental, equiparable al derecho a la vida. Si podemos exigir otros derechos, deberíamos poder exigir el derecho a la información”.

Por Andrés Martínez Zalamea.