El flagelo de la desaparición forzada en Colombia, visto por víctimas y expertos

El 2 de octubre de 1984 fue la última vez en doce años que Fabiola Lalinde supo del paradero de su hijo Luis Fernando. El joven sociólogo de 26 años, miembro de las Juventudes Comunistas, laboraba como comisario político en el proceso de reinserción del EPL, durante el gobierno de Belisario Betancur. Pero ese día, mientras auxiliaba a un guerrillero herido en combate en una vereda de Jardín (Antioquia), fue detenido y posteriormente desaparecido por el ejército colombiano.

“Es lo más grave que le puede pasar a uno, porque un desaparecido no está ni vivo, ni muerto”, expresó Lalinde, durante el evento Desaparición forzada dentro del marco del Acuerdo de Paz, llevado a cabo el 18 de mayo, en el marco de la Semana del Derecho de la Universidad del Norte, en donde se analizó el que es considerado uno de los más graves flagelos recurrentes en el desarrollo del conflicto armado en Colombia.

Expertos como el abogado e historiador Eduardo Porras Mendoza, quien intervino durante el evento, describen a la desaparición forzada como “la gran tragedia de la sociedad colombiana”, puesto que constituye “una victimización abierta para los entornos familiares de los desaparecidos y representa la más clara muestra de banalización de la maldad en Colombia”.

El cuerpo de Luis Fernando Lalinde Lalinde fue identificado en 1996 y posteriormente se convirtió en una de las primeras víctimas de desaparición forzada reconocidas en Colombia – gracias a un proceso pacífico pero intenso de su madre por esclarecer los hechos–, pero muchas de las al menos 46.000 familias colombianas, en las que padres, madres, hijos, hermanos han sido víctimas del mismo delito, no han contado con la misma suerte.

La incertidumbre inherente a este crimen, considerado de lesa humanidad, se extiende incluso a los números que se manejan en torno al mismo. La cifra de 46.000, extraída del Registro Único de Víctimas, no es la única. En el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres aparecen reportadas 86.861 personas desaparecidas, aunque no todas lo son en razón del conflicto, mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta 60.630 desaparecidos entre 1970 y 2015.

Esta última cifra supera con creces las conocidas en otros países con historial de desaparición forzada, como los 30.000 casos ocurridos en la dictadura militar argentina y los 3.500 desaparecidos durante el régimen de Pinochet en Chile, que ponen de manifiesto cuán vasta y aberrante ha sido la situación en Colombia.

Eduardo Porras explica que, si bien la desaparición forzada nace como crimen de estado en Colombia con el fin de eliminar contradictores del gobierno, en el país el crimen ha tomado una caracterización especial. “Aquí ha habido una perversa privatización de la desaparición forzada. De los casos que registra el Centro de Memoria, los paramilitares perpetraron 13.562 casos y las guerrillas 5.849”, indica Porras.

Invisibilización del crimen

Por su parte, Esteban Restrepo, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, señala que, aunque la desaparición forzada hace parte de las atrocidades más importantes del conflicto (junto al desplazamiento, el exilio y el asesinato), esta ha sido invisibilizada “por el secuestro, las masacres y otras formas más espectaculares de violencia”.

“La desaparición forzada se intenta hacer en completo secreto, tal como los nazis intentaron ocultar con hornos crematorios toda la evidencia de que estaban exterminando seres humanos a escala industrial. La manera de cometer la atrocidad era sometiéndola a la invisibilidad. La idea de qué dejar ver, qué dejar saber, qué esconder y qué poner en público es fundamental para que ese régimen de poder escriba su historia”, dice Restrepo.

Restrepo también se refirió a los retos que tendrá el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contemplado en el punto 5 del Acuerdo de Paz, con relación a la desaparición forzada, en la construcción de una memoria histórica del país.

Según el académico, los tres mecanismos en los que consistirá el Sistema (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP) ofrecerán una vía para captar la memoria. “En cada una surgirán versiones distintas de lo que fue la desaparición forzada en el país y de ahí surgirán retos”, explicó.

Restrepo señala que la metodología con que se aproxime a la reconstrucción de la memoria con la Comisión de la Verdad, dará lugar al debate entre académicos y científicos sociales, “porque lo que se va a hacer ahí es la historia del país. El informe final va a dar una versión del conflicto armado en Colombia que se supone que es una versión oficial”.

La JEP tendrá, en su imposición penal inicial, la finalidad de hacer memoria histórica también. “Acá tendremos cientos de historias distintas de hechos similares y el reto es cómo vamos a articular eso con las historias en la Comisión de la Verdad”, indicó Restrepo.

Por Andrés Martínez Zalamea