Expertos debaten pros y contras de estrategias alternativas para combatir el covid-19

El próximo 27 de abril, de acuerdo con el decreto expedido desde el Gobierno Nacional, se acaba la cuarentena obligatoria. No obstante, desde ya, varias voces expertas han señalado que las medidas deben continuar puesto que, aun cuando se han atrasado los efectos de la enfermedad, todavía no hay una solución al peligro que representa la Covid-19 para el funcionamiento de la sociedad como la conocemos.

Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pública de Uninorte; Tatiana Andia, socióloga e investigadora de la Universidad de los Andes, y Andrés Vecino, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, se reunieron en el espacio que abre el periódico El Espectador, vía streaming, para hablar sobre las medidas que podrían tomarse para continuar combatiendo la pandemia, analizar los escenarios alternativos al aislamiento total y revisar lo hecho por otros países para mitigar los impactos económicos.

El profesor de Uninorte inició presentando los conceptos de contención, mitigación y supresión. El primero hace referencia a detener, o al menos, retrasar la propagación de la infección; el segundo se refiere a disminuir el impacto que tiene sobre el sistema de salud, complicaciones y muertes; y el tercero a eliminar la transmisión a través de medidas fuertes. Señaló que la OMS propone una combinación de los tres para enfrentar el Coronavirus, pero no impone una fórmula específica de qué hacer. 

Vecino señaló que si bien van a seguir habiendo casos mortales, uno de los objetivos primordiales es que los casos críticos no se queden sin una unidad de cuidado intensivo. Por ello, argumentó que ante cualquier propuesta de suavizar el aislamiento total se tiene que calcular, con tres semanas de antelación, la capacidad hospitalaria que se tiene y cuántos casos se pueden tolerar. 

Citó el caso de Corea del Sur, un país que ya ha tenido experiencia con enfermedades de esta índole con los brotes de Sars y Mers. Su estrategia consiste en ampliar la capacidad de pruebas enfocada en asintomáticos, en sospechosos, en médicos y personal de la salud y todos sus contactos. 

Una vez detectan un caso, hacen un rastreo agresivo de personas que pudieran haber sido infectadas. Esto incluye rastreo con señales de celular, para saber y notificar a quienes estaban cerca que se realicen una prueba. Esta estrategia, aun cuando ha sido efectiva, tiene unas implicaciones para sociedades como la nuestra, manifestó Andia. “La pregunta es: ¿queremos que esa información sea dispuesta por unas personas, violando nuestro habeas data y derecho a la privacidad?, ¿en qué circunstancias sí y en cuáles no?”, cuestionó.  

La socióloga agregó que se habla de un totalitarismo legítimo, es decir, el Estado está dando unas órdenes muy precisas sobre muchas cosas que interfieren en nuestras libertades y derechos individuales legítimamente para evitar un riesgo mayor. 

Fernández también habló sobre la propuesta del aislamiento intermitente. Esta se basa en la idea de que si los investigadores logran identificar los grupos de edad y ocupaciones que son más contagiosas para otros, se puede, a través de los datos, tomar decisiones sobre cómo flexibilizar. A través de estos datos, cada tres semanas se harían bloqueos y aperturas para grupos diferentes, de acuerdo a la capacidad adaptativa del sistema, tolerando un número de muertes, admisible a lo endémico y lo que puede manejar el sistema. 

No obstante, se preguntó si sería posible esta estrategia en un país de bajos ingresos. Andia complementó que la evaluación de impacto tiene requisitos de información que tenemos dificultad de obtener. “Desde el punto de vista de recoger datos para tener la información que necesitamos para tomar decisiones nos toca ser creativos. No vamos a poder hacer trabajo de campo y necesitamos tener información de otras poblaciones que no pueden responder a encuestas en línea”.

Para Vecino, esta es una de las grandes preocupaciones que existe en el manejo de la crisis: la falta de datos implica una falta de certeza. “Necesitamos el cálculo de cuánto nos va a costar cada una de estas intervenciones y qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad”, dijo.  

Por Leonardo Carvajalino