Financiación y regularización, claves para el aseguramiento de migrantes irregulares

Más de 440 mil venezolanos, equivalente a 253 mil familias, residen en Colombia en condición migratoria irregular, de acuerdo con el último informe (julio de 2018) del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV). Las autoridades estiman que el 95 % de esta población no tiene ningún tipo de aseguramiento que permita su acceso al sistema de salud, lo que ha conllevado a nuevas apariciones de eventos de salud pública, un necesario fortalecimiento de las coberturas de vacunación y a una adecuada atención de las mujeres gestantes.

Julián Fernández Niño, profesor del Departamento de Salud Pública de Uninorte, quien trabaja desde principio de año una estrategia sobre educación, migración y salud con la Organización internacional para las Migraciones (OIM), y desarrolla el proyecto “Situación de salud y acceso efectivo en gestantes venezolanas migrantes en Barranquilla”, financiado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI), trató el 4 de julio estos temas durante un reunión organizada por el Gobierno, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la OIM, que pretendió actualizar el Plan de Respuesta Sectorial al fenómeno migratorio y plantar las bases de una política pública de incorporación de los inmigrantes venezolanos en Colombia.

El evento, realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, reunió a académicos del país interesados en estudiar y diseñar intervenciones orientadas a la población migrante. La primera parte de la jornada tuvo charlas con expertos internacionales en atención de migrantes, lo cual sirvió como referencia  para el resto de la actividad: ocho mesas de trabajo que trataron diversos temas como seguridad, salud, educación, grupos étnicos, entre otros. La Universidad del Norte, en representación del profesor Julián, trabajó en la mesa de salud junto a representantes de la Universidad Javeriana, la Universidad Externado, la UNAD, la Corporación Universitaria Remington y asesores de la Cancillería y el Ministerio de Salud.

“El aseguramiento de los migrantes irregulares tiene dos dimensiones: la financiación de estas personas en el sistema y su regularización. El debate va a ser, una vez se regularicen, la plata para financiar esa afiliación, porque se está hablando de más de $1000 millones anuales. En este momento no hay una respuesta clara del Gobierno”, puntualizó el docente en su oficina.

 Al estar regularizados, los venezolanos que trabajen aportarán al régimen contributivo, pero preocupa los que no tengan capacidad de pago. El Gobierno anunció que las personas que ya participaron del RAMV podrán ser regularizados y ha propuesto un aseguramiento progresivo, priorizando a mujeres, niños y enfermos crónicos.

"Uno de los grandes problemas que habría es cómo evitamos que esto se vuelva un estímulo perverso, en el sentido de que esto podría aumentar la migración. Por eso se habla de hacer un consenso de varios países para hacer cuotas migratorias”, señaló Fernández.

Comparando los dos últimos años, hasta la semana epidemiológica 21, se notificaron 631 eventos de interés en salud pública presentados en venezolanos, frente a  1.928 para el mismo periodo de 2018, es decir, casi el triple de casos. Entre los notificados están malaria (34,6%), vigilancia en salud pública de las violencias de género (11,9%), mortalidad por SIDA (5,7%), desnutrición aguda en menores de cinco años (4,9%) y tuberculosis (4,8%). 

“Por lo pronto se están hacen acciones colectivas a las poblaciones más vulnerables, entre las que están vacunación, vigilancia comunitaria, vigilancia epidemiológica, acceso a anticonceptivos y charlas de educación sexual, y se garantiza la atención en urgencias”, afirmó el profesor.

A futuro el Gobierno deberá definir los alcances del derecho a la salud de los inmigrantes incluidos en el RAMV, la adaptación territorial del Plan de Respuesta, la definición de las fuentes de financiación y la concreción de recursos de cooperación internacional.

Por José Luis Rodríguez R.