La promesa de igualdad de oportunidades laborales y los retos para su materialización

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales se une a la celebración de las tres décadas de nuestra carta magna, con un evento en el que se ahondó sobre el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores. La jornada virtual convocó a un panel de expertos en derecho laboral, con el fin de analizar y debatir sobre el artículo 53 de la Constitución del 91 y algunos retos que persisten para la materialización de esa promesa de oportunidades equitativas en el mundo del trabajo.

La disertación inaugural estuvo a cargo de Daniel Gómez Mazo, docente e investigador del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Uninorte, quien reflexionó sobre la influencia que ha tenido nuestra carta constitucional en el desarrollo del derecho al trabajo en el país. Uno de los principales elementos que ha condicionado su evolución es la forma creciente en la que las normas constitucionales han permeado el sector público y privado, además del desarrollo de protecciones jurídicas abanderadas por la Corte Constitucional. Entre los aciertos de esta institución, el profesor rescató el establecimiento del contenido y el alcance del derecho a la asociación sindical, la garantía del ejercicio de la huelga y la censura hacia la discriminación en lugares de trabajo. 

Sin embargo, Gómez Mazo también enlistó algunos de los retos que aún persisten para alcanzar esa igualdad de oportunidades que promete el artículo 53. Entre ellos, “el techo de cristal que las mujeres experimentan en el mercado laboral, las brechas salariales en materia de género e identidad de tipo racial, la precariedad efectiva de la protección social para trabajadores y trabajadoras independientes o informales, la jerarquización identitaria de las instituciones públicas en los distintos niveles de organización del Estado, la ausencia de una regulación jurídica específica y completa en materia de trabajo sexual, y los estereotipos y perjuicios que marginan a personas con discapacidad de desarrollar su potencial laboral”, comentó el magíster en Derecho. 

Por tanto, si treinta años después de la promulgación de nuestra constitución aún persiste la desigualdad de oportunidades en el mundo laboral, ¿qué se debería hacer para garantizar condiciones más justas para las personas que hacen parte de grupos históricamente discriminados o que desarrollan trabajos precarizados? 

Para darle respuesta a esta pregunta, intervino Mariluz Barragán González, magíster en Derecho y coordinadora del área de litigio estratégico del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), quien indicó que las disposiciones constitucionales y las interpretaciones que de ellas ha hecho la Corte han reconfigurado el ejercicio del derecho laboral y han permitido avanzar en algunas garantías mínimas relacionadas a la igualdad y no discriminación en el trabajo. Aún así, siguen siendo muchos los retos que quedan en materia de igualdad de oportunidades en el campo laboral.

Y trajo a colación algunos de estos desafíos. “Uno de los retos más grandes que aún persisten es el fortalecimiento normativo. Ciertas situaciones cotidianas dan cuenta de que, al margen de que existan normas y legislaciones claras como la Ley de Acoso Laboral -Ley 1010 de 2006-, estas no sirven de nada, si las entidades que tienen a su cargo la supervisión, vigilancia y control de las empresas no hacen mucho al respecto. El segundo reto tiene que ver con la regulación de las nuevas formas de precariedad laboral dadas por las nuevas tecnologías. Lo tercero es asegurar que exista una mayor representación en los espacios de decisión. (...) Y el último reto que nos corresponde a todos como sociedad es el de derribar los estereotipos negativos contra ciertas poblaciones o personas”, comentó la abogada.

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Una situación cotidiana que ejemplifica estas desigualdades la experimentan las trabajadoras domésticas en Colombia. Valentina Montoya Robledo, docente de la Universidad de los Andes y doctora en Derecho, señaló que el 95% de las personas que se dedican al trabajo doméstico en América Latina y el país son mujeres. Y, pese a algunos reconocimientos que la Constitución y la Corte les han otorgado (como la prima de servicios y el reconocimiento como sujetos de especial protección), la práctica y el día a día de estas mujeres dista mucho de lo que la ley establece, sobre todo en materia de movilidad. 

Para la docente “los planeadores de nuestras ciudades conectan las periferias con los centros, donde la mayoría del trabajo formal se desarrolla. Pero las zonas residenciales -donde laboran las trabajadoras domésticas- no están bien conectadas a los servicios de transporte público”. 

De hecho, según datos recopilados por el proyecto transmedia Invisible Commutes, las trabajadoras domésticas tardan entre 6 y 4 horas movilizándose hacia sus lugares de trabajo en Bogotá y Medellín, además de que gastan más del 25% de su salario en transporte. Por lo tanto, para que ellas gocen de una verdadera igualdad de oportunidades laborales debería hacerse efectivo su acceso a la movilidad de calidad y su derecho a la ciudad. 

El encuentro virtual finalizó con algunas reflexiones sobre la protección de las personas que ejercen trabajo sexual, el acoso laboral y la necesidad de repensar la figura imaginaria que asociamos a la palabra “trabajador”. Concluyendo que, si bien la cláusula constitucional del artículo 53 contiene uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo en Colombia, la igualdad de oportunidades en el mundo laboral sigue planteando muchos retos de cara a su materialización. Así, esta Jornada de Derecho se sigue posicionando como un espacio académico que abre conversaciones y reflexiones urgentes en torno a los resultados, desafíos y avances en treinta años de nuestra carta constitucional.

Por María Fernanda Salgado.