“La solución no es una gran ley”: ministro de Justicia

El 12 de agosto de 2015 fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de Ley por medio del cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. Proyecto que fue liderado por el ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado.

El proyecto, que busca descongestionar el sistema judicial, propone procesar de manera ágil las conductas delictivas de frecuente ocurrencia que agravan la situación de la administración de justicia del país.

Por invitación de la decana de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Silvia Gloria De Vivo, el ministro de Justicia expuso el pasado 25 de febrero ante los estudiantes de la Universidad del Norte, el proyecto de Ley que cursa actualmente en el Congreso, su estado y los resultados que se esperan obtener luego de su implementación.

En su intervención, el Ministro hizo énfasis en tres ejes definidos por el profesor del Departamento de Derecho, Jaime Sandoval, quien inicialmente presentó a los asistentes un análisis crítico del proyecto. Empezó con la definición de las contravenciones penales, su tratamiento judicial y el papel del acusador privado, una figura por medio de la cual el afectado, mediante un abogado, podrá adelantar la investigación y acusar ante el juez competente.

Desarrollar y regular las contravenciones penales, una figura consignada en la Constitución Política, es uno de los fines del proyecto de Ley, sin entrar a modificar la lista de delitos querellables, ni su redacción en el Código de Procedimiento Penal, ni las penas estipuladas, con lo cual se evitó la discusión en el Congreso y se agilizó el curso del proyecto.

"La frecuencia, mas no la urgencia, es lo que afecta la percepción de los delitos querellables, porque son delitos de baja magnitud", comentó el ministro al referirse a los niveles de percepción que tiene la sociedad sobre la administración de justicia, ya que al regular estos delitos de menor gravedad, se espera que la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia aumente.

Actualmente se registran por día más de 2700 casos de hurto de celulares en el país, los cuales en conjunto con otros delitos querellables representan un tercio de todos los delitos que se cometen en un año. Si se regula, como propone este proyecto, se descongestionaría y agilizaría la administración de justicia.

"Los casos de flagrancia, cuando la víctima sea menor de edad o inimputable, o violencia contra la mujer, no serán delitos querellables y por lo tanto la fiscalía deberá actuar de oficio, además la policía tampoco podrá actuará como acusador privado" agregó el ministro.

Como novedad, el proyecto plantea la eliminación de las audiencias de acusación y lectura del fallo, reduciendo el proceso a solo dos audiencias, haciéndolo más ágil y eficiente.

Acercar la justicia al ciudadano es el propósito que se planteó desde el Ministerio de Justicia con el proyecto, el cual toma como referencia la Ley 906 que expidió el Código de Procedimiento Penal, introduciendo cambios muy profundos al sistema de justicia.

"El principal problema que tiene la 906 fue cambiar la ley y no cambiar la enseñanza del derecho, el cual se agudiza con los cambios realizados en el nuevo código, por lo tanto, es absolutamente indispensable y urgente un rediseño de los estudios en materia de derecho para formar gente compatible con la Ley 906. No se pueden seguir expidiendo nuevas leyes que plantean cambios de concepción de un sistema sin formar a los abogados de manera distinta", comentó el ministro al referirse al problema de la administración de justicia y las reformas que buscan descongestionar el sistema judicial del país.

"Si entendemos la gran reforma a la administración de justicia como una gran ley que soluciona todos los problemas, sencillamente no la habrá nunca" agregó.

Actualmente, el Ministerio de Justicia lidera 26 proyectos entre los que se incluyen el ajuste del código penal para la proporcionalidad de las penas, definido por el Reyes como un proyecto "de mucho calado", el cual se espera que esté listo antes de finalizar el actual Gobierno. Con relación a la detención preventiva.

Reyes confirmó que a partir de junio del presente año comienza su regulación y racionalización, extremando las medidas para su aplicación y definiendo nuevos límites: un año de detención para los delitos menos lesivos y máximo dos para los más graves.

La crisis carcelaria es uno de los problemas más complejos con los que se enfrenta la administración de justicia; en algunas cárceles del país el nivel de hacinamiento sobrepasa incluso el 400%.

"Lo que se ha intentado como solución es construir más cárceles, pero al parecer el trabajo le rinde más a los jueces que a los arquitectos", comentó el ministro, quien consideró como una de las mejores soluciones a la problemática las asociaciones público-privadas para aumentar el número de cupos y cumplir con el propósito de los centros penitenciarios y carcelarios. "Los privados no intervendrán ni en la seguridad de los reclusos, ni en los procesos de resocialización", agregó.

LegalApp, justicia al alcance de todos

Como una herramienta para acercar la administración de justicia a la ciudadanía y reducir su carga, durante el evento, el Ministro Yesid Reyes presentó la aplicación LegalApp, la cual recibe más de 5500 visitas diarias y que en los primeros 10 meses de funcionamiento ha resuelto más de 10 millones de consultas.

"Las personas que pueden resolver un problema a través de esta página no tienen que ir al sistema judicial y eso es menos trabajo para los jueces y los fiscales, lo cual ayuda a descongestionar la justicia", sostuvo el ministro.

Justicia transicional en el proceso de paz

"Cualquier pena que exceda los límites es venganza pública, por eso, las penas en cada tipo de justicia tienen unos propósitos específicos", respondió el ministro a la pregunta de un estudiante de Ciencia Política. "La proporcionalidad de la pena no se debe mirar en abstracto, se mide en relación con los propósitos que se buscan conseguir, por lo tanto, cualquier pena que por naturaleza o duración exceda lo fines propios de la sanción, deja de ser legítima", agregó.

Por último, el ministro afirmó que la justicia ordinaria es inaplicable para la solución de conflictos armados, por lo que la justicia transicional está prevista tanto para los integrantes de las Farc, como para los agentes del Estado y terceros civiles, siempre y cuando se traten de hechos cometidos durante el conflicto armado y se relacionen con este.

Por Luis Navas Cohen