Las implicaciones en salud pública de las aperturas de sectores de la economía

Desde el 27 de abril, en Colombia se comenzaron a abrir las restricciones del aislamiento obligatorio preventivo que se había decretado para toda la población. Empresas en los sectores de manufactura y construcción fueron los primeros en volver a sus labores, en un panorama con aspectos positivos, como la baja ocupación de las UCI en el país, e incertidumbres por la capacidad de las empresas para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social y proveer al personal con elementos de protección. 

En el espacio que organiza el periódico El Espectador, vía streaming, por YouTube, este fue el tema de la charla nombrada Coronavirus en Colombia: primer paso a la normalidad. En el debate, moderado por el Editor de Ciencia y Tecnología, Pablo Correa, participaron Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pública de Uninorte; Tatiana Andia, socióloga e investigadora de la Universidad de los Andes, y Andrés Vecino, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. 

Para Vecino, las medidas de aislamiento obligatorio que tomó el Gobierno desde el 23 de marzo fueron oportunas y se ven los frutos de una buena gestión. Señaló como pruebas de esto el hecho de que la ocupación de las UCI es más baja de la esperada, y la prevalencia de enfermedades respiratorias es más baja que el promedio de los últimos siete años. 

Sin embargo, esto ha traído tensiones tanto en Colombia, como en otros países como Chile y Perú, donde no se han visto sobrepasados en su capacidad sanitaria y tienen sectores de la población pidiendo por la reapertura de la economía. Contrasta con los discursos que salen de países como Ecuador o el Reino Unido, que viven el pico y tienen mayorías reclamando por continuar con estas medidas de supresión del contagio. 

“Tenemos que encontrar un punto medio. No podemos cerrar, porque es imposible, ni podemos abrir, y volver a la normalidad. Lo que hay que tener claro es que ningún país recupera su confianza en la inversión y su demanda agregada cuando 300.000 personas están muriendo de un virus respiratorio”, afirmó el docente de la Universidad Johns Hopkins. 

Vecino propuso que las decisiones sobre cómo quitar restricciones de la cuarentena deberían ser tomadas desde los gobiernos locales y no el nacional. “Hay que entender que los dos niveles tienen incentivos y presiones diferentes, y tienen que actuar sobre ellas, pero la decisión no puede ser a nivel nacional porque todas las ciudades tienen composiciones diferentes de su fuerza laboral”, dijo. 

La decisión del Gobierno de abrir estos sectores, según Andia, no se ha argumentado desde un punto de vista económico, ni un análisis en términos de productividad. Si bien es innegable que retornar a sus labores para estas personas, en trabajos de mano de obra intensivos, van a generar ingreso, que a su vez va a generar consumo, y que va a activar otras actividades, no queda claro desde el discurso del gobierno por qué se escogieron.  

La socióloga señaló que el sector que volvió al trabajo, incluso antes del decreto gubernamental, es el informal, pues es su única forma de generar ingresos. Teniendo en cuenta esto, hay unas implicaciones sociales importantes puesto que “tenemos informales y a una población de manufactura y construcción que viven cerca, y tienen redes sociales cercanas. Hay una consideración de en dónde se va a concentrar el contagio que hay que tener en cuenta y que podría estar generando desigualdades importantes”, dijo. 

El mensaje de equidad se torna complejo desde esta perspectiva. La profesora de Uniandes se preguntó por qué no se combinó con sectores de ingresos altos, que tienen menos probabilidad de encontrarse en transporte público y generar aglomeraciones que pueden ser focos de infección. 

De acuerdo con Fernández, se configura la inequidad en la medida en que el riesgo no se está distribuyendo de manera homogénea. En este sentido, anotó que para estas profesiones en las que es inevitable estar expuesto al contacto humano, se deben comenzar a entender la COVID-19 como una enfermedad ocupacional. Es decir, ya no es sólo un problema del Estado y del sistema de salud, sino también de los empleadores y de aseguradores de riesgos laborales. 

El doctor en Epidemiología y docente de Uninorte también manifestó su preocupación en cuanto a la capacidad que tienen estas empresas para garantizar los materiales de protección, un elemento que ni siquiera en el sector salud está solucionado. Añadió que el número de contagiados aumentará debido a una mayor exposición y esto será más problemático en ciertas regiones que han mostrado menor capacidad de respuesta. 

“Lo que esperamos es que este número de casos se incremente de una manera controlada y que la mayoría sean leves. Para eso necesitamos mantener la vigilancia epidemiológica, que está acompañada con una vigilancia en el trabajo, seguir expandiendo la capacidad del sistema de salud para responder, y aplicar los protocolos en el trabajo para disminuir el riesgo”, explicó. Sin embargo, añadió que la realidad de lo que ocurrirá sólo se verá en unas semanas, haciendo un análisis exhaustivo de los datos y estableciendo el margen razonable para considerar que la medida ha funcionado. 

Por Leonardo Carvajalino