Las implicaciones que tiene la salida de Uber de Colombia

El 31 de enero en Colombia estuvo enmarcado por la salida de Uber del país. Tras el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio se ha recrudecido una polémica desde varios sectores sobre la ilegalidad tanto de la plataforma como de su prohibición. Para alimentar el debate y ofrecer una visión informada desde la academia, Karen Cabrera, docente y doctora en Derecho, ofreció una charla sobre esta temática, que se llevó a cabo el 6 de febrero en el salón 13G2. 

Para la conferencista, la situación que se vive con Uber y el Estado colombiano, más allá de quién tenga la razón, tiene varias implicaciones para los diferentes actores involucrados. Frente a la respuesta del Gobierno —que esta aplicación, aun cuando es creativa, no hace parte del sector de la economía naranja porque no es cultural— señaló que manda un mensaje complicado a una parte de la población que, al menos desde el discurso, se invita a participar en la creación de las industrias del futuro.  

“En los países más desarrollados la tecnología es un medio para lograr índices de desarrollo social, nosotros estamos guardando esa creatividad que está en la economía naranja, dando a entender que cuando la utilizamos estamos yendo en contra del Estado”, dijo Cabrera sobre la tensión que se presenta entre tecnología e institucionalidad. 

El transporte público en Colombia es regulado por la ley 105 de 1993, mientras que la ley 1341 del 2009 es el marco normativo de Uber. La conferencista señaló que la primera es demasiado restrictiva y no permite el ingreso de nuevos actores; mientras la segunda es muy general pues define unos principios y conceptos sobre el acceso universal a la tecnología. En este contexto, se han generado de incertidumbres sobre cómo lidiar y regular esta nueva plataforma han nacido diferentes procesos legales. 

Uber apeló la decisión y espera que un tribunal internacional de arbitramento entre a solucionar el caso, pues alegan, entre otros argumentos, que se está quebrando las estipulaciones del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos pues están siendo sujetos a reglas de mercado diferentes a las de empresas locales. Al mismo tiempo, Cabrera afirmó que a Uber no le incumben las reglas de servicios de transporte, pues de haber unas regulaciones más estrictas, se las pedirán a sus conductores como requisito para asociarse. 

Por ello, está en manos del gobierno nacional, y especialmente los ministerios de Trabajo y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que construyan una hoja de ruta para reglamentar parámetros y lineamientos, no solo para Uber sino para las demás plataformas que continúan operando en el país y que de mantenerse la decisión, sufrirían el mismo destino. 

Una de las claves para hallar una resolución, según Cabrera, es seguir la línea de pensamiento que han tenido otros lugares en términos de regulaciones a Uber. Por ejemplo, en Jalisco, estado de México, crearon la Ley Uber, que busca regular la prestación del servicio de transporte haciendo que los conductores de la plataforma deban poseer licencias de conducción homologadas a las de chóferes públicos, y el vehículo debe tener un botón de pánico tanto para el conductor como para el pasajero, entre otros detalles. 

“Si existe Uber es porque no nos sentimos satisfechos con el sistema tradicional de transporte y entonces la preocupación que queda es quién va a suplir esas necesidades que tenemos dentro de la sociedad”, finalizó la docente.  

Por Leonardo Carvajalino