Lo bueno, lo malo y lo feo del Sistema General de Regalías

En 2012, con la entrada en funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), Colombia parecía voltear la página del mal manejo de fondos del Estado, pero querer distribuir equitativamente en los municipios parte de los ingresos procedentes de la explotación de recursos naturales no renovables no ha tenido los resultados esperados.

Casos como el de la Jagua de Ibirico (Cesar) que entre 2012 y 2016 recibió $310.000 millones – la cifra más alta del país –  reflejan cómo poco o nada ha cambiado en gran parte del territorio nacional. Finalizado 2015 el agua de este poblado de 22.300 habitantes no era apta para el consumo y hoy tiene ruinas de obras tasadas en miles de millones de pesos que nunca tuvieron conclusión.

Con un panel titulado Lo bueno, lo malo y lo feo del Sistema General de Regalías, organizado el pasado 14 de septiembre por el grupo estudiantil Ágora Económica, un trío de expertos discutió en torno a este programa del Gobierno, buscando aclarar dudas sobre el mismo a una audiencia de estudiantes de Economía de la Universidad del Norte.

Lo bueno

La economista Adriana Restrepo, investigadora de Fundesarrollo explicó que con la ley 1530 de 2012, que reglamentó el SGR, se hizo un cambio importante que modernizó los mecanismos previamente existentes, permitiendo otorgar recursos a municipios dependiendo de sus necesidades. Una modificación que, según Restrepo, obedeció a la desconfianza que el Gobierno Nacional tenía del manejo de los fondos, intentando promover un mayor control.

El economista Cesar Arismendi, director del Centro de Pensamiento Guajira, argumentó que en el nuevo sistema hubo un espíritu positivo de redistribución social de la riqueza, en el que muchos más municipios y departamentos hacen parte de la cobertura de recursos. “Se pasó de 9 departamentos a los 32. Además, pasamos de 508 municipios a 1082”, indicó, añadiendo que junto a esto hubo un proceso de asignación con criterios de equidad regional con el que se tiende a disminuir las brechas sociales.  

Lo malo

Pero las modificaciones sustantivas que se han hecho en el sistema “no han servido de mucho” para Arismendi. “Las noticias siguen siendo lo mismo: corrupción, ineficiente ejecución del sistema, obras inacabadas o sin sostenibilidad”, dijo.

Para el investigador esto se ha convertido en un nudo gordiano que sumerge al país en la llamada “maldición de los recursos naturales”, que han previamente vivido países como Rusia y Brasil, en donde medidas similares no se articularon el desarrollo económico social.

“Los estudios que precedieron la reforma de 2012 demuestran que en Colombia los beneficios sociales no se vieron, no se tradujeron en mejoras sustanciales o mayores que el promedio de los municipios productores y departamentos productores con la inversión”, sostuvo Restrepo, destacando el caso de departamentos como La Guajira, donde todavía se invierte en proyectos de poco impacto. “Se invierte en mejoramiento de parques, movilidad urbana, pero sin objetivos de mediano plazo”, agregó.

De igual forma Arismendi explicó que a pesar de que las regalías tienen un protocolo muy riguroso de gestión de recursos, asociado a proyectos de alta calidad, zonas como La Guajira, así como Arauca, Casanare, Meta no tienen la suficiente fortaleza para diseñarlos, hecho asociado a una falta de capital humano.

“Muchos se van a graduar a obtener el título de economista, pero no van a ir al Casanare o a Guanía. Muchas veces no hay capital humano para formular proyectos”, afirmó Ángel Tuirán, profesor de Ciencia Política de Uninorte.

Tuirán manifestó que esto, sumado a un contexto de institucionalidad débil como el que se vive en estas regiones, facilita la apropiación de bienes públicos para ser instrumentalizados en "relaciones de tipo clientelar".  

“Estos recursos son capturados por actores políticos quienes los utilizan para fidelizar la clientela. Tenemos un diseño pensado por mentes brillantes en materia económica, pero implementados en territorios donde todo se mueve por intercambio de favores o donde hay presencia de actores armados”, indicó Tuirán. “Ante una institucionalidad débil, la clase política ha minado la capacidad institucional y aprovechado estos fondos para cimentar su poder”.

Lo feo

Si bien el Contralor General Edgardo Maya denunció en 2016 hallazgos fiscales por $242.000 millones que correspondían a obras que no prestan servicio a la comunidad, Restrepo y Arismendi perciben que esta no es la mayor de las preocupaciones.

Restrepo expresó su intranquilidad ante la forma en que el SGR niega el daño ambiental porque, si bien a unos municipios se les dan unas asignaciones directas, finalmente estos tendrán que sufrir los efectos negativos de la extracción. “Este SGR no tiene una destinación específica para hacer reconversión efectiva de estos territorios. El día que se vayan estos recursos los territorios van a quedar totalmente despojados económicamente y sin ninguna salida probable”, advirtió.

“El SGR trata de controlar opciones de captura de rentas con buen gobierno, haciendo sostenible y pertinente las obras, pero no previó que los municipios productores como La Guajira, a través del carbón, tienen unas impactaciones muy fuertes”, expuso entretanto Arismendi. “No existen alternativas reales productivas para cuando el carbón desaparezca, que yo calculo que será en unos 19 años”.

Por Andrés Martínez Zalamea