Los crímenes de los poderosos

El despojo violento de tierras de campesinos, con el fin de impulsar a las grandes industrias de palmas o favorecer la explotación ilegal de oro. La exploración y explotación de petróleo a través de fracking, que ha acabado con las fuentes de agua de varios departamentos. La controvertida otorgación de licencias ambientales por funcionarios estatales a empresas de las que solían ser directivos. La ejecución extrajudicial de miles de ciudadanos inocentes para garantizar el logro de metas militares.

A pesar de la innegable la conexión que existe entre la pobreza y el crimen en Colombia y en el mundo, los anteriores son ejemplos de cómo la delincuencia no es un fenómeno limitado a los pobres, sino también algo propio de aquellos que detentan el poder.

Quiénes exactamente son los poderosos, cómo cometen sus actos de criminalidad y de qué manera podemos controlarlos, fueron algunos de los temas que se trataron en un conversatorio que contó con la participación de Alejandro Forero y Camilo Bernal, juristas colombianos miembros del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y el profesor e investigador Carlos Orozco, del programa de Derecho de Uninorte.

El evento se llevó a cabo en el marco de la II Semana del Derecho de Uninorte, una iniciativa que busca generar un espacio de reflexión y debate en torno a la evolución, desarrollo e impacto del derecho en sus distintas áreas, a partir de diversas perspectivas, con el propósito de contribuir a formular propuestas que contribuyan al desarrollo del país.

Forero y Bernal son considerados autoridades en el tema de crímenes de los poderosos, que ha sido poco reseñado en círculos académicos hispanoamericanos, y próximamente sus investigaciones sobre este tópico serán consignadas en un libro. “Este es un tema del siglo XXI y la forma como ustedes lo estudien debe tener una conexión con lo real”, expresó Forero ante su audiencia conformada en su mayoría por futuros juristas.

Estados, corporaciones, instituciones financieras internacionales, transnacionales, consorcios público-privados hacen parte de aquellos considerados ‘poderosos’, que al delinquir evitan cualquier tipo de represión legal o social al incurrir en conductas que no están tipificadas en el código penal del país.

“La capacidad de estas personas jurídicas para realizar sus actos no se podría realizar sin las estructuras que les facilitan en el 90% de las situaciones que lo que hacen está protegido legalmente”, afirmó Forero.

Estos crímenes se caracterizan por suceder en contornos borrosos entre la legalidad y la ilegalidad y aquellos individuos o corporaciones que poseen una mayor cantidad y variedad de recursos tienen también mayores probabilidades de asignar definiciones criminales a otros y de repeler las que a otros les asignen.

Tienen mayor libertad de movimiento para controlar efectos de la actividad criminal y usualmente no permiten que esta se haga evidente o sea definida como tal. Entre los resultados están altos niveles de impunidad, la dificultad en la investigación de estos hechos sociales y de cuantificar los daños.

Para reprimir la sanción del Estado, los poderosos hacen uso de su poder en todas sus dimensiones posibles. Por ello, explica Bernal, el Congreso de Colombia ha hecho esfuerzos por reglamentar los lobbies para que, por ejemplo, “las tabacaleras dejen de pagar viajes suntuosos a los legisladores para influenciarlos”, añade.

Según Bernal, es por lo anterior que en un país como Colombia, donde por mandato constitucional existe la necesidad de proteger sus reservas ambientales, “le hacemos la concesión a una multinacional para hacer fracking en Caño Cristales y de una manera cínica para lavarse las manos decir que fue una ligereza de un funcionario”.

“Hay personas que se involucran por intereses particulares, pero en ocasiones son organizaciones que utilizan su maquinaria, atravesando todo lo que tienen a su paso para lograr intereses corporativos, así sea destruyendo los recursos del campo”, afirma Bernal.

El caso colombiano

En Colombia se pueden observar crímenes de poderosos, particularmente en la forma de consecución de recursos a través de la utilización de recursos naturales no renovables.

De acuerdo con Forero, existen ejemplos muy claros de empresas que quieren explotar el oro, que recurren a métodos de minería legal e incluso a alianzas con organizaciones criminales que quedaron de herencia de grupos armados desmovilizados,

“Allí existe un caldo de cultivo de violación de derechos humanos. Esto sucede en Boyacá y en el Cauca, donde la minería causa todo tipo de problemas. En Chocó se ven obligados a aceptar la minería ilegal para que haya recursos, porque no los hay”.

La exploración y explotación de petróleo a través del fracking ha propiciado que haya departamentos que, según Forero, ya no tienen agua. “En el Casanare los chigüiros están muriendo porque todo el agua la utilizamos para inyectarla a ver si tenemos reservas petroleras”. Forero califica este hecho como “absurdo”, si se tiene en cuenta la disminución de los precios del petróleo.

Por su parte, Bernal señala cómo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se ha generado una puerta giratoria entre los directivos de las empresas privadas y las empresas públicas. “El director de licencias nacionales había sido director de una parte de la empresa a la que se la dio una concesión. Esto es un delito estatal corporativo, porque facilita que la empresa haga el daño ambiental”.

Por Andrés Martínez Zalamea