Los desafíos que presenta la virtualidad para la atención y reparación de víctimas en Colombia

La atención y reparación de 9 millones de víctimas es uno de los compromisos que tiene Colombia tras varias décadas de conflicto armado. Un porcentaje importante de estas personas se encuentra en situación de vulnerabilidad; con la llegada de la covid-19 y el llamado al aislamiento social, se agudizaron muchas de las dificultades que día a día viven las víctimas. 

Para reflexionar sobre esta temática, UNCaribe organizó un conversatorio en el que participaron actores del gobierno y representantes de víctimas. El espacio, moderado por Diana Rico, docente del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Uninorte, tuvo a Alfredo Palencia y Mareila Burgos, directores territoriales de la Unidad para las víctimas en el departamento del Atlántico y Córdoba, respectivamente; y a Laura Borrero y Jose Negrete, miembros de las mesas de víctimas de los departamentos arriba mencionados. 

Una de las problemáticas comunes entre las víctimas del conflicto armado en Colombia es la falta de empleo formal y la dependencia en la informalidad. Al mismo tiempo, muchas de estas personas provienen de contextos rurales, lugares en donde hay poca o nula conectividad a internet y escaso conocimiento sobre herramientas digitales. Teniendo en cuenta este contexto, Borrero, quien también hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas, señaló que su labor como representante ha sido gestionar ayudas para los necesitados a través del diálogo con los diferentes actores responsables. 

Esta ha sido una de las estrategias que ha funcionado, de acuerdo con Palencia, quien manifestó que, además de abrir los canales de llamadas y correo electrónico, están en un constante diálogo con los enlaces municipales que conocen de cerca la comunidad que trabajan y sus necesidades. 

Según cifras del director territorial de la Unidad para las víctimas en el departamento del Atlántico, se han atendido —entre marzo y el 31 de julio—  58 405 víctimas. Así también, se realizó una jornada móvil de atención, una estrategia que se había proyectado para la presencialidad como una manera de acercar la unidad a los territorios, pero que se hizo de manera virtual con más de 800 personas atendidas. 

A nivel nacional se adelantaron recursos que estaban proyectados a futuro para tenerlos disponibles en esta época de crisis. Se utilizaron para dar ayudas humanitarias inmediatas e indemnizaciones. Esta estrategia se implementó en el Atlántico, con cerca de 3100 millones de pesos entregados, y en Córdoba, en donde se entregaron 32 mil millones. 

En este departamento, que tiene una población de 1,8 millones de habitantes, el 17,4 % es víctima del conflicto armado y esta cifra sigue aumentando, pues la guerra se ha recrudecido hacia el sur. Burgos anotó que para las personas desplazadas de San José de Uré, donde ya han ocurrido dos masacres este año, se entregaron kits de alimento, aseo y hábitat mientras se resuelve el plan de retorno o reubicación, que ha sido especialmente difícil debido a la necesidad de distanciamiento social y a la subida de contagios en el departamento. 

Por su parte, Negrete manifestó que la clave ha sido el trabajo articulado para crear espacios en los que las víctimas tuvieran canales para comunicar sus necesidades en medio de la contingencia. Esto se logró a través de la adición de orientadores que hacían el seguimiento de los casos —78 mil víctimas atendidas entre marzo y julio— de manera remota. 

Entre los desafíos que se tienen en la atención a las víctimas, los cuatro invitados concordaron en que la virtualidad en el contexto rural es el mayor de todos. Por ello, se ha trabajado para que los participantes de las mesas de víctimas cuenten con herramientas —celular, tablet o computador y plan de internet— para que puedan conectarse y asistir de manera virtual a los diferentes espacios de participación que se presenten. 

Por Leonardo Carvajalino