Los orígenes y las posibles consecuencias del referendo independentista catalán

España vive un momento de tensión sin precedentes en vísperas de los eventos que tendrían lugar el próximo primero de octubre. Ese día se tiene previsto un referendo de autodeterminación en Cataluña con la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. En caso de que gane el sí, el gobierno de esta comunidad autónoma se ha comprometido a declarar su independencia unilateralmente.

El gobierno de Madrid se ha opuesto desde la concepción de este referendo al considerarlo una vulneración a la Constitución española, la cual establece que una comunidad autónoma no tiene potestad para convocar este tipo de consultas. A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir el referendo, el gobierno catalán ha continuado preparándose para el sufragio, propiciando que la policía española incautara urnas, papeletas, cerrara sitios web e incluso arrestara a funcionarios con el fin de desmontar las votaciones.

Este martes, 26 de septiembre, el profesor Soren Brinkmann, director del Instituto de Estudios Europeos de Uninorte, ofreció una charla para explicar los antecedentes de este conflicto político y el desafío independentista al que se enfrentan tanto España como Cataluña.

Brinkmann indicó que España durante el siglo XX vivió bajo una dictadura centralista con el general Francisco Franco, época en la que el Estado se organizaba de manera autoritaria, mediante la opresión y persecución de no solo las aspiraciones autonomistas, sino también de las culturas diferenciales del país, como las lenguas distintas al castellano.

Con la muerte de Franco en 1975 el país se encaminó hacia una transición democrática, cuyo principal componente fue la descentralización y el reconocimiento de las comunidades autónomas. “Esto dio lugar a un compromiso histórico cuyo desenlace es el llamado estado autonómico, fundamentado en la indisoluble unidad de la nación española”, explicó el profesor.

No obstante, aunque este reconocimiento y la posterior instauración de un gobierno, parlamento y policía autonómica fue de enorme satisfacción para Cataluña, Galicia, Andalucía y el País Vasco, la generalización de este modelo autonómico y el surgimiento de 17 comunidades autónomas fue motivo de malestar para los catalanes.

“La crítica catalana fue que este nuevo sistema no reconoce, de la manera que los catalanes querían, el hecho diferencial catalán. Otro aspecto importante es la plata, pues empezaron a quejarse de que salieron muy mal de este sistema debido a que la capacidad de tributación de las demás comunidades autónomas es bastante poca”.

Con este último aspecto Brinkmann se refiere a la manera equilibrada en la que el gobierno central repartía los tributos, a pesar de que Cataluña es una de las regiones más ricas del país. “Cataluña ponía sobre la mesa más de lo que recibía y este malestar se multiplicó con la crisis de 2008, que aumentó la tasa de desempleo y disparó la deuda pública de esta región a ser la más alta del país”.

El académico señaló como el punto de quiebre de la relación, que hasta el momento había sido pacífica entre Cataluña y España, la reforma del Estatuto de Autonomía aprobado en 2006. Por un lado, un borrador del proyecto que pretendía el reconocimiento de Cataluña como nación, su autonomía fiscal y el aumento de atribuciones con respecto a las demás comunidades provocó una dura campaña anticatalana que llevó al boicoteo de algunos productos de la región. Por otro lado, una vez se sancionó una versión modificada del estatuto en 2006, en 2010 catorce artículos de este estatuto fueron declarados inconstitucionales.

“Este fue el quiebre de toda esa fase negociadora entre Cataluña y el resto del país. Por primera vez en muchos años se vieron movilizaciones populares catalanistas de hasta un millón de personas y entre 2009 y 2011 se llevaron a cabo consultas independentistas simbólicas”, contó Birkmann.

En el marco de estas reacciones, el radicalismo catalán de izquierda pasó de ser marginal a alcanzar una mayoría política interior del sistema institucional Catalán (Generalitat), que acabó en la primera tentativa, en 2014, de celebrar una consulta sobre independencia, la cual fracasó ante las prohibiciones de las autoridades españoles.

A partir de la formación de un nuevo gobierno catalán se planteó una nueva consulta el 1 de octubre a la que se le dio forma legal con una serie de leyes, prohibidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional español.

Efectos y consecuencias de una separación

Brinkmann comentó que este afán separatista le atañe a la Unión Europea, pues una secesión de Cataluña del estado español le significaría salir de esta comunidad política y de la zona euro. “Sería tratado como un tercer país y su entrada a la UE sería difícil porque necesitaría de una unanimidad que incluye el voto de España”, ilustra. Ningún país en el mundo, salvo Venezuela, ha apoyado directamente la consulta, por lo que Birkmann ve poco probable que al menos un país de la Unión Europea esté dispuesto a reconocer a Cataluña como Estado.

Las encuestas tampoco están a favor de la separación de Cataluña. Un último sondeo encargado por la Generalitat muestra que, a pesar de que un 48% de catalanes apoyaba la realización del referendo, un 49% se opone a la independencia, mientras que 41% está en contra.

Según el profesor, las consecuencias de esta “muy poco probable” separación para España serían no solo perder el 16% de su población y el 18% del potencial económico, sino también los efectos negativos para la solvencia del Estado, e incluso efectos de contagio en otras regiones que podrían poner final a una convivencia histórica de 500 años.

Por otra parte, admite que las expectativas económicas serían muy siniestras para Cataluña porque no solo deberán abandonar el euro, sino que también deberán sufrir la emigración de empresas nacionales e internacionales. Esto sin contar los gastos adicionales que se generarán al tener que establecer una nueva institucionalidad y la posible explosión de la deuda pública. “Además de ser la comunidad autónoma más endeudada, tendría que asumir una parte proporcional de la deuda española que multiplicaría el endeudamiento catalán hasta la insostenibilidad”, puntualizó.

Por Andrés Martínez Zalamea