Los retos del constitucionalismo ambiental en Latinoamérica

Como parte de la programación de la Semana del Derecho, en la mañana del 17 de mayo tuvo lugar el conversatorio Constitucionalismo Ambiental y Litigio Estratégico, en el que cuatro abogados especialistas en temas de litigio medioambiental, analizaron los retos para la implementación de las medidas constitucionales y órdenes jurisprudenciales en países como México, Ecuador, Honduras y Colombia.

A través de videoconferencias, los tres ponentes internacionales ofrecieron sus puntos de vista en el evento. El primero de ellos fue Manolo Morales, director de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental, Ecolex, de Ecuador. Él presentó un resumen sobre los avances constitucionales que ha tenido su país en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

Entre los nuevos elementos de su actual constitución, habló de los principios que rigen para la justicia ambiental, tales como el principio in dubio pro natura, con el que la constitución busca velar por los intereses del entorno natural. “Cuando haya contraposiciones entre legislaciones que pueden generar un impacto ambiental, como las legislaciones extractivistas de petróleo o actividades de explotación minera que chocan con la legislación ambiental, nuestra constitución dice que primará el favorecer a la naturaleza”, dijo el abogado.

Otro de los logros es que esta constitución consiguió por primera vez incorporar la educación ambiental como un eje fundamental del sistema educativo ecuatoriano; de igual forma, su legislación pasó de reconocer a la naturaleza como un objeto de conservación y de cuidado, para verla ahora como un sujeto de derechos.

Litigar en favor de las comunidades

En el conversatorio también participó Ximena Ramos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien presentó ejemplos de casos que ilustran cómo funciona el litigio en términos prácticos al interior del país.

Uno de ellos fue la experiencia que tuvo defendiendo los intereses de los indígenas mayas que habitan en la península de Yucatán, quienes desde 2010 ven sus derechos vulnerados a causa de una autorización que dio el Estado para la plantación de soya transgénica en ese territorio protegido.

Estos cultivos genéticamente modificados empezaron a ser sembrados sin consentimiento de la comunidad indígena y como resultado afectaron los trabajos de apicultura que estos realizan para subsistir, a la vez que deterioraron gran cantidad del ecosistema selvático de la península, que fue deforestado y rociado con herbicidas como el glifosato para plantar las semillas de soya.

“Se interpuso un juicio de amparo ante el juzgado, en el que se alegaron diferentes violaciones, como el derecho a la consulta y el derecho a un medioambiente sano, porque los mayas no sabían cuáles iban a ser los efectos de las siembras de esas semillas transgénicas. También alegamos que se había violado su derecho al trabajo, porque su apicultura es lo que sostiene su economía”, afirmó Ramos, y agregó que finalmente en 2014 el juicio de amparo se resolvió a favor de la comunidad indígena, aunque solo fue por el aspecto de la consulta.

Y es que defender los derechos del medio ambiente no ha sido una tarea fácil en varios países de Centroamérica, en donde existe una respuesta hostil hacia los lideres comunitarios y activistas ambientales. Un ejemplo de ello es que según informes de Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para realizar activismo ambiental; según esta organización internacional, desde 2010 hasta la fecha, más de 120 personas han sido asesinadas por enfrentarse a las empresas que deterioran los recursos naturales de ese país.

Para hablar de las dificultades del ejercicio de litigio ambiental hondureño y las diferentes reformas legales que han impuesto limitaciones a la protección de su medio ambiente, intervino la abogada Laura Palmesse, quien fue coordinadora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras. Ella indicó que en el país quienes están dedicados a defender el derecho al medio ambiente sano, lo hacen en condiciones muy difíciles, poniendo en riesgo su vida y siendo objeto de persecuciones.

El cierre del conversatorio estuvo a cargo de Ana Lucía Maya, quien es abogada especialista en derecho constitucional, magister en derecho ambiental y energético, y profesora del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte. La jurista presentó los resultados de una investigación que está realizando sobre las sentencias de la Corte Constitucional, en las que se ordena reformular la política pública ambiental y facilitar los espacios de participación de las comunidades, en especial de los actores locales.

Maya declaró que en Colombia también existe el derecho al ambiente sano, y a partir de la constitución, los jueces y la Corte Constitucional han venido ampliando el espectro de protección a este derecho. “Un movimiento reciente de la Corte ha sido ese paso del antropocentrismo al ecocentrismo; este no es un movimiento fácil, porque hablar de los derechos de la naturaleza no es sencillo, pero se está dando ese paso en el discurso y en las decisiones que se toman”, explicó.

Entre las sentencias de la Corte que la abogada utilizó para mostrar cuáles son las órdenes específicas que reorientan las política pública y crean espacios de participación para las comunidades frente a temas de protección de recursos naturales, resaltó aquellas que prohíben las acciones de la minería en zonas protegidas como los páramos, que son ecosistemas vitales para la producción de agua en la región Andina y reducen las concentraciones de dióxido de carbono, lo que mitiga los impactos del calentamiento global. 

Por María Margarita Mendoza.