Los retos para implementar el Acuerdo de Paz en el Atlántico

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El conversatorio tuvo lugar frente a estudiantes de la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

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08 may 2017

Aunque el Atlántico no fue un teatro de operaciones principal en el conflicto armado colombiano, se trata de un departamento que ha recibido alrededor de 220.000 víctimas de la guerra, producto del desplazamiento forzoso en Bolívar y el Magdalena, los cuales sufrieron directamente los embates de la confrontación armada.

La implementación del Acuerdo y los retos que esta trae, por lo tanto, no es una realidad ajena para el que es considerado el principal departamento de la región Caribe, dado el tamaño de su PIB y su población.

Por este motivo, los grupos estudiantiles Cosmopolítica y Juventudes Críticas de Uninorte, en colaboración con el programa Un Caribe, llevaron a cabo el pasado 5 de mayo el conversatorio Los retos para implementar el Acuerdo de Paz en el Atlántico, que buscó plantear ideas alrededor del punto 5 del texto de La Habana (Acuerdo sobre las Víctimas), a fin de construir una cultura de paz en el departamento.

El evento contó con la participación de Andrés Echeverría, coordinador en el Atlántico de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), y Julián Martínez, gerente territorial para casos de reparación colectiva en el Atlántico de la Unidad Nacional de Víctimas.

De acuerdo con Martínez, el principal problema de la implementación de los Acuerdos es el hecho de que el Atlántico no haya sido visto como un gran foco de ocurrencia de los hechos de la guerra. “Eso que nos hizo fuertes, en virtud de los acuerdos nos vuelve últimos”, afirmó, agregando que al momento de la aplicación esto se traduce en una disminución de los recursos girados para el posconflicto.

“Atlántico tiene una buena intención, pero no está priorizado en materia de posconflicto porque aquí no se dieron tantos hechos victimizantes. El problema es que las victimas que sufrieron los hechos no están en esos lugares. Eso hoy está haciendo que desaceleren procesos de inversión”, añadió Martínez, quien señaló que la propuesta del departamento debe ser “empoderar sectores diferentes al sector gobierno, que es el único que jalona la inversión en la paz”.

“Todos tenemos que aportar. La capacidad empresarial y técnica del Atlántico tenemos que ponerla al servicio de esto para fortalecer el proceso de paz en el departamento”, dijo

El hecho de que la presencia de grupos como las Farc y las AUC en el Atlántico sea nula actualmente, para Echeverría significa “que ya nos encontramos en un momento para la implementación de ciertas políticas públicas”.

“Atlántico tiene la oportunidad para convertirse en un laboratorio para la reconciliación nacional, porque ya el conflicto armado se ha solucionado con la desmovilización del Bloque Norte de las AUC. Todavía desde la institucionalidad nacional existen retos, pero hay oportunidades para trabajar en temas comunitarios, planes territoriales de paz, que es una de las apuestas del Atlántico, para que las comunidades sean actores y contribuyan al diseño de la paz”, afirmó Echeverría.

De acuerdo con Echeverría, en el Atlántico han ingresado 1368 personas a la ACR, de las cuales 700 han cumplido con la ruta de reintegración y se ha certificado que están participando en el ejercicio de la paz. Esto contrasta con el alto número de víctimas, con las que el desafío, según Echeverría, será lograr un trabajo que permita visibilizarlos y repararlos por los hechos victimizantes que sufrieron.

Pese a que solo el 6% de los desmovilizados en el departamento pertenecen a las Farc (el 90% hizo parte de las AUC), Echeverría afirma que el reto está en generar “situaciones productivas para las personas que están dejando las armas”.

“El propósito de los esfuerzos del gobierno no es cambiar una situación de vulnerabilidad por otra, sino que estas personas salgan de estas dificultades y aporten a dinámicas sociales y de desarrollo”, manifestó Echeverría.

“No podemos hablar del tema de ayuda a víctimas y reintegración separadamente”, puntualizó a su vez Martínez. “Sin un trabajo unificado no hay justicia transicional y no hay restructuración de la sociedad”.

Por Andrés Martínez Zalamea

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