Los retos que tiene que superar Colombia para la construcción de paz

A pesar de ser un tema de la mayor trascendencia nacional, la construcción de paz en los territorios ha continuado apartándose del foco mediático y de la sociedad civil.

Con la meta de que permanezcan en la agenda nacional tópicos como la implementación de los acuerdos y la gestión territorial de los mismos, así como los retos que esta enfrenta, el Instituto de Desarrollo Político e Institucional de Uninorte realizó un conversatorio el pasado 16 de junio con expertos de organizaciones civiles y estatales.

Con la participación de Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); David Franco, de la Agencia de Renovación del Territorio (ART); Eduardo Porras, consultor en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones, y Luis Fernando Trejos, docente de Uninorte, el evento tuvo como objetivo poner de manifiesto algunos obstáculos aún por ser superados para la construcción de una paz duradera, que no se deben dejar de lado una vez inicien las campañas para las elecciones presidenciales de 2018.

Sustitución de los cultivos ilícitos

El aumento de las hectáreas de coca y la presión de Estados Unidos para reanudar la fumigación de cultivos, ha traído nuevos retos a la solución al problema de drogas ilícitas que planteó el Acuerdo de Paz por medio de programas de sustitución de cultivos.

No obstante, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos ha alabado este programa ante el mundo como “la mejor solución”, expertos como el politólogo Víctor Barrera afirman que lo que se ha hecho es “establecer unos acuerdos de sustitución voluntaria, sin tener en cuenta que los colonos cocaleros han acumulado una serie de reivindicaciones que les han incumplido”. Según el investigador del Cenip se pueden contar “más de ocho acuerdos distintos en materia de sustitución” que han resultado infructuosos.

Para Barrera, la solución al problema de las drogas no se trata simplemente de implementar el acuerdo, sino de saldar una deuda que se tiene con la población sembradora. “Debe haber unas políticas de reducción progresiva, asociada a la construcción de confianza con un estado, que llegue con estrategias más amplias que intercambiar drogas por un subsidio”.

El investigador añadió que “cero coca no es un buen punto de partida”, puesto que el problema de la coca permanecerá mientras exista una demanda. “Vemos en el pacífico y el Catatumbo presencia de grupos al servicio de carteles mexicanos“, explica y señaló que la política pública debería encaminarse entonces a reconocer “el problema de la coca, como parte del problema agrario”.

“La coca es la expresión más dramática de un problema agrario no resuelto. Esta resuelve el problema básico de una economía campesina pues la cosecha está asegurada, al igual que quien la va a comprar, y garantiza así el acceso a bienes y servicios. Pero vemos que se quiere resolver la coca antes del problema agrario cuando debería ser al revés: crear condiciones para agotar esa estructura de oportunidad para que no se considere la coca como sustento económico”, puntualizó Barrera.

Planes de desarrollo territoriales

Más de 160 municipios históricamente impactados por el conflicto armado serán beneficiados por medio de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Liderados por la Agencia para la Renovación del Territorio, estos planes apuntarán a proveer soluciones para la falta de bienes y servicios públicos, generando desarrollo económico, ambiental y productivo.

Los PDET, concebidos como parte del punto 1 del Acuerdo de la Habana, además de tener la ambiciosa tarea de restructurar el campo en 15 años, deberán ser construidos con la comunidad, por lo que se tendrá en cuenta a diversos actores como autoridades locales y étnicas, los gremios del sector privado y la academia. Del mismo modo estos planes deben enlazarse con planes existentes de reparación colectiva, de ordenamiento territorial y de manejo ambiental, al igual que con los planes de desarrollo convencionales de los municipios. Los pactos que deberán surgir para completar este proceso son entonces de gran complejidad.

Para David Franco, quien es politólogo y funcionario de la ART en el Caribe colombiano, esto resultará más difícil en zonas en la región como la serranía de Perijá donde el “analfabetismo político histórico es preocupante”.  “Cuando vamos a legar a las veredas nos damos cuenta de que no hay fogueo en temas de resolución de acuerdos, de que, por ejemplo, no saben cómo quieren que se les distribuya el agua”, expresó, señalando además que esta es una situación propicia para ser instrumentalizada con fines políticos.

“Estos contextos van a ser utilizados en el ámbito electoral, con victimarios y ganaderos que se presentan como víctimas de la destitución de tierra. Aunque la idea es que se consulte la voz del sujeto campesino, esta incapacidad de organización de algunos campesinos va a hacer que lo que pese más en la construcción de los PDET sea la desarrollada capacidad de planeación de algunos emporios políticos”, indicó el politólogo.

Efectos de la campaña presidencial

Para Víctor Barrera, una de las grandes debilidades del proceso de paz es que transmite un mensaje “que no le hace sentido a toda la gente”. “La paz nunca ha sido un problema prioritario para el colombiano promedio. Siempre se quejan por temas de seguridad, desempleo y eso ha generado el efecto que tenemos del discurso mediático de polarización, que obedece más a la radicalización de la derecha”, dice

Barrera añade que, por lo tanto, en un ciclo electoral nadie “le juega de tiempo completo a la paz” y que “muchos la apoyan, pero en términos de reputación de un político promedio es muy costoso defender la paz”.

“Ese es el gran problema que hay en términos del acuerdo. No tenemos coalición política y hay una fragmentación del liderazgo donde nadie quiere meterse en la paz, sino en temas de corrupción, infraestructura, vivienda o agua”.

Según el politólogo, las aspiraciones de un uribismo recargado y oxigenado por el plebiscito, generan una incertidumbre adicional en cuanto a la implementación del acuerdo. “Esto requiere de un apoyo internacional y la comunidad internacional dice ‘nosotros no vamos a desembolsar plata sin saber qué pasa en 2018’. Si gana el uribismo, simplemente no tendremos las condiciones para recibir esos fondos para el acuerdo”, sentenció.

Por Andrés Martínez Zalamea