Obras del Canal del Dique en Santa Lucía, en el centro de la discusión

Muchos de los 16.000 habitantes de Santa Lucía no pueden dormir a raíz de su intranquilidad por el crecimiento de las aguas del Canal del Dique. Este año, de acuerdo con el Ideam, el fenómeno es más fuerte que en diciembre de 2010, aquel fatídico mes que permanece fresco en la memoria de los santalucenses, cuando la ruptura del canal dejó sepultado bajo el agua al municipio del sur del Atlántico, y damnificados a miles de sus pobladores.

Figuras políticas como el diputado del Atlántico, Jorge Rosales Steel y la concejal de Santa Lucía, Sindy Pino Mercado han expresado su preocupación por las obras de mitigación del riesgo hídrico que está realizando el Fondo de Adaptación en el Canal del Dique. Específicamente, han hecho eco de la falta de confianza de los santalucenses en el uso de ‘colchacreto’ como método de contención de las aguas en lugar de un muro de contención, y su preocupación por lo que sucederá con el municipio mientras se ejecutan las obras del macroproyecto del Canal del Dique, el cual aspira brindar una solución definitiva al problema de inundaciones, pero cuya conclusión se prevé para dentro de cinco años.

Por este motivo, el Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe (IDEPI) de la Universidad del Norte se propuso fomentar una conversación en torno a las obras de protección que se adelantan en Santa Lucía entre diversas partes con capacidad de decisión e influencia, a fin de derivar agendas a partir de las conclusiones que se alcanzaran en el encuentro.

Este evento, que constituyó la primera edición de Diálogos IDEPI y tuvo lugar el pasado 18 de julio, contó la participación de Rosales, Pino y el alcalde de Santa Lucía, Jorge Luis Polo, así como del ingeniero Luis Fernando Ramos, asesor de la subgerencia de proyectos del Fondo de Adaptación; el ingeniero Álvaro Díaz, director adjunto del Consorcio Canal del Dique; y el profesor de Uninorte Víctor Cantillo, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico.

Según el Fondo de Adaptación, para garantizar la protección de los habitantes de Santa Lucía mientras culmina el macroproyecto, se ha iniciado el reforzamiento del tramo del Canal del Dique entre este municipio y Calamar.

Álvaro Díaz explica que el dique que actualmente está en funcionamiento en esa zona data de la década de 1950 y fue diseñado como un terraplén para construir una carretera y no como una estructura de control de inundaciones. Como consecuencia, aunque ha sostenido los empujes del canal cuando los niveles de agua han sido muy altos, ha fallado en múltiples ocasiones, como sucedió en 1984 y en 2010.

Para garantizar que no se repitan inundaciones como la de hace siete años, se diseñó un reforzamiento consistente en la colocación de unos rellenos con arena compactados, los cuales constituyen una estructura robusta capaz de impedir fallas como filtraciones y resistencia insuficiente del dique. Mediante modelos matemáticos se ha calculado el nivel máximo de agua que alcanzará el Canal en los próximos 100 años en cada uno de los puntos del canal y de acuerdo con ello se diseñaron las protecciones.

Díaz aclara que el criticado ‘colchacreto’ (formaleta textil rellena de concreto) es utilizado para la mitigación de un fenómeno diferente, pero con implicaciones importantes para el municipio, como es la erosión de las orillas. Según el ingeniero, el ‘colchacreto’ puede durar hasta 50 años y ofrece ventajas sobre métodos como enrocados y tablaestaca.

“El enrocado hace difícil las obras de mantenimiento y es poco amigable con las personas que van a la orilla a buscar agua porque es como si caminaran sobre espolones; además, puede despedazar a las canoas si estrellan con él, por lo que no es muy funcional; mientras que la tablaestaca tampoco permite un fácil acceso al canal. El colchacreto es amigable al medio ambiente y a la población”, afirmó Díaz, señalando que el enrocado se utiliza en sitios alejados de la población y en tramos del canal que no tienen curvas.

Por su parte, Luis Fernando Ramos admitió que ha habido demoras en la culminación de estas obras, puesto que muchas atraviesan sitios en baldíos, invasiones y sitios poblados por gente sin títulos de propiedad y afirmó que actualmente se adelantan gestiones para la reubicación o un reconocimiento monetario. “Una vez se resuelva el tema predial las obras estarán listas entre 3 y 4 meses”, dijo.

“El dique hay que reforzarlo y no puede haber personas encima, al lado al menos a cinco metros del dique en Santa Lucía”, añadió por su parte Díaz. “No se puede permitir que las personas sigan rompiendo el dique para usarlo como fuente de materiales o para ampliar sus casas. La idea es que eso sea un terraplén limpio para permitir hacer mantenimiento o reparaciones”.

Esta intervención humana es parte de un cúmulo de eventos que según Ramos han incidido en que Santa Lucía sea zona de riesgo hídrico, más allá de la amenaza que puede representar el Canal del Dique. “La comunidad ha hecho unas intervenciones en el canal, unas tuberías para abastecimiento de agua que terminan debilitando las estructuras del dique. La recomendación es cerrar esto para garantizar la estabilidad”, manifestó.

Lo anterior, explican los ingenieros, es una consecuencia de la falta de un sistema de riego, hecho que, al combinarse con un sistema de alcantarillado ineficiente para manejar aguas de lluvia, ha exacerbado el problema y puesto de manifiesto la necesidad de que la administración local se involucre en las labores de gestión de riesgo y adecuación.

“Las obras de mitigación que nosotros hacemos están acordes a las necesidades de protección y garantizan que mientras se realizan las obras del megaproyecto haya tranquilidad. Pero hay que tener claro el riesgo nunca va a desaparecer. La naturaleza no se puede predecir del todo y la ocurrencia de un evento natural puede sobrepasar cualquier estadística”, concluyó Ramos.

Por Andrés Martínez Zalamea