¿Por qué la Unidad de Prácticas Jurídico Políticas y Servicios a la comunidad genera transformación social?

Creada en 2013 como una iniciativa de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Unidad de Prácticas Jurídico Políticas y Servicios a la Comunidad (UPSC) de la Universidad del Norte procura brindar espacios que permitan a los estudiantes fortalecer sus competencias profesionales y acercarlos a las problemáticas que se viven en el contexto regional y nacional.

La unidad está constituida por el Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación, el Centro de Derechos Humanos del Caribe, el Instituto de Desarrollo Político e Institucional –IDEPI- y el Grupo de Litigio de Interés Público. Su más reciente informe de gestión (2018) detalla los procesos de cada subdivisión. Laura Briceño, directora de la Unidad, conversó con Grupo Prensa sobre los principales logros y lecturas que deja dicha gestión.

¿Cuáles son los principales logros a destacar de la gestión 2018?

Son muchos los logros alcanzados en 2018, sin embargo, uno de los más importantes es poder acercar a nuestros estudiantes, mediante proyectos sociojurídicos, brigadas de asistencia jurídica gratuita y clínicas jurídicas, a las problemáticas que se viven en nuestra región, dándoles herramientas que les permitan intervenir, gestionar y aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Los centros e institutos que se articulan en la UPSC permiten una intervención integral en la comunidad, lo que se traduce en el ejercicio de sus derechos, permitiendo de esta manera la transformación social de nuestra región.

La intervención que realizamos día a día en la comunidad abarca no solo a Barranquilla y su área metropolitana sino también al departamento del Atlántico, mediante brigadas de asistencia legal y proyectos sociojurídicos que pretenden impactar problemas coyunturales que se viven en la región, como es la migración de venezolanos y colombianos retornados, a quienes les ofrecemos asistencia legal gratuita, oportuna y cualificada en temas como refugio, acceso a la educación y salud, trámites de registros civiles, entre otros temas.

También contribuimos al adecuado ordenamiento del territorio y el desarrollo rural del departamento del Atlántico, mediante el proyecto de formalización de la propiedad en el municipio de Candelaria, logrando entregar a un grupo de campesinos víctimas del conflicto armado los insumos técnicos y jurídicos necesarios para presentar sus solicitudes de adjudicación de tierras baldías y solicitudes de adjudicación de predios ante el Fondo Nacional Agrario y la Agencia Nacional de Tierras. 

Todo este trabajo es posible gracias a la articulación estratégica que realizamos con entidades públicas y privadas tales como Acnur, OIM, la Gobernación del Atlántico, la Fiscalía General de la Nación, personerías municipales y alcaldías, entre otros.

El Consultorio Jurídico es la dependencia más antigua de la unidad. En 2018 atendió 4380 consultas jurídicas, siendo migrantes (42%) y personas con discapacidad (31 %) los grupos vulnerables más atendidos. ¿Qué lectura puede hacer de este hecho?

El Consultorio Jurídico en sus más de 30 años de servicio brinda asesoría jurídica a todos los grupos vulnerables, como son: afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, entre otros (…) Para el caso de los migrantes venezolanos, venimos trabajando con el Programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidades de Protección Internacional, apoyado por Acnur y la Corporación Opción Legal, lo que nos ha permitido convertirnos en un referente regional para el apoyo de la población migrante hacia el departamento del Atlántico.

El incremento en el número de migrantes atendidos se debe a las brigadas descentralizadas que hemos realizado en los municipios de Puerto Colombia, Suan, Repelón, Campo de la Cruz, Soledad, Santa Lucia y Barranquilla, para atender de forma focalizada a esta población con necesidad de protección internacional.

¿En 2017 también fueron los más atendidos?

En 2017 los migrantes y las personas con discapacidad, fueron los dos grupos vulnerables con mayor número de consultas atendidas; siendo un 48 % migrantes y un 30 % personas con discapacidad, e identificando para este último grupo la discapacidad física como la consulta más atendida.

¿Cuáles son los temas más consultados por estos grupos y por qué? 

Los temas más consultados por las personas con discapacidad son del área de seguridad social y responden a atención médica oportuna, pago de incapacidades, determinación y reconocimiento de pensión de invalidez; no cobertura adecuada por parte del Estado, entre otros.

El Consultorio Jurídico sigue fortaleciendo su atención en los temas de discapacidad, aunando esfuerzos de formación a los estudiantes con el apoyo del Ministerio de Justicia, a partir de los compromisos adquiridos como miembros de la Red Universitaria Tejiendo Justicia, la cual está conformada por más de 80 consultorios jurídicos en el país para la atención de personas con discapacidad, LGBTI, entre otros temas.

En lo que respecta a las principales dificultades que afronta la población migrante en el Atlántico, está lo relacionado con el acceso a trámite de registro civil extemporáneo y nacionalidad. Sobre este tema son varias las problemáticas que enfrentan las personas que, a pesar de contar con padre o madre colombiano, ven imposibilitado el acceso a la inscripción extemporánea de su nacimiento en el extranjero. Por ejemplo, por inconsistencias en los registros civiles o el acceso a las citas para adelantar los tramites.

Otra de las problemáticas para la población migrante es lo relacionado con el acceso a la salud. Sobre esta problemática, si bien se cuentan con rutas de atención a mujeres gestantes, el número de cupos disponibles de atención ha superado toda la capacidad institucional.

Una de las actividades de formación es el Diplomado en Conciliación. Desde 2003 ha formado a más de 380 estudiantes. ¿Cómo ha evolucionado el diplomado en estos años y por qué es importante que los estudiantes de Derecho adquieran estos conocimientos y habilidades en nuestra región? 

El Diplomado en Conciliación ha tenido una excelente aceptación entre nuestros estudiantes del programa de Derecho, quienes son cada vez más conscientes de la importancia de resolver conflictos jurídicos aplicando los mecanismos alternos de solución de controversias. A través del trabajo que realizan nuestros estudiantes en el Centro de Conciliación, fortalecen su formación integral como conciliadores, desarrollando el pensamiento sistemático y crítico, la comunicación jurídica y la responsabilidad social, en la prevención y gestión de conflictos.

Esto permite a nuestros estudiantes y egresados contar con capacidades para el análisis, la prevención y la gestión de conflictos jurídicos, con sentido ético y responsabilidad social, aportando con su disciplina al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la ciudad, la región, el país y el Caribe.

El Centro de Derechos Humanos del Caribe con apoyo del CEC y la OEI, desarrollan el diplomado virtual: “Diplomado en Construcción de Paz y Resolución de Conflictos: Un enfoque de gestión pública territorial”. ¿Hace cuánto se realiza y cuál cree que es su principal eje? ¿Qué retroalimentación puede contarnos del trabajo con los 204 participantes? 

El programa del Diplomado Virtual se ofreció en el primer semestre de 2018, en el marco del convenio suscrito con la OEI para promocionar procesos de formación virtual en temas coyunturales. Las 98 horas del Diplomado se dictaron en forma virtual a través de la plataforma institucional, con profesores de Uninorte especializados en estos programas, así como por profesores nacionales.

Teniendo en cuenta el contexto de posconflicto del Estado colombiano, el Centro de Derechos Humanos, el Centro de Educación Continuada (CEC) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), implementaron una estrategia de formación integral en derechos humanos, posconflicto y construcción de paz, que tenía por objetivo dotar de competencias teóricas, prácticas y metodológicas a estudiantes de la División de Derecho, Ciencia política y Relaciones Internacionales de la universidad.

La idea de esta estrategia era propiciar la participación activa y propositiva en el diseño y puesta en marcha de iniciativas públicas y sociales que mejoren el goce de derechos fundamentales y aporten en la construcción de la paz entendida en su concepción amplia, no solo como ausencia de guerra, sino como bienestar de la población.

Del trabajo con los 204 participantes podemos decir que este tipo de iniciativas de formación, a través de herramientas tecnológicas, nos permitió llegar a un mayor número de estudiantes, sin que ello implicara perder la calidad del proceso de enseñanza, sino por el contrario potenciar espacios de aprendizajes acorde con la población estudiantil de nuestros días, en los que la tecnología se convierte en un aliado para la enseñanza docente.

Por José Luis Rodríguez R.