Presidenta de la Corte dicta clase de maestría y conversa sobre la JEP

Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, visitó el 8 y 9 de marzo la Universidad del Norte para dictar una clase de la maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, enfocada en las nuevas formas de entender las tendencias del derecho laboral, desde la perspectiva constitucional.

Carismática y de frases medidas, la abogada de la Universidad Externado lleva dictando clases desde 1996. Aceptó la invitación del programa de posgrado porque considera que Uninorte es “una casa que reúne condiciones académicas y humanas de excelencia. Es un lugar donde vale la pena volver, pese a los esfuerzos que implica estar aquí, feliz”.

A pocas horas de conocerse la decisión del presidente Iván Duque Márquez de objetar parcialmente y por inconveniencia la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que regula el sistema de justicia transicional; la magistrada conversó brevemente en un salón de clases con Grupo Prensa sobre el escenario particular que enfrenta el alto tribunal, así como su lectura del reciente debate sobre el uso de glifosato para erradicar cultivos ilícitos.

“En el derecho constitucional uno piensa que lo conoce o lo ha visto todo, pero Colombia desborda cualquier límite. Realmente es un hecho insólito en el mundo, no conozco otro caso donde se hubiese objetado leyes o proyectos de ley que ya hubiesen sido estudiados por el tribunal constitucional”, señaló la magistrada al reflexionar sobre la entonces posible objeción a la ley estatutaria, hecho histórico en el país.

Teniendo claro que las decisiones de la Corte no deben ser sometidas a debate público por los magistrados y que la Constitución por regla general establece que las objeciones por inconveniencia se estudian en el Congreso, “porque es el escenario político de donde surgen y deben ser resueltas”, argumentó que “el resto dependerá de la interpretación de normas genéricas”.

Seguimiento al cumplimiento

La Corte Constitucional desarrolló el 7 de marzo una audiencia pública que hace seguimiento a las órdenes de la Sentencia T-236 del 2017, donde se fijaron unos requisitos obligatorios para que el Consejo Nacional de Estupefacientes reactivara la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Se discutió, entre otros temas, sobre los efectos cancerígenos y costos para erradicar cultivos ilícitos.

Al respecto, la presidenta de la Corte afirmó que fueron casi nueve horas de audiencia, donde 24 intervinientes mostraron el grado de dificultad y la marcada politización en la controversia, en la que hay un debate político, económico, social y jurídico que involucra enormes intereses de orden nacional.

La sentencia que debe cumplir el Gobierno, y que fue emitida en mayo de 2017, establece seis condiciones, entre ellas existir una investigación científica que certifique la ausencia de daño para la salud de las poblaciones aledañas y el medioambiente.

“La sentencia de 236 de 2017 estableció que la Corte Constitucional haga el seguimiento al cumplimiento de esa decisión. El decreto que regula la acción de tutela, el 2591 del 91, regula que por regla general el seguimiento al cumplimiento de la sentencia corresponde al juez de primera instancia, sin embargo la Corte ha advertido que en casos excepcionales ese seguimiento corresponde a la Corte”, manifestó la magistrada.

Eso significa que después de proferidos sus fallos, la Corte puede verificar si efectivamente ese fallo es un objeto de cumplimiento. “Eso es lo que en este momento podría suceder en este caso. Que la Corte, si así lo decide, se pronuncie y advierta si se cumple o no, y cómo debe interpretarse cada uno de los requisitos que se exigieron”, indicó Ortiz.

Por José Luis Rodríguez R.