Profesora de Derecho asesoró proceso ante comité de la ONU

En octubre de 2013, el refugiado argelino Mohamed Bourmouz, su esposa y sus hijos de 1 y 3 años fueron desalojados de la vivienda que alquilaban en Madrid, España, después de que se venciera su contrato de alquiler. En ese momento, en plena crisis económica por la que atravesaba el país europeo, Bourmouz había dejado de recibir los beneficios por desempleo que constituían el único ingreso de su familia, lo que los ponía en una particular situación de vulnerabilidad social y económica.

A través de su abogado, Bourmouz presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, pidiendo que se reconociera la obligación que tenía el Estado español de proteger el derecho a una vivienda adecuada, no solo para los propietarios de un inmueble, sino también para los inquilinos.

Asesorando este proceso judicial intervino el Grupo de Litigio Estratégico de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC), de la que hacen parte 280 ONG, activistas y académicos de 75 países. Entre ellos se encuentra Ana Lucía Maya, abogada y profesora del Departamento de Derecho de Uninorte, quien tiene experiencia previa en estos temas, ya que en 2010 coordinó un proyecto de atención a la población desplazada, con el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego para Refugiados.

Desde que empezó la asesoría a este proceso judicial en 2013, el Grupo de Litigio hizo contribuciones al caso, analizando las obligaciones del Estado español en materia de vivienda, y exponiendo que los desalojos forzados debían ser limitados, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada situación.

“Nosotros señalamos que el derecho a la vivienda no es solo para propietarios, sino también para arrendatarios, esa es la parte clave del caso. También se tienen que hacer consideraciones especiales cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, porque ellos eran refugiados de escasos recursos. Lo otro es que el Estado tiene la obligación de disponer recursos judiciales efectivos y adecuados para garantizar esos derechos humanos”, afirmó Maya.

Después de casi cuatro años de proceso judicial, el pasado 20 de junio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió una decisión en la que reconoce el derecho de los inquilinos a tener una vivienda adecuada, así como una serie de recomendaciones especificas al Estado para asegurar que Mohamed Bourmouz y su familia tengan acceso a un hogar digno y se les compense por las violaciones a sus derechos.

De igual forma, el Comité dio recomendaciones generales para el Estado español, tales como adoptar medidas que garanticen una vivienda alternativa para personas sin ingresos y la protección especial para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La abogada indicó que la importancia de asesorar este caso, radicó en que no solo se estaban vulnerando los derechos de toda una familia, sino que también este sentaría un precedente de la ONU en el ámbito jurídico, en donde poco se ha tratado el tema del derecho a la vivienda que tienen los arrendatarios.

Otro aspecto importante para el que el caso marca un precedente es que actualmente no solo hay refugiados por temas económicos, o de conflicto, sino que los desastres naturales y las condiciones climáticas cambiantes, han propiciado el fenómeno de la migración ambiental, por la que grupos de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. “Esto está sucediendo con mayor frecuencia y los Estados también deben proveer condiciones dignas y adecuadas para ellos, ya sean propietarios o arrendatarios”, afirmó Maya.

Por María Margarita Mendoza