Proyecto social asiste jurídicamente a los migrantes venezolanos en la región

Durante este semestre un grupo de ocho estudiantes de Derecho, vinculados al Consultorio Jurídico de Uninorte, participaron de un proyecto de asistencia legal a personas con necesidades de protección internacional, en el que a través de sus conocimientos asesoraron a más de 140 migrantes, en su mayoría venezolanos,  que se encuentran actualmente en la región y quieren formalizar su situación en el país.

El trabajo de estos jóvenes ha sido financiado por la corporación sin ánimo de lucro, Acción legal y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que seleccionó a la Universidad del Norte para que llevara a cabo esta labor de asistencia jurídica a personas con requerimientos de protección internacional, como migrantes económicos, refugiados, individuos que solicitan asilo, víctimas de trata y niños no acompañados.

Laura Cera, coordinadora del programa de asistencia legal del Consultorio Jurídico, indicó que los ocho estudiantes que participaron de este proyecto recibieron una capacitación de 20 horas, en la que se formaron en temas de derecho internacional de los refugiados, acciones constitucionales, procesos de retorno, entre otras temáticas que les fueron impartidas por profesores de Uninorte y representantes de ACNUR, para que pudieran desempeñase en sus labores de asesoría.

“Durante las jornadas se presentó un alto número de personas venezolanas con diferentes necesidades debido a la crisis que presenta el país vecino, y que vinieron en busca de mejores oportunidades; pero también asistieron colombianos que se fueron del país en el pasado y ahora retornaron”, explicó Cera. Destacó que estas asesorías iniciaron a mediados de septiembre, en el municipio de Sabanalarga, siguieron en Juan Mina y concluyeron en el barrio Las Flores el sábado 11 de noviembre.

Raisa Quiroz, estudiante de octavo semestre de Derecho, contó que la mayoría de consultas se hicieron para resolver temas de registro de personas que llegaron de forma ilegal al país y que, al no tener pasaporte o cédula de ciudadanía nacional, no tienen acceso a trabajo, servicios de salud o educación para sus hijos. A cada una le acompañaron a presentar sus derechos de petición y otros documentos ante las autoridades correspondientes.

“Cada uno de nosotros atendió un promedio de 20 consultas, y luego de escucharlos radicábamos los derechos de petición, a través de un software de Consultorio Jurídico, para darles una respuesta a la semana siguiente”, dijo Quiroz.

La joven manifestó que durante las jornadas también asistieron legalmente a los migrantes venezolanos que requerían permisos especiales de permanencia, registro de visas y que buscaban obtener el estatus de refugiado, al alegar que en su país fueron amenazados por su condición sexual, religión o ideología política.

El estudiante Ernesto Torres afirmó que la principal motivación para ser parte de este proyecto fue la satisfacción de poder ayudar a personas en situaciones de necesidad, para que dieran un paso hacia la formalización de su situación en el país. “Más allá de la labor de uno como estudiante de Derecho, el formarse para ejercer este trabajo, y sentirse útil después de prepararte tanto tiempo, es lo que más me ha llenado de esta experiencia”, señaló.

Pero el proceso continúa porque ahora desde el Consultorio Jurídico se hará seguimiento a las 144 consultas hechas por los estudiantes y, en especial, a las que implicaron trámites de tutelas y derechos de petición para reconocer los derechos de los migrantes.

Por María Margarita Mendoza.