¿Qué hacer con las obras antrópicas en los humedales?

Desde la década de 1960, el bajo Sinú ha sido un escenario en el que la mano del ser humano ha desecado humedales de manera masiva. Ya que estos espacios no eran vistos como ecosistemas, inclusive desde la acción del gobierno, se fomentaba su extinción para expandir la frontera agrícola. Terratenientes construyeron terraplenes en aras de agrandar sus terrenos fértiles y comunidades hicieron lo propio para protegerse de condiciones climáticas adversas. 

Este ha sido el objeto de estudio desde hace más de 10 años de Alejandro Camargo, profesor del departamento de Historia y Ciencias Sociales, quien recientemente ha venido trabajando con la Procuraduría General de la Nación esta problemática en Córdoba. El objetivo de la Procuraduría es hacer cumplir la sentencia T194 de 1999 de la Corte Constitucional que ordena a las autoridades ambientales y alcaldías a detener la titulación de tierras en terrenos de humedal, e impedir la construcción de obras que afecten a los humedales, como terraplenes, y destruir los existentes. 

La sentencia responde a una acción de tutela de campesinos de la zona que se vieron afectados por el impacto ambiental que tuvo la acción del gobierno por obras como la represa de Urrá. “A los campesinos del bajo Sinú los afectó porque la represa tuvo un efecto importante en los ciclos reproductivos de peces migratorios que tienen que subir y bajar por el río”, citó uno de las afectaciones el profesor Camargo. 

En su momento, no se pudo llevar a cabo la orden de la corte debido a varios factores, pero principalmente a los diferentes conflictos que se han desarrollado en la zona, los cuales tienen en su trasfondo una problemática de tierras. Aún así, desde 2018 las autoridades ambientales y administrativas de la zona han avanzado en el cumplimiento de la sentencia y han intervenido algunos de los terraplenes construidos. Sin embargo, se han presentado varios desafíos en el proceso ya que es una situación compleja desde el punto de vista social y ambiental, pues  no se trata simplemente de quitar lo que está intervenido por el humano sin considerar el contexto ecológico e histórico que rodea a estas infraestructuras. 

“No hay solución general, cada caso requiere de una atención particular  y de una evaluación individual”, manifestó el docente. “Se debe pensar cómo se va a generar la conectividad del agua en ese lugar para que ecológicamente funcione como se espera. Quitar terraplenes se supone que se hace por el bien de la ciénaga, pero si no se hace adecuadamente puede generar impactos indeseados”, agregó. 

Además, existen otras situaciones conflictivas como por ejemplo, aquellas obras que impiden la inundación de terrenos en los que comunidades han vivido durante años. Camargo habló sobre un caso particular de un terraplén que construyó la comunidad con la alcaldía, y al cual le hacen mantenimiento para contrarrestar los efectos de la erosión. En esta comunidad se vieron afectados por la ola invernal de 2011, y hay casas hechas por el gobierno, que están elevadas pero que posiblemente no alcanzarán los requerimientos en caso tal de que se quite la obra antrópica. 

“El dilema es que después de tantos años por luchar por tumbar las obras antrópicas, ahora no pueden hacerlo sin considerar otros factores”, resumió el docente e investigador. En el trabajo que viene realizando en conjunto con la Procuraduría, se ha enfocado específicamente en abrir espacios entre la academia y el estado para a través de los diferentes actores encontrar respuestas a la pregunta sobre los factores que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar las decisiones sobre las obras antrópicas en las ciénagas del bajo y medio río Sinú. 

El pasado 2 de septiembre, en conjunto con la ONG De Justicia, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CAR CVS), y el apoyo de la Embajada Suiza, el profesor Camargo y la Procuradora Judicial Agraria de Montería organizaron un conversatorio en esa cudad. Con el nombre de ¿Qué hacer con las obras antrópicas en los humedales?, según el docente lo que se busca es reunir a personas involucradas para tratar de considerar la mayor cantidad de variables posibles al momento de ejecutar las decisiones sobre obras antrópicas como los terraplenes. 

Asimismo, Camargo señaló que este proceso que se lleva a cabo en el Sinú sirve de antecedente a lugares que tienen problemáticas similares como Sucre, Bolívar y Magdalena. Aún cuando la sentencia de la Corte Constitucional solo tenga acción en Córdoba, una de las grandes deudas históricas que tiene el país es con los humedales y es fundamental para el futuro que iniciativas como estas, lleguen a buen término. 

Por Leonardo Carvajalino